Clausuraron un Hipertehuelche de Costa y una diputada habló de “persecución política”

El decreto 297 de “aislamiento social, preventivo y obligatorio” publicado el 19 de marzo pasado sostiene, en su artículo 10, que “las provincias, la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y los municipios dictarán las medidas necesarias para implementar lo dispuesto en el presente decreto, como delegados del gobierno federal, conforme lo establece el artículo 128 de la Constitución Nacional”.

Dos días antes, se había confirmado el primer caso de coronavirus en la provincia de Santa Cruz. Un turista francés de visita en la ciudad de El Calafate. El mismo día, el intendente Javier Belloni decretó la cuarentena en toda la localidad.

De allí se desprendió el primer decreto, por el que se establecía que “sólo permanecerán abiertos supermercados, mercados y farmacias”, según había informado el propio Belloni a través de sus redes sociales. La segunda disposición se tomó a fines de marzo para disponer medidas económicas y sociales para los sectores afectados por el aislamiento. Allí fija de 10 a 17 el horario de atención al público con guardias mínimas en ferreterías y veterinarias, y anticipa la creación de un área de control de precios municipal.

Poco después, el gobierno nacional amplió en 8 rubros las actividades exceptuadas de la cuarentena, entre las que figura la venta de insumos y materiales de la construcción provistos por corralones. Aunque, como se mencionó, los municipios “dictarán las medidas necesarias para implementar lo dispuesto”.

Clausura y queja

Según informó el portal Ahora Calafate, ayer “cerraron de manera preventiva el local de la firma Hipertehuelche, que había abierto sus puertas para vender materiales de construcción” y desde el Municipio explicaron que “no podían abrir ya que ese rubro de corralón no está permitido por el decreto municipal vigente”.

A las pocas horas, la diputada nacional de Juntos por el Cambio, Roxana Reyes salió en defensa de su líder político en la provincia y empresario Eduardo Costa al escribir en su cuenta de Twitter que “clausuran un corralón de materiales en El Calafate en violación a la normativa nacional que los habilita”, algo que interpretó como “un claro gesto de persecución política”. Agregó que “en Santa Cruz, el intendente de El Calafate hace una clausura por motivos políticos”.

Posteo de Roxana Reyes en redes sociales.

En respuesta, el secretario de Gobierno de la localidad, Pascual Casal, recordó que “la decisión administrativa de la jefatura del gabinete de ministros obra para los municipios como una sugerencia de rubros” y aclaró que en El Calafate el decreto 138 / 2020 y el 142/2020 que son los que están vigentes, no habilitan el rubro de corralón de materiales, hipermercados mayoristas ni otros afines”.

“Me parece lamentable que una abogada (en referencia a Reyes), que entiende perfectamente el articulado legal vigente, haga política de esta situación. Desde El Calafate sólo tratamos de preservar la salud de los vecinos y trabajadores, habida cuenta de los 19 casos positivos de COVID-19 en nuestra localidad”, despuntó el funcionario al cruzar a la legisladora.

Foto principal: Marcelo del Buono