Santa Cruz piensa en la Corte

Tal como informó La Opinión Austral en su edición del miércoles, luego del fallo que condenó a la vicepresidenta Cristina Fernández a seis años de prisión y a inhabilitación perpetua para el ejercicio de cargos públicos, el Estado Provincial comenzó a evaluar qué camino seguir para afectar esa sentencia.

La carta que posee la administración de Alicia Kirchner, que ya tiene a la Fiscalía de Estado trabajando en el tema, es que el llamado juicio “Vialidad” se ocupó de los mismos delitos y acusados que estrados provinciales hace algunos años.

“Ne bis idem” (en latín: no hagas lo mismo dos veces), prohíbe la doble persecución penal.

Fue el abogado Gregorio Dalbón quien, inmediatamente después de que se conociera la sentencia del Tribunal Oral Federal 2, tuiteó: “Es simple, la provincia de Santa Cruz debe solicitar la nulidad del fallo. Y será nulo”.

Dalbón, que no representa a Cristina en la causa que investigó la presunta corrupción en la obra pública de Santa Cruz, no respondió a las consultas de esta periodista, pero el constitucionalista Eduardo Barcesat sí lo hizo, desterrando por completo la iniciativa de su colega: “La legitimación activa la tienen sólo los condenados”, contestó, atento a que Santa Cruz no puede presentarse en calidad de nada en ese expediente.

La carta que posee la administración de Alicia Kirchner es que el llamado juicio “Vialidad” se ocupó de los mismos delitos y acusados que estrados provinciales hace algunos años.

En la Fiscalía de Estado admiten que el asunto está enredado y en el Gobierno santacruceño, que cualquier maniobra que se impulse constituiría más bien un mensaje político ante una Justicia Federal que con la proscripción ya cumplió su objetivo.
Pero sucede que hay otra posibilidad.

Como se sabe, las provincias son preexistentes a la Nación y este sólo ejerce un poder delegado por las primeras. Así, el originario es de las provincias, por lo que Santa Cruz podría presentarse ante la Corte Suprema para denunciar que el fallo del TOF 2 quebrantó el sistema federal de gobierno. ¿Cómo es que lo hizo? Sencillamente, interviniendo en un caso que ya había sido resuelto por la Justicia Provincial.

Tal como publicó este diario en la semana, en 2008 el diputado nacional de la Coalición Cívica, Juan Carlos Morán, denunció presuntas maniobras de corrupción en obras viales ejecutadas en la provincia durante la gestión de Daniel Peralta. Morán diría luego que nunca podría haberse presentado a denunciar de no haber sido por el invaluable “trabajo de campo” que llevó adelante la entonces esposa del líder de la oposición, Eduardo Costa, Mariana Zuvic.

La denuncia quedó en manos de Julián Ercolini (el magistrado que, ahora se supo, firmó parte de la comitiva que viajó paga por Clarín a Lago Escondido y organizó el encubrimiento del delito de dádivas), y ante el fiscal Gerardo Pollicita. Pero en ese momento Ercolini decide declararse incompetente y girar el expediente a Santa Cruz.

La causa quedó entonces en manos del Juzgado de Instrucción Nº 1, a cargo de Rosana Suárez, porque la mayoría de esas obras tenía financiamiento de Servicios Públicos y de Vialidad Provincial. El otro grupo de obras financiadas por Nación quedó en los estrados federales de Río Gallegos.

Las causas no pasaron al archivo de inmediato, sino que hubo una instrucción que involucró peritajes, testimoniales, auditorías y se concluyó con la inexistencia de delito.

Cuando, ocho años más tarde, asume Javier Iguacel como titular de Vialidad Nacional en el macrismo, impulsa una denuncia por las mismas obras y esta vez Ercolini no se declara incompetente. Por el contrario, avanza contra todos los involucrados, incluida Cristina, que para defenderse tuvo a disposición todo el expediente que ya había tramitado en Santa Cruz, sólo que a Comodoro Py no le importó en absoluto.

Del total de 51 obras que terminaron en condena, 49 habían sido ya juzgadas por la Justicia Provincial.

“Ne bis idem” (en latín: no hagas lo mismo dos veces), es un principio constitucional que prohíbe la doble persecución penal.
Fuentes de La Opinión Austral que consultaron por qué la Provincia no pudo antes hacer algún tipo de presentación, indicaron que era necesario que existiera un fallo “en clara contradicción con uno nuestro” para que esta posibilidad pudiera caber.

El fiscal de Estado Fernando Tanarro

Santa Cruz estudia entonces cómo llegar a la Corte por medio de lo que se conoce como competencia originaria, que no opera en cualquier caso, sino que, por ejemplo, tiene cabida cuando hay un pleito entre una o más provincias o una provincia y la Nación.

La Corte conoce muy bien el tema porque se ocupó de rechazar los planteos de la defensa de la vicepresidenta que iban en contra del doble juzgamiento y dijo que sus reclamos tenían “deficiencias de fundamentación”.

Pero además, en la denuncia del equipo de Elisa Carrió Cristina no fue acusada, como sí el resto de los imputados. Lo que se llama “identidad de objeto”, ante los ojos de la Corte, no encaja. Ni eso ni la verdad que ventiló el juicio durante más de tres años.