Citaron a indagatoria a cuatro imputados por la trágica muerte del mecánico de Río Gallegos en El Calafate

La rueda de la Justicia, a veces exasperantemente lenta para los tiempos del dolor familiar, parece haber encontrado finalmente su tracción en El Calafate. A más de un año de impunidad y de insistentes peregrinaciones en busca de respuestas, la investigación por la muerte de Cristian Pérez, el mecánico galleguense de 38 años que perdió la vida tras un devastador incendio en el taller donde pernoctaba, arrojó la novedad procesal más trascendente desde los albores de la causa. El titular del Juzgado de Instrucción de la villa turística,  Carlos Alberto Albarracín, libró las cédulas para citar a declaración indagatoria a cuatro personas en calidad de imputadas.

La medida, esperada con ansias por el entorno de la víctima, marca un punto de inflexión. Si bien el llamado a indagatoria, en términos de derecho procesal penal, constituye un acto de defensa material y no presupone por sí mismo una condena, su dictado es un indicador irrefutable: el magistrado ha reunido el estado de sospecha suficiente y los elementos de cargo necesarios para sentar a los implicados frente al estrado y exigirles que rindan cuentas.

La gravedad de la acusación: estrago y muerte

Según indicó el portal de noticias Ahora Calafate, la cita judicial está fijada para el próximo 4 de septiembre. En esa audiencia, los cuatro sospechosos serán notificados formalmente de los hechos que se les endilgan y de la prueba que obra en su contra. Aunque el Juzgado mantiene un estricto hermetismo respecto al grado de participación y al rol específico que se le atribuye a cada uno de los convocados, el encuadre legal de la causa revela la severidad del panorama.

La tipificación sobre la cual se asienta la instrucción remite al artículo 186, inciso 5° del Código Penal de la Nación. Esta figura no es menor en la jurisprudencia argentina: sanciona con penas altísimas a quien causare un incendio o destrucción y, como consecuencia directa de ese estrago, se produjere la muerte de una persona. La transición de la carátula, que en los primeros días tramitaba como lesiones graves, mutó irremediablemente hacia el homicidio tras el deceso de Pérez, elevando el peso de la investigación.

La noche del fuego y el contexto Zúñiga

Para comprender la magnitud de este avance, es imperativo retrotraerse a la madrugada del 8 de abril de 2025. Cristian Pérez, un hombre oriundo de Río Gallegos que había llegado recientemente a El Calafate en busca de nuevos horizontes laborales, dormía en las instalaciones del taller mecánico ubicado sobre la calle García Santillán, en el corazón del barrio Cerro Calafate, donde había conseguido empleo.

El establecimiento no era un recinto cualquiera en el entramado social de la provincia: pertenecía a la familia Zúñiga. El detalle cobra una relevancia insoslayable si se contextualiza que, exactamente en esos mismos días, se desarrollaba en la capital provincial el candente juicio por el asesinato de Soledad Burgos, un proceso que concluyó con condenas efectivas para miembros de dicha familia. En ese clima de ebullición y tensiones cruzadas, el taller ardió en llamas. Desde el primer peritaje bomberil, la hipótesis de la contingencia accidental quedó descartada; los indicios apuntaban sin titubeos a un acto deliberado, premeditado e intencional.

Pérez logró escapar de las llamas aquella noche, pero el costo físico fue irreversible. La inhalación masiva de monóxido de carbono y gases supercalentados abrasó sus vías respiratorias. Fue ingresado de urgencia a la Unidad de Terapia Intensiva del Hospital SAMIC, donde libró una batalla desigual que se extendió por casi dos semanas. Finalmente, su cuerpo dijo basta el 20 de abril de 2025.

Sin embargo, antes de sucumbir ante el deterioro de su cuadro clínico, Pérez logró hilvanar un testimonio agónico pero vital para la pesquisa: manifestó ante testigos haber advertido la presencia de al menos tres personas en el lugar al momento de iniciarse el fuego.

Esa declaración póstuma se convirtió en la piedra angular sobre la cual peritos, efectivos policiales y la propia sede judicial comenzaron a rastrear cruces telefónicos, ubicación de celdas de dispositivos móviles y registros de cámaras de seguridad del sector.

El peso de las pruebas y lo que viene

Albarracín tiene ahora ante sí el desafío de desentrañar la mecánica exacta de aquella noche. Las pericias técnicas, los exhaustivos informes siniestrales y el mapeo de comunicaciones conforman el volumen probatorio que enfrentarán los cuatro imputados. Se buscará determinar si actuaron en connivencia, quién fue el autor material del inicio del foco ígneo y si existió una logística previa para atentar contra la propiedad, llevándose consigo la vida de un trabajador ajeno a los conflictos de fondo.

Tras las indagatorias de este 4 de septiembre, el reloj procesal comenzará a correr para que el juez dicte el auto de mérito, resolviendo si dicta el procesamiento, el sobreseimiento o la falta de mérito para cada uno de los involucrados.