Heraldo Nanni, abogado defensor del concejal Cristian Bazán, informó que el fiscal Carlos Borges pidió seguir con la instrucción formal por el caso.
El abogado reveló que la causa por ahora es por “tentativa de lesiones leves”, basada en la denuncia que hicieron tres mujeres que se presentaron como testigos ante un hecho por el que Bazán es acusado de golpear a su actual pareja Anahí Bordón.
En cuanto a las pericias psiquiátricas hacia Bazán y la mujer, Nanni indicó que no hubo notificación, pero que en realidad ese trámite se realiza en otro Juzgado, el de la Familia, a cargo de la magistrada Rosa González, y el abogado que interviene es otro.
A su vez, Nanni observó que en el caso de Bazán se violó el principio de inocencia, que figura en la Constitución Nacional, y también dijo sentirse sorprendido que se haya imputado a alguien por el delito de “tentativa de lesiones leves”. “Nunca vi eso en mis 32 años de abogado, eso es lo novedoso. Es como acusar a alguien de que casi pegó. Es bastante extraño”, acotó. De encontrárselo culpable de ese delito, dijo que existe una “pena mínima”.
Pero, más allá de eso, el pedido del fiscal para seguir investigando en la causa hará que la Justicia se tome sus tiempos para definir la situación, si es que hay procesamiento o no.“Con esta investigación será más difícil la vuelta políticamente, porque dará sustento a la suspensión”, admitió Nanni, “pero judicialmente nos da la posibilidad de producir pruebas, para que se avance”.
El abogado reiteró que no existió la “presunción de inocencia”, y que en casos de este tipo observa “hace muchos años” que se está alterando ese principio. “Nadie es culpable hasta que haya una sentencia firme, nadie puede ser suspendido por una denuncia; no se puede suspender, porque se altera el régimen legal de la Argentina”, dijo Nanni. Sobre el caso del ex concejal Rubén Martínez, procesado por abuso sexual, comentó que lo habían suspendido “cuando ya estaba privado de la libertad”, comparando con este caso.
La Opinión Zona Norte adelantó la sesión en la que se definiría el futuro de Bazán.
“Todos tenemos derecho a defendernos, y hasta tanto no se resuelva una cuestión penal, nadie tiene que ser condenado; porque de lo contrario estamos hablando de un adelanto de pena”, reafirmó. Recordó que “ha habido y habrán cientos de miles de funcionarios procesados y por delito de gravedad y siguen en sus funciones”.
También aludió a la condena social por una denuncia, y puso de ejemplo cuando a él lo denunció el fiscal de Estado “por sedición”, y que después, “ni siquiera vino a ratificar la denuncia y lo hizo público por todos los medios”.
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