Un debate que cuesta concretar

El actual sistema de coparticipación federal se rige por la ley 23.548, que fuera promulgada en enero de 1988 y, aunque fue modificada por leyes posteriores y afectada por aquellas normas que regulan impuestos nacionales, la base de la misma, que pasa por los índices primarios y secundarios de reparto, continúa sin cambios desde entonces.

Fue quizá, junto con la reelección presidencial, uno de los temas que cosechó los cruces más duros durante la Convención Constituyente de Santa Fe en 1994. Definir un nuevo esquema de coparticipación federal de impuestos ya entonces cosechaba posturas diversas, fueron tantas, que finalmente los convencionales no lograron ponerse de acuerdo y dejaron librado el tema a una cláusula transitoria al consagrar la Reforma Constitucional de 1994. Allí se señalaba que dicha ley debía garantizar que la coparticipación “será equitativa, solidaria y dará prioridad al logro de un grado equivalente de desarrollo, calidad de vida e igualdad de oportunidades en todo el territorio nacional”. Pasaron 24 años y la discusión por fondos entre la Nación y las provincias es ya un clásico argentino. Cambian las administraciones y el debate continúa. La razón es simple: ningún gobernador aceptaría tener que volver a su provincia luego de la discusión admitiendo que terminó perdiendo recursos. 

En aquella Convención, el enfrentamiento campal se libró entre las provincias “grandes”, lideradas por Buenos Aires y Córdoba, versus el resto del país.

Casualmente, una de las que llevó la voz cantante para las provincias menos beneficiadas en el reparto de los fondos nacionales fue, la entonces diputada nacional por Santa Cruz, Cristina Kirchner, apoyada por quien era gobernador y su esposo Néstor Kirchner. Ambos convencionales constituyentes en aquella histórica reforma. 

Ambos defendieron con énfasis la necesidad de establecer por Constitución un reparto más equitativo de los recursos y se quejaron por la centralización de los fondos.

“Este debate (el de la coparticipación) busca establecer que todos los impuestos, ya sea bajo formas de contribuciones directas o indirectas, son coparticipables. Puede haber asignaciones específicas, si las necesidades excepcionales así lo justifican, pero no deben serlo de la parte que les corresponde a las provincias, porque si no, estamos frente a una federalización al revés. Es como si se federalizara qué tenemos que poner, pero no se federalizan los recursos”, expresó Cristina Kirchner en Santa Fe el 4 de agosto de 1994, cuando faltaban 20 días para cerrar el debate constitucional.

Era en aquel momento, quien ejercía la Gobernación de Buenos Aires, Eduardo Duhalde, quien presionaba para que no se tocaran los niveles de coparticipación existentes en ese momento (y que siguen hasta hoy). En particular la defensa del Fondo de Reparación Histórica del Conurbano Bonaerense, que recién desaparecería este año, luego de que se firmara el Consenso Fiscal y en medio de una puja judicial iniciada por Buenos Aires y que puso en jaque a todas las provincias y a la propia Nación.

En aquel debate, ya CFK apuntaba a la “inviabilidad” a la que eran condenadas las provincias “si nos están federalizando los gastos y centralizando los recursos”.

El debate que se abrió aquel 1994 justamente por los santacruceños, no logró ser concretado en una ley de coparticipación, ni siquiera cuando los propios protagonistas condujeron los destinos de la Nación, es que no se trata de la voluntad de uno, sino que el consenso para poder avanzar en cualquier modificación debe ser absoluto, y aún hoy la discusión y los intereses que defiende cada jurisdicción están lejos de lograr ese acuerdo. 

La realidad es que el sistema actual de coparticipación “no resuelve las desigualdades”, pese a que, en teoría, era el principio activo de existencia de la norma. Esto queda expresado en un estudio al respecto que realizó el CIPPEC. 

La principal se observa, cuando se cuantifican todos los impuestos que paga el ciudadano promedio y todos los beneficios que recibe del Estado. Ahí se demuestra que no es igual esa correspondencia si se vive en Chaco, en Buenos Aires o en Santa Cruz. 

El Centro de Políticas Públicas definió algunos ejes para el debate: garantizar un piso mínimo de bienes públicos por habitante, con el fin de promover la igualdad de oportunidades de tal forma que le permita brindar a cada ciudadano ese mínimo. Una vez garantizado eso, las transferencias adicionales deberían tener en cuenta otros criterios, como pobreza o poca población, para recibir más recursos per cápita y fomentar el desarrollo.

Fortalecer la responsabilidad Fiscal debería ser otro eje a contemplar entre las jurisdicciones, para evitar un endeudamiento excesivo que haga peligrar el equilibrio macro, y simplificar el sistema de reparto. Hoy la Nación realiza transferencias que están por fuera de la Coparticipación y se hace de forma discrecional. Incorporar todos esos recursos y que la distribución sea una sola, contemplando estos parámetros, haría más transparente el reparto.