El gobernador de Chubut dijo que no permitirá que vuelvan a fundir SEROS por un juez, “ideologizado, demagogo y populista”

El gobernador Ignacio “Nacho” Torres elevó el tono del conflicto institucional en Chubut al anunciar que denunciará al juez de Familia de Sarmiento, Santiago Martín Huaiquil, a quien acusó de comprometer la viabilidad del sistema de salud provincial con un fallo que obliga a la obra social Seros a cubrir el 100% de una cirugía de cambio de sexo que incluye una serie de procedimientos estéticos de altísimo costo.

“Estamos hablando de muchos millones de pesos que, por un juez ideologizado, demagogo y populista, tenemos que pagar todos los chubutenses”, denunció el mandatario en un mensaje difundido a través de sus redes sociales y canales oficiales. La intervención ordenada incluye feminización facial, contorno de frente, rinoplastía, blefaroplastía con pexia de cejas y cantopexia, lifting facial, genioplastía, contorno mandibular, transferencia de grasa facial, además de los gastos sanatoriales y honorarios médicos.

Fuerte mensaje al Poder Judicial

Torres fue contundente: “No podemos volver para atrás y no podemos permitir que ningún juez demagogo vuelva a fundir nuestra obra social. Este juez tiene nombre y apellido, y se llama Santiago Martín Huaiquil”. Para el gobernador, el fallo excede la discusión sobre la identidad de género y se enmarca en una “irresponsabilidad judicial” que desfinancia al sistema. “Esto no tiene que ver ni con una batalla cultural ni mucho menos. Es una discusión de derechos y obligaciones”, afirmó.

El mandatario remarcó que la cirugía impuesta judicialmente cuesta más que los tratamientos oncológicos más caros y criticó con dureza la carga que representa para el sistema de salud: “Yo no puedo como gobernador decirle a los chubutenses que hay cirugías plásticas gratis para todo el mundo. Este juez está diciendo eso y es una irresponsabilidad”.

Denuncia formal y control de amparos

En respuesta, Torres anunció que su gobierno presentará una denuncia contra Huaiquil y comenzará a auditar exhaustivamente todos los amparos y fallos que obliguen a Seros a cubrir intervenciones que “no están contempladas ni tienen fundamento médico prioritario”. Según adelantó, se notificará públicamente cada caso en que un fallo judicial represente, a su juicio, una amenaza contra la sustentabilidad del sistema de salud provincial.

“Desde el primer día de gestión, dijimos que cada vez que nos encontráramos con un cuello de botella que atente contra el desarrollo de la provincia, íbamos a dar pelea. Y esta es una de esas peleas que vamos a dar de cara a todos los chubutenses”, expresó el gobernador, quien recordó que al asumir el gobierno, la obra social provincial tenía un déficit superior a los 6.000 millones de pesos.

Transparencia y eficiencia

La tensión actual también se enmarca en un proceso de depuración que el gobierno de Chubut inició dentro de Seros. Semanas antes, Torres denunció penalmente a prestadores que falsificaban recetas y estudios médicos para obtener beneficios indebidos, lo que derivó en una causa por defraudación a la administración pública, falsificación de instrumento y presunta asociación ilícita.

Gracias a una auditoría médica, se descubrieron maniobras que permitieron a una profesional psiquiátrica facturar prestaciones que nunca realizó y emitir recetas para pacientes que no las necesitaban. Esta operación habría generado un perjuicio económico de al menos $1 millón y encendió las alarmas sobre el manejo de los fondos de la obra social.

Contexto nacional y antecedentes

La polémica en Chubut se da en un contexto donde el Gobierno nacional, encabezado por Javier Milei, revisa políticas vinculadas a los tratamientos de adecuación de género. En febrero, el Ministerio de Salud eliminó la obligatoriedad de cobertura de estos tratamientos para menores de edad del Programa Médico Obligatorio (PMO), y prohibió que hospitales públicos los brinden sin excepción.

En esa misma línea, en el Hospital SAMIC de El Calafate (Santa Cruz), se detectó que durante la gestión anterior se destinaron más de $20 millones para tratamientos hormonales destinados a solo ocho personas. La nueva dirección del centro, alineada con el plan de ajuste nacional, suspendió esas prestaciones tras considerarlas “un gasto desproporcionado y sin criterio racional”.