El Superior Tribunal de Chubut anuló la destitución de la “jueza del beso” y ordenó su inmediata restitución

En una resolución que promete generar repercusiones dentro y fuera del ámbito judicial de Chubut, el Superior Tribunal de Justicia declaró la nulidad absoluta de la sentencia que había destituido a la jueza penal de Comodoro Rivadavia, Mariel Suárez, y ordenó su restitución inmediata en el cargo. La decisión representa un giro trascendental en uno de los casos institucionales más controvertidos de los últimos años en la Patagonia.

El fallo fue dictado de manera unánime y lleva las firmas de los ministros Javier Raidan y Andrés Giacomone, junto a los jueces de Cámara Carina Estefanía, Diego Trad y Adrián Barrios, quienes actuaron como subrogantes. La resolución deja sin efecto la decisión adoptada por el Tribunal de Enjuiciamiento en noviembre de 2023, cuando por una ajustada votación de tres votos contra dos se había dispuesto la remoción de la magistrada.

La medida del Superior Tribunal no implica una declaración sobre la inocencia o responsabilidad de Suárez respecto de las conductas que motivaron el proceso de jury. Por el contrario, el máximo órgano judicial provincial fue enfático al señalar que la nulidad responde a cuestiones estrictamente vinculadas al procedimiento y al respeto de las garantías constitucionales que deben regir cualquier proceso disciplinario.

La historia que desembocó en este fallo comenzó a adquirir notoriedad pública a principios de 2022, cuando se difundieron imágenes registradas por cámaras de seguridad del Instituto Penitenciario Provincial de Trelew. Las grabaciones mostraban a la jueza manteniendo encuentros con Cristian Omar “Mai” Bustos, un interno condenado por delitos de extrema gravedad.

Bustos cumplía dos condenas de gran impacto social. Una de ellas por el asesinato de su hijastro, un bebé de apenas nueve meses ocurrido en 2005. La otra, una pena de prisión perpetua por el homicidio de un policía y las lesiones causadas a otro efectivo durante un operativo realizado en 2009.

La situación generó una enorme conmoción en la opinión pública debido a que una de las condenas que pesaban sobre Bustos había sido dictada semanas antes por un tribunal del que la propia Mariel Suárez había formado parte.

Según surge de los antecedentes del caso, durante los días 29 y 30 de diciembre de 2021 la magistrada concurrió al establecimiento penitenciario para mantener encuentros con el detenido. Las cámaras de seguridad registraron escenas que posteriormente se hicieron públicas y mostraron a ambos compartiendo largas conversaciones, fotografías, abrazos, besos, mate y alimentos durante varias horas.

La difusión de aquellas imágenes provocó un fuerte impacto político, judicial y mediático. El episodio derivó en una denuncia formal presentada en enero de 2023 por quien entonces se desempeñaba como senador nacional y actualmente es gobernador de Chubut, Ignacio Torres, junto al entonces intendente de Comodoro Rivadavia, Juan Pablo Luque.

A partir de esa presentación intervino el Consejo de la Magistratura, que impulsó una investigación administrativa. El sumario quedó a cargo de Daniel Báez, quien en ese momento integraba el Superior Tribunal de Justicia.

La investigación avanzó rápidamente y derivó en la suspensión preventiva de la magistrada, además de la posterior apertura del jury de enjuiciamiento destinado a determinar si correspondía o no su remoción.

Sin embargo, el aspecto que terminó siendo determinante para la decisión adoptada ahora por el Superior Tribunal estuvo relacionado precisamente con el rol desempeñado por Báez durante todo el proceso.

Según estableció el fallo, el magistrado participó en distintas etapas de la causa acumulando funciones que resultaban incompatibles con la garantía de imparcialidad. Primero intervino en la elaboración del sumario. Posteriormente integró y presidió el Tribunal de Enjuiciamiento. Finalmente emitió el voto que terminó definiendo la destitución de Suárez.

Esa sucesión de intervenciones sobre un mismo expediente fue considerada incompatible con los estándares constitucionales que deben garantizar la independencia y neutralidad de quienes juzgan.

Durante el jury realizado en noviembre de 2023, la votación había quedado dividida. La diputada provincial Mariela Williams, el abogado Miguel Barletta y Daniel Báez votaron a favor de la destitución. En tanto, la diputada Mónica Saso y la abogada María Florencia Góngora se pronunciaron en contra. El resultado final fue tres votos contra dos. Precisamente el voto emitido por Báez fue el que inclinó la balanza y terminó definiendo la salida de Suárez de la magistratura.

Dos años y medio después de aquel proceso, el Superior Tribunal concluyó que esa participación comprometió la validez de todo el procedimiento y resolvió anular la sentencia en su totalidad.