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La política y la pesca vuelven a ser protagonistas de un escándalo que podría generar un impacto de proporciones inusitadas. Es que como ocurrió en el sonado caso Red Chambers, entre noviembre y diciembre de 2025, donde abundaron los cortocircuitos, las versiones cruzadas y la intervención de la Justicia, nuevamente figuras vinculadas a la industria pesquera aparecen en escena acusados de “obstruir” la gestión de Gobierno de Ignacio Torres, el mandatario chubutense.
En concreto, José Severiche, secretario general de ATE Seccional Trelew, es el dirigente sindical que hizo la denuncia: le ofrecieron dinero para generar un conflicto que impidiera el inicio de clases en Chubut. La Justicia secuestró celulares en un allanamiento y dejó imputado al exfuncionario Gonzalo Carpintero Patterson, en una causa que sacude el tablero político provincial, inclusive antes de estallar.
Se trata de un presunto intento de desestabilizar el inicio de clases, una franja sensible para el Gobierno provincial, desde el valor estratégico que implica poner en marcha el ciclo lectivo sin conflictos gremiales, más allá del reclamo salarial que sostienen los gremios de la educación.
El hecho no es menor. Y se remonta a las históricas gestiones en las que Carpintero ocupó diferentes cargos, siendo un destacado funcionario provincial del exgobernador Mario Das Neves.
Su nuevo rol lo sitúa como estrecho colaborador de los empresarios Raúl “Tato” Cereseto y Gustavo González, referentes de la Cámara de la Flota Amarilla (CAFACh).
La investigación está en manos de la fiscal Julieta Gamarra, titular de la Agencia de Delitos contra la Administración Pública, quien confirmó que la denuncia fue presentada la semana pasada y ampliada en los últimos días ante el Ministerio Público Fiscal.
La fiscal fue clara al explicar la gravedad del hecho: “Nosotros recibimos una denuncia en la unidad fiscal, en la especializada, de un gremialista que denunció, en realidad, a la persona de Gonzalo Carpintero. Quiero marcar esta diferencia porque el señor Cereseto no está involucrado en esto. No tiene absolutamente nada que ver, no está siendo investigado. Los allanamientos no fueron dirigidos a él tampoco. (…) No se trató de una propuesta genérica, sino de un planteo dirigido a una persona con capacidad real de movilización. No fue contra cualquier persona”, señaló, remarcando el impacto institucional que hubiera tenido la paralización del inicio del ciclo lectivo, explicó Gamarra en diálogo con el periodista Carlos De Filippo en LU20 Radio Chubut.
“Carpintero lo citó en una oficina -detalló- vinculada con el sector pesquero, donde le dice ‘tenés que hacer un quilombo de la envergadura suficiente como para que no empiecen las clases’, le dice a Severiche, ‘yo te voy a pagar’ y este decidió hacer la denuncia”.
La investigación determinó que la reunión entre ambos efectivamente existió mediante la revisión de cámaras de seguridad en el día y horario mencionados por el gremialista denunciante.
Tras librarse las respectivas órdenes judiciales, el exfuncionario fue interceptado cuando circulaba desde Rawson a Trelew, en la zona de la ruta 7 y 25, frente al club Huracán. Y tras ser notificado, se procedió al secuestro de su teléfono celular y a un posterior allanamiento en las oficinas donde habría tenido lugar el encuentro, situadas en la calle Cacique Chiquichano, secuestrando también el teléfono de otra persona que habría actuado como intermediaria, identificada como Ricardo Triversini.
La Fiscalía analiza ahora el contenido de los teléfonos secuestrados, buscando mensajes o comunicaciones que permitan confirmar cómo se coordinó la reunión y qué ocurrió antes y después del encuentro.
En cuanto a la posible calificación legal, la fiscal explicó que podría encuadrarse en la figura de cohecho -ofrecimiento de dinero para que otra persona realice un acto indebido- y también se evalúa la posibilidad de coacción, ya que el denunciante manifestó haber sentido temor tras la reunión.
Mientras Federico Ruffa, abogado de Carpintero, cuestiona la falta de sustento jurídico de la acusación. “Por una supuesta denuncia, detienen a una persona en la vía pública, le retiran el celular y avanzan en una pesquisa en su oficina, con lo que eso implica. Yo me reúno con sindicalistas todo el tiempo, ¿eso es un delito? O hasta incluso les digo que deberían hacer un paro en contra de la reforma laboral y hasta capaz les doy una pancarta”, cuestionó en Jornada Medios.
Luego de que el Gobierno de Chubut decidiera accionar como querellante en la causa por el presunto ofrecimiento de dinero para impedir el comienzo clases previsto para el próximo 23 de febrero, el ministro de Educación, José Luis Punta, consideró que el área es la “principal bandera” de la gestión y puso en valor la conducta del gremialista que denunció este accionar.
“Se la agarran con la educación y en este momento porque la educación es ordenadora de la sociedad, y eso atenta contra cada uno de nosotros. No podemos ser ingenuos y pensar que es una sola persona la que quiere atentar contra el inicio de clases. Con total sinceridad, creo que hay muchos intereses que tienen que ver con lo social y lo económico detrás de esto”, expresó el titular de la cartera educativa, remarcando que la decisión de que la provincia se convierta en querellante implica “defender a la educación de todos”.
Por su parte, la ministra de Desarrollo Humano de Chubut, Florencia Papaiani, alentó la hipótesis respecto a los autores intelectuales de esta maniobra. “Espero que la Justicia realmente vaya hasta las últimas consecuencias, porque no podemos creer todos los chubutenses que es sólo una persona en una reunión solicitando esto, sino que hay actores intelectuales atrás”, dijo a través de Diario El Chubut. Y atribuyó el intento desestabilizador a personas “enojadas con algunas medidas que toma el Gobierno”.
Sin dudas, la denuncia contra Gonzalo Carpintero, el exfuncionario acusado de ofrecer dinero a un sindicalista a cambio de provocar un conflicto que impidiera el normal inicio de clases, generó una fuerte repercusión en la política chubutense.
Este jueves 12 habló con Jornada Radio y dio detalles de la propuesta que le hizo, según él, Gonzalo Carpintero: “Se ponía colorado, se le encendían los ojos. Decía que había que generar un quilombo y que yo era la persona indicada. Que había que generar un quilombo en educación porque no tenían que empezar las clases el 23 y que tenía problemas con el gobernador. Yo lo único que hacía era mirarlo y escucharlo. No podía entender lo que escuchaba. Le dije que me dejara pensarlo unos días”.
A todo esto, según reveló ADNSur, el dirigente sindical ratificó que había recibido una promesa de retribución monetaria. “Encima se hacía el vivo, porque decía ‘después hacemos vos y yo paritaria’ y ‘esto no es gratis’. Más bronca me daba. Yo me quería ir, porque si declaraba mi pensamiento no sabía qué podía pasar”, sostuvo.
En su denuncia, por la que actúa rápidamente la fiscal Gamarra, “siguieron las comunicaciones a través del intermediario. Después vino el hostigamiento. Yo le contestaba que estaba descompuesto porque no quería saber nada. Decidí ir a la Justicia. Yo nunca voy a hacer estas cuestiones. Tengo mis convicciones: aparte de ser sindicalista, soy cristiano. No me interesa hacer estas cuestiones y menos para dañar a un tercero. No puedo permitir que esta gente quiera tomar de rehenes a los pibes”.
La investigación recién comienza y el eje estará puesto en la evidencia digital.
Mientras tanto, el caso ya se instaló en el escenario político provincial por la magnitud de lo denunciado y por el impacto que hubiera significado frenar el inicio de clases en Chubut, un “caballito de batalla” del gobernador Ignacio Torres, quien apunta a una vuelta a clases ordenada, en tiempo y forma y con la totalidad de días de clase que determina el calendario.
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