Lautaro Labbe era un adolescente de 16 años que, el día 18 de abril, recibió un disparo en la cabeza. Sucedió en medio de una intervención policial que se realizó en el barrio San Martín de la localidad de Comodoro Rivadavia. La familia manifestó que el joven estaba en la casa de su pareja, mientras la fuerza de seguridad instaló que había participado de un robo.
El hecho causó mucho enojo en la comunidad y surgieron opiniones a favor y en contra. Muchos expresaron la indignación y volvieron a hablar de “los jóvenes que mueren a manos de la policía”, pero otros ciudadanos se posicionaron del lado de la fuerza. En este último caso, la madre del joven, Cristina Cárdenas, salió a pedir que respeten su dolor: “No hablen de algo que no saben”.
Es necesario recordar que el joven permaneció internado en la Unidad de Terapia Intensiva del Hospital Regional por ocho largos días. Allí lo intervinieron quirúrgicamente y llegaron a anunciar que tenía muerte cerebral a causa del disparo.
El viernes pasado se llevó a cabo una audiencia de control de detención contra los cuatro policías involucrados en el crimen. Se trataría de uniformados que prestaban servicio en la Comisaría Séptima y fueron apartados.
Se conoció que en la jornada se autorizó la apertura de investigación para tres de los policías involucrados -los agentes Lautaro Valenzuela, cabo Raúl Colque y sargento Marcelo Ortiz– mientras que al uniformado Simón Cruz le dictaron tres meses de prisión preventiva.
La fiscalía, a cargo de Juan Carlos Caperochipi, solicitó que el agente Simón Cruz sea imputado por “homicidio doblemente agravado por abuso de su función o cargo y por ser cometido con arma de fuego”. En tanto que a sus colegas se les atribuyó “encubrimiento agravado por tratarse de un delito precedente grave, con falsedad ideológica agravada por la calidad del funcionario público y como co-autores”.
Asimismo, desde la Defensa Pública, Lucía Pettinari informó que en dicha audiencia se constituyeron como querellantes, representando y patrocinando a la progenitora de Lautaro, y además solicitaron al juez que tenga también descrito el hecho por el cual pretenden investigar el suceso.
Pettinari explicó que solicitaron la imputación de otra funcionaria policial, que no fue imputada por el fiscal. Además dijo que solicitaron la prisión preventiva del presunto autor del disparo mortal a Lautaro, por el término de tres meses y las medidas sustitutivas a la prisión preventiva de los tres funcionarios.
De esta manera, la querella entiende que la funcionaria policial “tiene un grado de responsabilidad penal”, no con el hecho de la muerte del autor, sino “con lo que sucedió posteriormente”, en cuanto a otro tipo de delitos que tienen que ver con el “encubrimiento”.
“La Fiscalía -con el análisis que hacen de cómo se devela el suceso- entiende que la funcionaria policial no tendría ningún tipo de responsabilidad o participación. Nosotros, como querellantes, tenemos una óptica distinta y creemos que debería haber actuado de otra manera”, manifestó Pettinari a ADNSUR.
Y agregó: “Al no haber actuado de la manera que pensamos que debería haber actuado, incurre para nuestra parte en un hecho criminal o en un delito penal”. “En ese transcurso del suceso, cuando a ella le revelan quién había sido el que había disparado, en esa porción de hecho, es donde nosotros consideramos que ella podría haber actuado de otra manera y al no haberlo hecho incurre en un delito de encubrimiento”, cerró.
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