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La crisis por el control de los activos de la ex Alpesca sumó un nuevo capítulo, ¿el más decisivo desde que la provincia inició el proceso de expropiación en 2014?. En una semana frenética, el gobierno de Ignacio Torres dio marcha atrás con la quita de Red Chamber Argentina (RCA), de los activos y dejó sin efecto el contrato de arrendamiento firmado con Profand —apenas 45 días antes—, devolviendo el manejo de la planta y la flota a la empresa estadounidense.
La decisión, sustentada en un acuerdo conciliatorio homologado por el Superior Tribunal de Justicia, retrotrae todo el proceso administrativo a “foja cero” y abre interrogantes políticos, jurídicos y productivos.
En un viernes maratónico, la Secretaría de Pesca de Chubut, primero dictó la Resolución N° 0687 abriendo la temporada de pesca del langostino a partir del sábado 15. Y horas más tarde, publicó la Resolución N° 0688 por la cual se dejaba sin efecto el contrato de arrendamiento que la Provincia había firmado con el Grupo Profand el 30 de septiembre.
El conflicto: una cronología de errores y giros bruscos
El desencadenante fue la resolución de febrero mediante la cual la Secretaría de Pesca, conducida por Andrés Arbeletche, dio por concluido el vínculo contractual con Red Chamber para la explotación de los bienes de Alpesca. La empresa apeló la medida, pero el 5 de septiembre el Gobierno ratificó la rescisión a través del Decreto 1051. El 30 de septiembre, la firma debió abandonar la planta en Puerto Madryn, dando paso al ingreso de Pesquera Deseado, subsidiaria del Grupo Profand.
El contrato con Profand era ambicioso: incluía el manejo integral de la planta y de la flota, la cesión de cinco permisos de pesca, cupos de langostino y merluza, una inversión inicial en infraestructura y un canon mensual por 20 años prorrogables. Sin embargo, el convenio nunca fue remitido a la Legislatura, paso indispensable para su plena validez.
Mientras Profand comenzaba la temporada y avanzaba en la puesta a punto de la planta, Red Chamber desplegó una ofensiva judicial en distintos fueros —incluyendo una denuncia en Estados Unidos — y simultáneamente anunciaba un acuerdo en términos generales con el Gobierno para una futura inversión en Trelew.
En paralelo, el Ejecutivo presentó un controvertido proyecto para generar dos nuevos permisos de pesca para la flota amarilla, enviándolo a la Legislatura. La resistencia del sector empresario y de los gremios obligó al Gobierno a retirar la iniciativa, profundizando la incertidumbre en la administración pesquera.
Finalmente, este viernes 14 de noviembre, una cadena de resoluciones dejó sin efecto el contrato con Profand y restableció las condiciones para el retorno de Red Chamber, amparado en el acuerdo conciliatorio avalado por el Superior Tribunal de Justicia.
La conciliación judicial que reconfiguró el tablero
La homologación del acuerdo entre la Provincia y Red Chamber fue el punto de quiebre. El pacto obliga a RCA a retomar la operación industrial en Puerto Madryn y reinstala la relación contractual que la Provincia había declarado extinguida.
De hecho, aunque el contrato con Profand sigue existiendo formalmente, quedó sin posibilidad de ejecución porque los activos deben regresar a la empresa estadounidense. Ante la falta de habilitaciones comerciales inmediatas, el Gobierno decidió mantener transitoriamente a Profand operando la planta durante el fin de semana para evitar un colapso productivo y contener la tensión sindical.
Pero la transición fue caótica. El mismo día que se restituyó el control a Red Chamber, Pesca primero asignó cinco barcos a Profand y luego, horas más tarde, revirtió su propia decisión enviando a Prefectura un listado completamente distinto.
Los gremios, árbitros involuntarios del regreso de Red Chamber
La reacción sindical fue uno de los elementos más determinantes en el desenlace. STIA, SOMU, SICONARA y el Centro de Patrones aprovecharon el escenario de incertidumbre para exigir garantías laborales ante el inminente retorno de Red Chamber.
Entre los pedidos centrales se destacaron:
- Continuidad laboral de 30 empleados recientemente contratados por Profand y otros 15 de la ex Alpesca.
- Reincorporación del personal de marinería en las mismas condiciones previas a la expropiación.
- Reconocimiento de derechos adquiridos por maquinistas, capitanes y oficiales.
- Respeto de los listados presentados ante la Secretaría de Pesca.
Los sindicatos decretaron un paro la noche del viernes 14, aunque el mal tiempo evitó que la medida afectara la salida de la flota. La conciliación obligatoria dictada el sábado ordenó la situación y permitió restablecer la actividad.
Con la “paz social” garantizada, los gremios respaldaron el retorno de Red Chamber bajo la condición de que se cumplan los compromisos firmados en el acta laboral.
La reacción de Profand: “falta de seguridad jurídica” y amenaza de demanda
El sábado 15 de noviembre, Profand rompió el silencio y emitió un duro comunicado. La empresa aseguró estar “consternada” y calificó la rescisión del contrato como una señal “de preocupante falta de seguridad jurídica”. Afirmó haber cumplido con todas sus obligaciones: inversiones, contratación del personal y pago de salarios.
La firma gallega también señaló que la interrupción del vínculo se produjo “a horas del inicio de la campaña de langostino”, afectando la planificación industrial. Además, recordó que el 4 de noviembre había solicitado formalmente los permisos de pesca y la entrega de los buques, conforme al contrato que el Gobierno ahora dio de baja.
Aunque no anunció acciones judiciales de manera explícita, anticipó que defenderá sus “intereses legítimos”, lo que deja abierta la puerta a un litigio millonario contra la Provincia.
Un golpe a la credibilidad de las políticas pesqueras del gobierno provincial
¿La crisis por Alpesca se convirtió en el episodio político más delicado para Ignacio Torres desde su asunción?. La sucesión de resoluciones contradictorias, el fallido intento de crear permisos por DNU, la retirada de proyectos legislativos y la sucesión administrativa dañaron la imagen de orden y planificación que intenta proyectar como gestión pesquera.
La pregunta hacia adentró ¿El caso debilitó a la Secretaría de Pesca? El área quedó cuestionada tanto por el sector empresario como por sindicatos que, pese a respaldar el regreso de Red Chamber, reclaman previsibilidad y reglas claras.
Y hacia afuera: ¿La advertencia de Profand sobre la falta de seguridad jurídica golpea al gobierno? Entendiendo que el mismo es un promotor de inversiones privadas. La posibilidad de un litigio internacional agrega un riesgo fiscal y reputacional considerable.
Impacto jurídico: contratos superpuestos y un laberinto legal
La decisión de retrotraer todo a foja cero abre un escenario jurídico delicado:
- El contrato con Profand sigue existiendo, pero la Provincia lo declaró inejecutable por razones sobrevenidas.
- El acuerdo conciliatorio con Red Chamber tiene respaldo del Superior Tribunal, lo que le otorga mayor fuerza legal.
- La ausencia de ratificación legislativa del contrato con Profand, si bien debilitaba el acuerdo, no necesariamente lo invalidaba.
- La responsabilidad del Estado provincial por la ruptura unilateral del contrato será el eje de cualquier eventual demanda.
El Gobierno deberá demostrar que la rescisión fue consecuencia inevitable de la conciliación judicial y no de errores administrativos propios.
Un final abierto
El retorno de Red Chamber no cierra el conflicto: apenas lo desplaza a una nueva etapa. La provincia enfrenta ahora una triple presión ¿las podrá superar?:
- ¿Podrá contener judicialmente a Profand, que evalúa acciones legales?
- ¿Garantizará estabilidad laboral conforme las exigencias gremiales?
- ¿Recuperará credibilidad en un sector que exige reglas claras y previsibilidad?
El caso Alpesca, símbolo de la crisis estructural del sector pesquero chubutense desde 2014, vuelve a transitar un nuevo capítulo que desafía a las autoridades, las empresas y los gremios del sector.
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