El sospechoso de incendiar la casa de un bombero se negó a declarar y continúa detenido en El Calafate

La investigación por los incendios intencionales que sacudieron a El Calafate durante la madrugada del sábado sumó en las últimas horas un capítulo clave. El principal sospechoso, un ex efectivo del Cuerpo de Bomberos de la Policía de Santa Cruz, fue trasladado este lunes a sede judicial para prestar declaración indagatoria, pero optó por guardar silencio. La causa, que ya reúne pruebas materiales, registros fílmicos y una hipótesis investigativa sólida, avanza bajo la órbita del Juzgado de Instrucción a cargo del doctor Carlos Albarracín, quien ahora deberá definir la situación procesal del imputado.

Según pudo saber La Opinión Austral, el hombre, de apellido Moreno, permanece detenido desde el sábado, cuando se presentó por sus propios medios en la Comisaría Segunda luego de que la Policía no lograra hallarlo en su domicilio. Tras cumplir el plazo legal inicial, quedó alojado en la Comisaría Primera, donde continúa detenido mientras la Justicia aguarda el resultado de pericias clave y la incorporación de nuevas pruebas al expediente.

De acuerdo a la información judicial y a fuentes consultadas por este medio, el domingo se concretó un allanamiento en la vivienda del ex bombero, señalado como principal y, por el momento, único sospechoso del incendio que destruyó por completo la casa de un oficial de Bomberos en actividad, además del posterior intento de quema de su vehículo particular. El procedimiento se realizó al mediodía y arrojó resultados considerados positivos para la causa: se secuestraron elementos de interés, entre ellos material inflamable que sería compatible con el utilizado para iniciar los focos ígneos.

Ese hallazgo se suma a otro elemento clave ya incorporado al expediente. En el lugar del incendio de la vivienda, los peritos habían encontrado un bidón derretido con restos de combustible, ubicado fuera del inmueble, que habría sido utilizado para provocar el fuego que ocasionó daños totales. La escena reforzó desde el inicio la hipótesis de un hecho intencional cuidadosamente planificado.

Una relación personal conflictiva aparece como el trasfondo del caso. Desde las primeras horas de la investigación, la principal línea apunta a un conflicto de larga data entre el damnificado y el detenido, vinculado a cuestiones sentimentales con una mujer en común. El propio oficial de Bomberos afectado había señalado a Moreno como sospechoso, dato que resultó determinante para orientar las tareas policiales y judiciales.

Los investigadores trabajan ahora sobre una reconstrucción cronológica del accionar del sospechoso. Según esa hipótesis, el primer episodio habría sido el incendio de la vivienda, ocurrido mientras el damnificado se encontraba fuera de la localidad, en Río Gallegos. Posteriormente, se registró un foco ígneo en el sector del Cañadón del Splendor, que no se descarta haya sido provocado de manera deliberada con el objetivo de distraer la atención del personal de emergencia. Finalmente, el sospechoso se habría trasladado hasta la zona de la Terminal de Ómnibus, donde intentó incendiar el automóvil del oficial, un Volkswagen Gol Power que estaba estacionado en el lugar.

En ese contexto, la causa incorporó registros fílmicos que muestran una motocicleta de características similares a la secuestrada al imputado, tanto en el intento de incendio del vehículo como en las inmediaciones de la vivienda que resultó destruida. Este material audiovisual es analizado en detalle y podría resultar determinante para la definición procesal del caso.

Este lunes, cerca del mediodía, Moreno fue trasladado al Juzgado para la audiencia de indagatoria. Ante el juez Albarracín, se negó a declarar, un derecho que le asiste por ley. No obstante, su silencio no detiene el avance de una investigación que podría encuadrarse en el delito de estrago doloso por incendio, una figura penal grave que contempla no solo el daño a bienes determinados, sino también el riesgo generado para la seguridad pública y las personas.

Concluida la indagatoria, el magistrado deberá resolver en las próximas horas si dicta o no la prisión preventiva. En caso de mantener la detención, contará con un plazo de diez días para definir la situación procesal del imputado, mientras se esperan pericias técnicas y el análisis integral de las pruebas reunidas.