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La trama judicial que sacude por estos días a los tribunales federales de la Patagonia acaba de sumar una pieza probatoria tan elocuente como reveladora, capaz de unir dos expedientes de alto voltaje en un mismo tablero criminal de alcance interprovincial.

Según pudo saber La Opinión Austral de manera exclusiva, la megacausa por narcotráfico y lavado de activos que tiene bajo la lupa patrimonial a bienes y personas vinculadas al empresario Lázaro Báez en Santa Cruz guarda una conexión directa con el resonante cargamento de más de sesenta y un kilos de cocaína incautado hace exactamente un mes en la ciudad chubutense de Comodoro Rivadavia.

El nexo quedó al descubierto a través de una escucha telefónica incorporada al legajo, donde los propios integrantes de la organización lamentan el golpe sufrido en las rutas del sur con una frase que hacía referencia a la intercepción de un “camión” posiblemente haciéndose referencia a un cargamento grande de estupefacientes.

La reconstrucción llevada adelante por los investigadores federales permite dimensionar hoy el verdadero volumen operativo de esta estructura delictiva en territorio santacruceño.

Efectivos policiales inspeccionan la Chevrolet S10 durante el operativo realizado en barrio San Benito en la jornada del martes. FOTO: JUAN PALACIOS / LA OPINIÓN AUSTRAL

De acuerdo con los elementos reunidos en el expediente, un lavadero de automóviles y lubricentro ubicado en Río Gallegos servía como pantalla comercial y punto neurálgico de recepción, acopio y distribución de la sustancia ilícita. A través de esa fachada cotidiana, el grupo criminal habría logrado comercializar alrededor de sesenta kilogramos de clorhidrato de cocaína en la región de manera sostenida desde diciembre de 2025, consolidando una red de distribución territorial de enorme rentabilidad económica.

Esa frase registrada en las intervenciones telefónicas remite directamente al histórico procedimiento desplegado el pasado 22 de octubre en Chubut, bautizado como operativo “Ruta Austral“. En aquella oportunidad, la Unidad Fiscal de Comodoro Rivadavia formalizó la investigación e imputó por el delito de tráfico de estupefacientes a siete personas que resultaron detenidas tras un despliegue coordinado entre detectives de la policía local y efectivos de la Prefectura Naval Argentina.

El cargamento secuestrado en Comodoro Rivadavia. FOTO: POLICÍA CHUBUT

Aquel expediente chubutense se había iniciado aproximadamente un año atrás a partir de la valiosa declaración de un imputado colaborador, quien aportó datos precisos sobre cómo un grupo de personas radicadas en el norte del país abastecía de manera regular de estupefacientes a una organización criminal asentada en Comodoro Rivadavia.

Cuando el 22 de octubre los pesquisas detectaron el arribo a la ciudad petrolera de uno de los vehículos investigados procedente del norte argentino, la Justicia Federal ordenó activar de inmediato una batería de trece allanamientos simultáneos: seis en Comodoro Rivadavia, cinco en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, uno en la provincia de Buenos Aires y otro en Mendoza.

El frente de la casa de Carlos Mauricio Aducio. FOTO: LEANDRO FRANCO/LA OPINIÓN AUSTRAL

El saldo material de aquella ofensiva fue contundente y confirmó la envergadura logística de la banda: los uniformados secuestraron exactamente sesenta y un kilos con cuatrocientos cincuenta y tres gramos de cocaína, cincuenta y siete gramos de cannabis sativa, trescientas noventa y tres pastillas de MDMA (éxtasis), siete vehículos, un arma de fuego, teléfonos celulares, computadoras portátiles y diversos dispositivos electrónicos de almacenamiento.

Sin embargo, el entrecruzamiento de las escuchas telefónicas y el análisis de las comunicaciones permitieron comprobar que la ruta de la droga no terminaba en Chubut, sino que descendía hacia el extremo sur atravesando Santa Cruz y proyectando un circuito de distribución que incluso alcanzaría a la provincia de Tierra del Fuego.

Lázaro Báez se encuentra detenido en Ezeiza.

Tal como lo informó La Opinión Austral, en ese entramado patagónico aparece un eslabón que parece extraído de una novela negra: el fallecimiento de un vecino en Río Gallegos ocurrido en abril pasado, en cuya vivienda se encontró más de medio kilo de cocaína, una agenda manuscrita con detalladas anotaciones sobre ventas y un teléfono celular cuyo peritaje aportó pistas decisivas para desnudar las transferencias de dinero y los vínculos operativos de la banda.

Como si fuera poco, el legajo judicial también documentó otro episodio elocuente del nerviosismo y la logística subterránea con la que operaba el grupo: el envío de una encomienda cargada con otros tres kilogramos de droga que finalmente quedó abandonada porque ninguno de los receptores se animó a retirarla al advertir que el cerco investigativo comenzaba a cerrarse sobre ellos.

Lo que comenzó meses atrás como hallazgos puntuales en distintos puntos de la geografía austral fue creciendo pieza por pieza hasta entrelazar una compleja causa de narcotráfico interprovincial con otra investigación de profundo impacto financiero destinada a rastrear el blanqueo de capitales y la administración de bienes vinculados a Lázaro Báez.

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