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La investigación judicial por la muerte de Pablo Rufino, ocurrida durante un violento episodio en una vivienda del barrio Salesiano de El Calafate, tuvo en las últimas horas avances significativos que comienzan a delinear el futuro procesal de los dos hombres detenidos. Uno de ellos, Nicolás Torrente, declaró ante la Justicia, reconoció haber estado en el lugar del hecho, pero negó de manera categórica haber sido el autor de la muerte. En paralelo, el defensor oficial solicitó la excarcelación de ambos imputados, una decisión que ahora deberá ser evaluada por el juez de la causa.
Tal como lo adelantó La Opinión Austral, la indagatoria de Torrente se concretó el domingo ante el juez de Instrucción de El Calafate, Carlos Albarracín, en el marco de la causa que investiga el robo y posterior muerte de Rufino, de 48 años.
Acompañado por el defensor oficial, el imputado optó por declarar y brindar su versión de los hechos. Si bien admitió haber estado presente en la vivienda donde ocurrió el episodio, negó haber ejercido violencia letal contra la víctima, intentando desvincularse directamente del homicidio.
Torrente, de 37 años, es oriundo de la provincia de Buenos Aires y cuenta con antecedentes penales por hechos de robo, un dato que forma parte del análisis judicial al momento de evaluar su situación procesal. Su declaración marca un punto clave en la investigación, ya que confirma su presencia en la escena, pero abre interrogantes sobre el rol que habría tenido cada uno de los involucrados en el desenlace fatal.
Este lunes por la mañana fue el turno del segundo detenido, Martín Vallejo, quien también fue indagado con la asistencia del defensor oficial. No obstante, fuentes vinculadas a la causa indicaron que, en caso de surgir versiones contrapuestas o intereses enfrentados entre los imputados -por ejemplo, si uno responsabiliza al otro-, la Justicia deberá designar un defensor distinto para garantizar el derecho a una defensa adecuada.
Ambos sospechosos permanecen detenidos e incomunicados, mientras se desarrolla esta etapa clave del proceso. El juez Albarracín cuenta ahora con un plazo de diez días para resolver la situación procesal de los imputados, lo que permitirá cerrar la primera instancia de instrucción.
En ese mismo marco, también deberá expedirse sobre el pedido de excarcelación presentado por el defensor oficial, una resolución que genera expectativa tanto en el ámbito judicial como en la comunidad local.
El hecho que dio origen a la causa ocurrió en la mañana del 1 de enero, cuando dos personas ingresaron a la vivienda de Pablo Rufino con fines de robo. Según la reconstrucción inicial, durante un forcejeo la víctima sufrió una descompensación. La autopsia determinó que la causa de muerte fue un infarto agudo de miocardio, aunque los peritos concluyeron que el episodio violento fue determinante para desencadenar el desenlace fatal.
En el marco de la investigación, la Policía de Santa Cruz llevó adelante allanamientos el 2 de enero, por orden del juez Albarracín. Como resultado de esos procedimientos, se concretó la detención de uno de los sospechosos y el secuestro del vehículo en el que presuntamente se movilizaban los autores del hecho, además de otros elementos considerados de interés para la causa, que ahora serán sometidos a peritajes.
Torrente fue localizado tras identificar el automóvil utilizado, que no era de su propiedad y habría sido prestado por una persona conocida. Finalmente, fue hallado en una carpa instalada en un terreno ubicado detrás del barrio Calafateños, donde fue detenido por personal de la DDI y efectivos de la Comisaría Segunda. En tanto, Vallejo se presentó de manera voluntaria al día siguiente en la Comisaría Primera, quedando también a disposición de la Justicia.
El caso generó una fuerte conmoción en El Calafate, no solo por la violencia del episodio, sino también porque se produjo en el inicio del año, en una ciudad que suele asociarse a la tranquilidad y al turismo.
Mientras el expediente avanza y se aguardan definiciones clave por parte del juez, la comunidad sigue con atención cada novedad. La resolución sobre la situación procesal de los detenidos marcará el rumbo de una causa compleja, donde la verdad judicial deberá esclarecer no solo responsabilidades penales, sino también las circunstancias que transformaron un intento de robo en una muerte que dejó una profunda huella en la ciudad.
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