La informalidad laboral en el sector rural presenta características estructurales que se sostienen en el tiempo y en todo el país.

Entre 2016 y 2019, el Ministerio de Trabajo de la Nación (devenido en secretaría durante el macrismo) realizó 9.357 inspecciones en diferentes establecimientos rurales, de los cuales 5.170 presentaron distintos grados de irregularidades vinculadas a la ley laboral, es decir, en el 55 por ciento de los casos. A su vez, en el mismo período se relevó a 77.722 peones rurales, con un nivel de informalidad detectado del 42 por ciento.

Según los datos que informa el Registro de Trabajadores y Empleadores Rurales (Renatre) -manejado por la Sociedad Rural Argentina, Confederaciones Rurales Argentinas, Federación Agraria y Coninagro, junto a la Uatre-, en el país habría más de un millón de trabajadores y trabajadoras agropecuarios; sin embargo, el total de peones registrades formalmente por el Observatorio del Empleo y Dinámica Empresarial, organismo que depende de la cartera laboral, ascienden a tan sólo 366.000. El 63 por ciento del conjunto estaría subsumido en la precariedad laboral.

¿Pero qué ocurre en la Patagonia y puntualmente en la provincia de Santa Cruz? A partir de un pedido de Acceso a la Información Pública realizado por La Opinión Austral ante el Ministerio de Trabajo de la Nación, puede concluirse que la precariedad laboral en el sector rural patagónico fue del 41 por ciento entre 2016 y 2019, mientras que las irregularidades detectadas en los establecimientos (al menos una violación a la ley laboral) alcanzaron el promedio del 47 por ciento para el mismo período. Ambos registros son más bajos que la media nacional.

El caso de Santa Cruz

En el caso de la provincia de Santa Cruz, los datos indican que la informalidad laboral entre 2016-2019 (peones sin recibo de sueldo) fue del 21 por ciento. Es decir que de un total de 582 trabajadores relevados (sólo el 30 por ciento del total que habría en la provincia), 121 fueron encontrados sin registración ante la AFIP.

Sin embargo, en cuanto a la cantidad de inspecciones irregulares, lo que implica alguna falta a la ley laboral, el promedio aumentó al 41 por ciento. De un total de 92 inspecciones realizadas por las autoridades nacionales, en 38 de ellas se registró al menos una falta.

De un total de 582 trabajadores relevados (30% del total), 121 fueron encontrados sin registración ante la AFIP

De todas maneras, tanto la cantidad de inspecciones como los peones relevados no llegaron a cubrir todo el universo. En la provincia existen 596 establecimientos agrícolas, según el último Censo Nacional Agropecuario. Es decir que en cuatro años, la administración Cambiemos solamente inspeccionó el 15 por ciento del total de estancias registradas en Santa Cruz.

La provincia patagónica con mayor informalidad laboral en el sector rural fue Neuquén, con un 47 por ciento de trabajadores sin registración (1.045 casos); mientras que las irregularidades detectadas en los establecimientos inspeccionados fue del 79 por ciento.

Luego le siguió Río Negro: de un total de 3.698 peones relevados, 1.591 estaban en la informalidad, es decir, el 43 por ciento. En cuanto a la cantidad de irregularidades en los establecimientos inspeccionados, el promedio fue del 45 por ciento.
En Chubut se inspeccionaron 130 establecimientos; de ese total, el 44 por ciento presentó irregularidades (57 casos). A su vez, se relevaron 444 peones, de los cuales 123 estaban sin registración (28 por ciento).
En relación a Tierra del Fuego, la autoridad nacional sólo presentó información para el período 2017-2018, con una informalidad laboral del 15 por ciento y del 30 por ciento en el caso de las inspecciones irregulares.

Trata de personas

A partir de junio de 2018, los inspectores de la cartera laboral comenzaron a regirse por el “Acta de Constatación de Indicios de Explotación Laboral (ACTA/IEL) implementada a través de la Resolución Nº 230/18. Desde su instrumentación hasta abril de 2020, se elaboraron 53 Actas IEL, de las cuales el 80 por ciento correspondió al sector rural (la mayoría en el ámbito forestal, cría de ganado, agricultura y lechería), seguido por comercio (13,0) y otras (7,5).
En relación a la cantidad de víctimas, el 88 por ciento de los damnificados se desempeñaba en el ámbito agropecuario. Es decir, 421 trabajadores sobre un total de 478 eran potenciales víctimas de trata laboral.
El total de empresas denunciadas entre junio de 2018 y 2020 fue 33, algunas más de una vez, por eso la cantidad de actas fue mayor. Del total de denuncias, 4 correspondieron a Santa Cruz. Todas fueron realizadas en noviembre de 2019, cuando ya estaba casi consumada la derrota del macrismo y con la colaboración del Renatre. Este es un dato no menor que da cuenta de la “reactivación” del registro manejado por las patronales agropecuarias y la Uatre ante el cambio de ciclo político. Durante el macrismo habían reducido a cero su colaboración con la Procuración contra la Trata y Explotación Laboral (Protex).
La primera denuncia -en la que también intervino la Protex- ocurrió el 7 de noviembre del año pasado en la localidad de Las Heras. El peón (de quien se preserva su identidad) trabajaba en la estancia “Dos Lagunas” desde 2016, al cuidado de ovejas, y su patrón, Juan Carlos Martínez, lo visitaba cada “dos o tres meses para pagarme entre 2.000, 3.000 o 5.000 pesos”, según el testimonio del trabajador. Del acta de inspección se constata que en el lugar no había baño, ni agua y ni gas.
El 13 de noviembre fue la segunda, vinculada a la estancia “Los Manantiales”, ubicada en la Ruta Nº 43. El trabajador describió las mismas condiciones que en el primer caso. “Recibía la suma de 1.300 pesos al día, a lo que tenía que descontarle la comida, los alimentos de los animales y otros gastos”, narró.
La tercera fue realizada el 21 en la estancia El Bagual y la cuarta, al día siguiente, en la estancia “San Camilo”, a cargo de Leonardo Cristhian Llanos. El trabajador sostuvo que recibía su sueldo de manera “esporádica” y que su patrón le habría retenido su DNI.
Los 4 casos, en los que tuvieron que intervenir directamente la Gendarmería junto al área de rescate de la Línea 145, están radicados penalmente en el Juzgado Federal de Caleta Olivia.