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Enrique Silva, productor de fruta fina en El Hoyo, Chubut, recuperó su libertad después de un año de proceso judicial. La Justicia lo sobreseyó al comprobar que no existían pruebas que lo vincularan al presunto abuso por el que había sido acusado en 2024.
La denuncia involucraba a una joven que señaló que él la había drogado y violado en su chacra. El relato incluía detalles de violencia y la supuesta confesión del productor sobre pagos a jueces.
La acusación derivó en su detención inmediata, y Silva sostuvo de manera constante su inocencia: “Nunca hice nada de lo que se me acusa”, declaró en varias oportunidades.
Según informó LU17, la investigación comenzó a presentar inconsistencias cuando se revisaron las cámaras de seguridad. En el horario señalado por la denunciante, las imágenes mostraban a la joven ingresando a un supermercado junto a un amigo, en aparente buen estado.
Testigos confirmaron que luego participó de una reunión con amigos, donde bailó y consumió alcohol, sin evidencias de haber sido drogada o agredida. Su madrina señaló que estuvo con ella toda esa jornada.
El examen médico concluyó que no existían lesiones compatibles con abuso ni rastros de drogas en sangre; únicamente se detectó alcohol relacionado con la reunión. “No hubo indicadores de abuso ni de intoxicación con psicotrópicos”, estableció el informe forense.
El Laboratorio de Genética Forense de Río Negro analizó prendas y cuerpo de la chica sin hallar material genético de Silva. Asimismo, los celulares de ambos fueron peritados y tampoco arrojaron pruebas.
Durante la Cámara Gesell, la denunciante no pudo precisar fecha, lugar ni modalidad de los hechos, e incluso llegó a decir que no sabía si lo recordado había sido real o un sueño.
El fiscal Nicolás Vasiliev concluyó: “Con este cuadro probatorio no se puede sostener la acusación”. La jueza Silvana Vélez aceptó el pedido de sobreseimiento, cerrando la causa.
En el proceso, se allanaron diez propiedades vinculadas a Silva y su hijo, sin que se encontraran elementos relevantes. El sobreseimiento puso fin a un expediente marcado por contradicciones y evidencia insuficiente, aunque el tiempo de detención superó un año y la acusación generó amplia repercusión en la región.
Juristas que siguieron el caso destacan que la resolución reafirma la necesidad de pruebas sólidas y concluyentes para sostener cualquier imputación penal, estándar que no se cumplió en este expediente.
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