Ignacio Torres denunció a un juez de Chubut por obligar a la obra social del Estado a cubrir una cirugía estética de cambio de sexo de alto costo

Una fuerte controversia política y judicial se desató en Chubut tras la decisión del gobernador Ignacio “Nacho” Torres de denunciar al juez de Familia de Sarmiento, Santiago Martín Huaiquil. La denuncia surge luego de que el magistrado ordenara a la obra social provincial Seros cubrir la totalidad de una cirugía de cambio de sexo, que incluye múltiples intervenciones estéticas de alto costo económico.

“Vamos a denunciar a este juez demagogo, irresponsable e ignorante que pone en riesgo todo lo que logramos”, lanzó el mandatario patagónico en un comunicado publicado en sus redes sociales. Acompañado por el presidente del Instituto de Seguridad Social y Seguros (ISSyS), Sergio Wisky, Torres afirmó que su gobierno no permitirá que “un juez ideologizado y populista vuelva a fundir nuestra obra social”, la cual recibió con un déficit de más de $6.000 millones y que, según señaló, lograron sanear con estrictos controles.

La intervención que el fallo ordena cubrir incluye feminización facial, contorno de frente, rinoplastia, blefaroplastia, pexia de cejas y cantopexia, lifting facial, genioplastia, contorno mandibular y transferencia de grasa facial, junto a todos los honorarios médicos y gastos sanatoriales. Para el Ejecutivo chubutense, se trata de una cirugía estética que excede incluso los costos de tratamientos oncológicos de mayor complejidad y no corresponde al catálogo de prestaciones obligatorias de Seros.

Torres subrayó que esta situación “no es una batalla cultural, sino una discusión sobre derechos y obligaciones” y adelantó que se revisarán todos los amparos y fallos judiciales que impongan coberturas no estipuladas. “Los jueces no pueden fallar lo que quieran sin contemplar la factibilidad financiera o económica. Eso es un riesgo para todos los chubutenses”, expresó.

Un antecedente con impacto nacional

La polémica decisión judicial ocurre en un contexto nacional donde se revisan las políticas de salud asociadas a la identidad de género. El Gobierno nacional, bajo la gestión de Javier Milei, anunció en febrero cambios importantes a la Ley de Identidad de Género, excluyendo los tratamientos hormonales y quirúrgicos de readecuación de género del Programa Médico Obligatorio (PMO) para menores de edad.

Los cambios incluyeron la derogación del artículo que permitía a menores modificar legalmente su nombre y género, y se prohibieron intervenciones como aumento mamario, vaginoplastia o mastectomía en menores de 18 años. Desde el Ministerio de Salud señalaron que ya no se garantizarán este tipo de prácticas, ni en el sistema público ni en el privado.

En línea con esta postura, Torres también denunció semanas atrás una serie de fraudes dentro de Seros que derivaron en una causa judicial por defraudación a la administración pública y falsificación de documentos. Entre las maniobras detectadas, se encontraron recetas psiquiátricas emitidas para afiliados inexistentes o que no requerían tratamiento, generando pérdidas por más de $1 millón.

Un debate que sigue escalando

El Gobierno nacional también puso la lupa sobre casos puntuales que consideró excesivos. Uno de los más resonantes ocurrió en febrero de este año en el Hospital SAMIC de El Calafate, Santa Cruz, donde se detectaron gastos que superaban los 20 millones de pesos destinados a tratamientos de hormonización para ocho personas. La administración actual denunció que ese nivel de erogación era “absolutamente desproporcionado y sin ningún tipo de criterio racional”.

Según detallaron desde La Libertad Avanza en Santa Cruz, bajo la gestión anterior, el hospital destinaba $915.400 trimestrales y $297.517 mensuales solo en insumos hormonales. La nueva dirección del centro de salud, alineada con el plan de austeridad del presidente Javier Milei, decidió cancelar esos tratamientos, con el argumento de que los recursos deben destinarse a “atención médica genuina para quienes realmente lo necesitan”.