Este martes se reunió el Tribunal de Enjuiciamiento para definir el futuro de la jueza de los estrados del Civil de Caleta Olivia, Malena Totino, apartada de su cargo desde junio de 2019.
Totino está acusada de haber actuado en un expediente mediante el cual se tramitaba la adopción de una recién nacida que iba a ser entregada a la jueza del Menor, Angélica Zari, que luego fue destituida mediante un jury junto con una tercera jueza que participó, María del Rosario Álvarez, titular de Familia.
Si bien pasaron ocho meses desde la separación del cargo, seis más de los que se prevé para el inicio del jury, la pandemia puso en jaque buena parte de la actividad judicial que orientó sus esfuerzos a las urgencias.
La primera jornada del juicio llevó más de seis horas, en la que se escucharon testimonios a favor y en contra. En tanto que hoy, está previsto que se realicen los alegatos y sobre finales de mes, el tribunal defina una destitución o su continuidad en el cargo.
Totino está acusada de “ignorancia inexcusable del derecho de la legislación vigente”, “repetición de excusaciones inmotivadas o intervención indebida en caso de excusación obligatoria, habiendo mediado recusación” y “desobediencia a las órdenes legítimas de sus superiores”.
Sucede que, una vez que se conoció el ardid denunciado penalmente por la Secretaría de Niñez, Adolescencia y Familia de Santa Cruz, y a diferencia de sus colegas, Totino interpuso una serie de carpetas médicas que evitaron sus explicaciones ante el Tribunal Superior, al tiempo que en otros casos, se negó a dejar de intervenir en causas vinculadas al hecho.
El Tribunal de Enjuiciamiento está conformado por la vocal Reneé Fernández, en representación del TSJ; la diputada Laura Hindie, que representa al Legislativo, y por la abogada Celeste Moreira en representación de los abogados y abogadas de la matrícula. Vale recordar que la propia Totino se ocupó de recusar a todo el Tribunal, aunque las autoridades intervinientes entendieron que se trataba de una forma de seguir extendiendo los plazos hasta el veredicto.
El intento de adopción con trampa, un término que para algunos especialistas resulta edulcorado porque si hubo trampa entonces hubo intento de apropiación, generó un verdadero cimbronazo en la sociedad santacruceña e implosionó en el Poder Judicial Provincial, cuya cúpula tomó la más severa decisión, de la cual no existen registros previos.
Todo comenzó cuando una menor de edad, que estaba siendo abordada por el Juzgado de Álvarez, contó que estaba embarazada y que esa situación era difícil de sobrellevar por su estado de vulnerabilidad (violencia intrafamiliar). Por razones que las juezas no explicaron, luego del nacimiento de la bebé, que se produjo el 22 de febrero de 2019, la recién nacida permaneció un mes internada como NN en el hospital Regional Padre Pedro Tardivo, sin nombre o indicación médica que lo ordenara.
La directora del hospital era Patricia Zari, hermana de Angélica, la jueza que pretendía la adopción, quien luego de que el caso saliera a la luz, fue despedida por la entonces ministra de Salud, Rocío García.
La beba fue separada de su madre en el parto, luego del cual a la joven le cortaron la lactancia con medicamentos sin que todavía hubiese dado consentimiento para la adopción.
Las juezas nunca dieron aviso a Niñez, y fue la propia jueza Zari la que se comunicó con el Registro Único de Adoptantes para apurar el trámite, cuando había otras familias antes que ella.
Leé más notas de La Opinión Austral
Compartir esta noticia