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La jueza de Ejecución subrogante Mariel Suárez, conocida como “la jueza del beso” encabezó el lunes pasado una audiencia para analizar el reclamo presentado por un grupo de personas privadas de la libertad alojadas en la Seccional Sexta de Comodoro Rivadavia.
El planteo fue realizado durante el fin de semana por seis internos, quienes cuestionaron que disponían de apenas una hora diaria para realizar tareas de aseo, limpieza y esparcimiento. Luego de una visita de integrantes de la Defensa Pública a la dependencia, se constató la situación y se impulsó una instancia judicial para buscar una solución.
La audiencia se desarrolló en la Oficina Judicial y contó con la participación de representantes de la Fiscalía, del Ministerio de Seguridad, de la Unidad Regional, de la Seccional Sexta y de la Defensa Pública. También estuvieron presentes los internos alojados en la dependencia.
El defensor público Julián Pulgar explicó que la Ley de Ejecución contempla períodos destinados al aseo, la limpieza, las visitas y el esparcimiento de las personas privadas de la libertad. “Esto no estaba teniendo lugar porque los oficiales de la Policía mencionaban no tener recursos”, señaló el abogado.
A la falta de personal se sumaron dificultades de convivencia entre algunos de los internos. Según explicó Pulgar, esa situación complicaba la organización de los recreos, ya que se necesitaba contar con efectivos suficientes para garantizar la seguridad y mantener el orden.
LOA tuvo acceso exclusivo al fallo
En la audiencia judicial realizada en la dependencia policial también participaron el defensor público Julián Pulgar, el jefe de la Seccional Sexta, Sergio Morales; el jefe de la Unidad Regional, Cristian Mulero; el director general de Articulaciones Institucionales del Ministerio de Seguridad, Facundo Álvarez; y los internos Rodríguez, López, Tascón, Carrimán y Vílchez.
La defensa se remitió a un escrito presentado el 12 de septiembre por las abogadas Garro y Moscolo, referido a las condiciones de detención en la Sexta. Según el planteo, los detenidos permanecerían aproximadamente 22 horas dentro de las celdas. Por ese motivo, la defensa propuso ampliar el horario de permanencia en los espacios de recreación y planteó que los internos ingresaran a sus celdas recién a las 23.
“Los internos se encuentran aproximadamente 22 horas dentro de la celda”, señaló la defensa durante la audiencia y solicitó a la Unidad Regional que arbitrara los medios necesarios para incorporar nuevos recursos humanos y materiales, con el objetivo de evitar que la falta de personal terminara afectando los derechos de las personas alojadas en la dependencia.
La postura de la Policía
El jefe de la Unidad Regional explicó que los horarios vigentes se habían establecido a partir de distintos conflictos registrados entre los internos. En ese sentido, sostuvo que la organización de los recreos debía contemplar la seguridad de todas las personas alojadas y del personal policial.
El funcionario indicó que se habían elaborado informes sobre cada uno de los detenidos y que, debido a los antecedentes de conflictos y a la conducta observada, era necesario mantener determinadas medidas de control.
No obstante, se comprometió a garantizar la presencia de personal destinado a custodiar los recreos y señaló que se realizaría un esfuerzo para que todos los internos pudieran acceder a ese espacio en el horario comprendido entre las 16 y las 22. “Siempre y cuando los mismos mantengan la conducta y disciplina”, se dejó asentado en el acta.
El jefe de la Sexta respaldó la explicación de la Unidad Regional y sostuvo que los horarios habían sido establecidos debido a los conflictos generados entre los internos. También señaló que, durante la mañana, los detenidos generalmente no utilizaban el horario de recreación porque permanecían durmiendo.
El representante del Ministerio de Seguridad respaldó la postura del comisario y afirmó que la prioridad debía ser garantizar la seguridad de los internos y del establecimiento policial.
El compromiso de los detenidos
Durante la audiencia, los internos asumieron el compromiso de mantener un buen comportamiento para poder acceder al esquema de recreación propuesto por las autoridades. La defensa celebró la realización del encuentro y destacó la predisposición de las partes para buscar una solución al conflicto y la jueza remarcó la voluntad de todos los participantes de asistir a la audiencia y resolver la situación.
Como alternativa, el jefe de la seccional propuso que la ampliación de los horarios comenzara de manera progresiva. En lugar de sacar a todos los internos al mismo tiempo desde el primer día, planteó que fueran trasladados a los espacios de recreación de manera fraccionada. La medida permitiría evaluar el comportamiento de los detenidos, organizar la custodia policial y reducir el riesgo de nuevos conflictos.
La resolución de la jueza
Luego de escuchar a las partes, la jueza resolvió tener en cuenta la propuesta formulada por las autoridades policiales, el jefe de la Unidad Regional, el jefe de la Sexta y el representante del Ministerio de Seguridad. También requirió al titular de la dependencia que presente un informe sobre la implementación progresiva de la propuesta y las condiciones en que se desarrollen los recreos.
Además, dejó constancia de que resolverá por escrito el habeas corpus presentado por los internos. De esta manera, la audiencia finalizó sin una decisión definitiva sobre el planteo principal, aunque se estableció un mecanismo provisorio para ampliar los horarios de recreación bajo determinadas condiciones.
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