Your browser doesn’t support HTML5 audio
A un mes de la muerte de Ángel Nicolás López, el caso volvió a ocupar el centro de la escena tras la difusión de audios entre el padre del niño, Luis López, y la psicóloga Jennifer Grisel Leiva, integrante del Servicio de Protección de Derechos (SPD) de Comodoro Rivadavia.
Las grabaciones se conocieron a través de publicaciones realizadas por Cinthia Fernández, pareja del abogado Roberto Castillo, representante legal del padre del menor. En los registros se escucha a López alertar sobre la situación de su hijo y cuestionar las decisiones judiciales y administrativas vinculadas a la revinculación con su madre biológica, Mariela Altamirano, detenida por el crimen junto a su pareja Maicol González.
Qué dicen los audios difundidos
En uno de los fragmentos divulgados, Luis López expresa su preocupación por el estado de Ángel y sostiene que intentó verlo en el jardín al que asistía el niño. También afirma que el menor quería permanecer en el entorno donde vivía habitualmente.
Durante la conversación, la psicóloga Jennifer Grisel Leiva le responde que el establecimiento educativo no era un espacio apropiado para esos encuentros y menciona reportes realizados por la institución educativa debido a las reiteradas presentaciones del padre.
“Amo. Amo las situaciones de violencia que generás. Eso se llama revictimización. De la escuela nos han llamado varias veces ya bastante preocupados por la situación, porque dicen que vos te has presentado muchas veces. Ahí no es un lugar para ver al nene porque es un jardín”, se escucha decir a la profesional.
En otro tramo del audio, Luis López responde: “Ya se va a dar cuenta cuando maten a mi hijo”.
Los audios fueron difundidos por Diario Jornada y replicados posteriormente en redes sociales y distintos medios nacionales.
La denuncia contra la psicóloga del SPD
La difusión de las grabaciones ocurrió días después de que Luis López y su abogado Roberto Castillo presentaran una denuncia penal contra Jennifer Grisel Leiva.
La presentación judicial acusa a la profesional de incumplimiento de los deberes de funcionario público, falsedad en informes periciales y abandono de persona seguido de muerte.
Según el escrito, Leiva redactó uno de los informes técnicos utilizados por el juez Pablo José Pérez para resolver la restitución del niño a su madre biológica.
Castillo sostuvo que esos documentos “carecen del rigor científico mínimo exigible cuando está en juego la vida de un infante” y afirmó que las evaluaciones “se basaron en entrevistas de escritorio, sin constatación fáctica del entorno y la dinámica intrafamiliar real”.
Qué medidas pidió la querella
En la denuncia, la querella solicitó distintas medidas cautelares. Entre ellas, pidió la suspensión preventiva de la psicóloga en sus funciones dentro del Servicio de Protección de Derechos y la prohibición de salida del país mientras avance la investigación.
Además, reclamó el secuestro del legajo profesional y personal de Leiva en el SPD, en el Colegio de Psicólogos de Chubut y en la Municipalidad de Comodoro Rivadavia.
También solicitó la revisión de informes técnicos elaborados durante los últimos dos años y la preservación de expedientes vinculados a procesos de revinculación familiar en los que intervino la profesional denunciada.
La presentación judicial incluye el pedido de designación de un perito psicólogo forense independiente para auditar el trabajo realizado por Leiva.
El rol del sistema judicial en la causa
El abogado Roberto Castillo también cuestionó el accionar de distintos actores judiciales y administrativos que participaron en el expediente de Ángel López.
Según planteó, los antecedentes de violencia denunciados previamente no fueron considerados de manera suficiente durante el proceso que terminó con la restitución del niño a su madre.
En declaraciones posteriores a la presentación judicial, Castillo afirmó: “Nos tomamos semanas para estudiar el expediente e identificar qué le correspondía hacer a cada uno y qué no hicieron”.
La Fundación Más Vida también presentó una denuncia contra la psicóloga y otras integrantes del sistema de protección local. En el escrito, sostuvo que las profesionales “disponían de la información necesaria para proteger a Ángel”.
Leé más notas de La Opinión Austral
Compartir esta noticia
Dejanos tu comentario