Coparticipación, sin hipocresía

El anuncio del arribo del proyecto para modificar la Ley de Coparticipación reavivó un debate que había quedado dormido después de intensas rondas que se dieron en el año 2019.

Retomarlo merece dirigentes a la altura de las circunstancias, de verdades que deben decirse en torno a una realidad: Santa Cruz es un territorio amplio y no todas las comunidades tienen las mismas oportunidades.

El mecanismo de reparto de los recursos debe llegar para saldar la deuda con aquellas comunidades que quedaron a la intemperie de las obras estructurales, de los avances urbanos, del calor de los proyectos a futuro.

El año pasado, los municipios y comisiones de fomento se reunieron en varias oportunidades para definir cómo iban a distribuirse los recursos en el nuevo esquema, sin embargo, el debate entró en un cuello de botella con el tire y afloje entre intendentes que administran municipios con recursos naturales, que le generan ingresos a Santa Cruz, y aquellos que están en comunas que dependen exclusivamente de los ingresos por impuestos y coparticipación.

Y es que aquellos con más oportunidades de llevar adelante una gestión exitosa y que satisfaga las necesidades de sus vecinos y vecinas, entienden que deben tener más ingresos por lo que le dejan a la provincia, y los demás plantean que entonces, hablar de federalismo es, en este contexto, hipócrita.
Cuántas veces vimos en la administración municipal que un intendente toma personal a días de dejar el cargo, cuántas veces vimos que en años electorales se incrementa la planta de empleados o que no se hacen los esfuerzos necesarios para aplicar políticas certeras de recaudación de impuestos y, a la vez, se solicita asistencia del Estado Nacional o Provincial. La respuesta es muchas, y que incluso, de un tiempo a esta parte parecen ser la regla.

Por eso, la Ley de Coparticipación establece lo que se conoce como pautas de responsabilidad fiscal, pautas que por cierto todos los años fija el Gobierno de Santa Cruz ante la Nación, y que sistemáticamente invita a los municipios a sumarse.

Aun así, ninguno lo hace. No es obligación asumirlas, no hasta que se sancione la nueva ley.
Pero se trata de ver el circuito completo: si los municipios administran con responsabilidad, la Ley de Coparticipación promete hacerlos autosustentables. No hay una cosa sin la otra, como tampoco hay posibilidades de que sigan debiéndole al Estado, o mejor dicho, sin eufemismos, vaciando las cajas de jubilaciones y de la obra social.

Ahí está la piedra fundamental de la ley, en la garantía de que cada municipal hace sus aportes y estos van a las cajas, pero también, para discutir eso hay que ser honestos y honestas. Porque hoy todavía hay intendentes que aseguran estar cumpliendo sus obligaciones con la caja de jubilaciones, a partir del descuento del veinte por ciento de la coparticipación.

Sin embargo, jamás se ocupan de aclarar que ese veinte por ciento fue establecido durante el gobierno de Néstor Kirchner como un fondo de intransferibilidad de la caja de jubilaciones.

Porque ni entonces ni ahora hubo intenciones de armonizar el sistema de jubilaciones con la ANSeS, pero como dicen, entre el dicho y el hecho hay un largo trecho, y ahora es el momento de demostrar que las cajas se cuidan con los aportes.