La semana terminó con un escenario oscuro para el transporte de pasajeros de Río Gallegos. Hubo dos reuniones, ordenadas por la Justicia, entre Maxia SRL y la comuna local.

El secretario de Legal y Técnica del municipio, Jorge Cabezas, precisó a LU12 AM680 y FM Láser 92.9 Río Gallegos que el servicio funciona en lo mínimo con cinco unidades. Además, remarcó que en la última audiencia entre las partes la compañía no ha precisado cuál es el plan para continuar trabajando en este tiempo de pandemia.

“No hay punto de equilibrio entre su reclamo económico y el servicio que brinda. Tenemos un sistema de transporte totalmente deficitario”, aseguró el funcionario, y repitió que el contrato no implica ningún riesgo empresario, “parece lo elaboró una sola parte y el Estado no hizo respetar sus condiciones”.

En esta sintonía, sostuvo que no se registran quejas de los usuarios porque “no hay actividad laboral a pleno”.

Por su parte, el intendente Pablo Grasso ya había mostrado su disconformidad. “Les pagamos 5,3 millones porque dijeron que no tenían plata, y van a poner sólo cuatro colectivos para circular. Nos toman el pelo, pero no al intendente sino a la ciudadanía”, despuntó al dialogar con LU12 AM 680 y FM Láser 92.9 de Río Gallegos.

Licitación

Aseguró que para que el municipio avance en una nueva licitación deben “estar dadas las condiciones para hacer una buena oferta”, y explicó que hoy Río Gallegos no es una buena plaza.

“No tenemos subsidio al combustible, no digo que se haya caído, pero hoy no lo tenemos”, puntualizó ante la consulta de la emisora.

Recordó que el Gobierno Nacional aún no ha formalizado la extensión del esquema de compensaciones que concluyó en abril de este año. “Apostamos que se tomen definiciones en los subsidios, caso contrario el empresariado buscará cubrir todos los gastos con el precio del boleto”, indicó.

Sin apartarse de este eje, recordó que prácticamente en todo el territorio nacional el Estado debe subsidiar la actividad, caso contrario no se puede desarrollar.

“En Río Gallegos se cortaban alrededor de 120 mil boletos, y ahora con la pandemia no supera los 20 mil”, dijo Cabezas para exigir a la empresa que “defina cuántos coches necesita para trabajar, pero que cumpla los recorridos”.

Se recuerda que en este escenario, el gerente de la concesionaria del transporte urbano de pasajeros, Mario García, dijo a La Opinión Austral a mediados de abril que el aislamiento social y obligatorio fue el golpe de gracia al servicio que ya había soportado algunos altibajos.

“Del 20 de marzo al 13 de abril, la recaudación cayó en un 92%”, dijo el empresario a este medio días atrás, asegurando que lo recaudado “no alcanza ni siquiera para cubrir el costo del combustible”.

En consonancia, la cámara empresaria que nuclea a las empresas de transporte del interior del país, FATAP, había alertado que el Gobierno Nacional decidió dejar “sin asistencia económica al transporte público del interior del país para atender los costos básicos”. “Lamentablemente muchos salarios serán de imposible cumplimiento”, expresó la entidad públicamente.

Esas expresiones se suman a los desesperados pedidos de una mayor asistencia al Estado Nacional. En este contexto de pandemia, los servicios restringidos generan una “gran pérdida económica para el sector”.
De esta manera, no sólo provincias y municipios, sino que las prestatarias de los servicios en el interior del país, aguardan por una pronta definición acerca de las compensaciones.

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