Este lunes, la Justicia dio un paso determinante al revocar de manera inmediata el beneficio de morigeración de la pena a las dos mujeres imputadas en el bautizado Operativo “Tobillera Blanca” y dictar la prisión preventiva por el plazo de 90 días para los tres integrantes de la organización narco desbaratada en El Calafate. La resolución judicial pone un freno definitivo a una estructura criminal que utilizaba el monitoreo electrónico no como una medida de atenuación de la pena, sino como la cobertura perfecta para regentear una aceitada red de venta de cocaína y marihuana en la villa turística.
El punto de quiebre institucional se consolidó en la audiencia celebrada durante las primeras horas de este lunes. Tras evaluar la contundencia de las pruebas reunidas por la Policía de Santa Cruz y la gravedad de la reincidencia, las autoridades judiciales determinaron que las dos mujeres implicadas perdiendo de forma irrevocable la comodidad de sus hogares.
De acuerdo a la información a la que tuvo acceso La Opinión Austral, a través de fuentes judiciales consultadas, se pudo saber que las imputadas, que se encontraban alojadas de manera provisoria en las instalaciones de la Escuela de Policía en las afueras de Río Gallegos, deberán cumplir la medida cautelar de prisión preventiva tras las rejas en dicho establecimiento edilicio, al igual que el tercer hombre involucrado en la causa.
El dictamen judicial es el corolario de una paciente tarea de inteligencia criminal encarada por la División de Investigaciones y Narcocriminalidad de El Calafate, bajo las directivas del titular del Área de Delitos Sencillos, Pablo Mansilla.
Durante semanas, los investigadores lograron mapear el funcionamiento bimodal de la banda: la organización utilizaba una vivienda sobre la calle Justo Azua como “kiosco” de expendio para clientes fijos, pero canalizaba su mayor volumen de ventas a través de un ágil servicio de “delivery” con motocicletas, distribuyendo dosis en distintos cuadrantes urbanos a toda hora del día.
La caída de la red tuvo su momento de máxima tensión cerca de las 22:30 horas del viernes, cuando tropas del Grupo de Operaciones Especiales (GOE) irrumpieron de manera simultánea en dos domicilios. Al escuchar la voz de alto, la desesperación se apoderó de los investigados, quienes intentaron eliminar la evidencia a como diera lugar.
De acuerdo con información recabada a través de la Superintendencia de Policía Judicial e Investigaciones, parte de los sospechosos corrió frenéticamente hacia el sanitario de la vivienda. La rápida reacción del personal táctico evitó el descarte total de la sustancia, logrando recuperar del interior del inodoro los envoltorios con clorhidrato de cocaína que estaban a punto de ser arrastrados por las cloacas.
En los allanamientos se secuestró un cargamento de cocaína de máxima pureza -finamente fraccionada, fraccionada en nylon y empaquetada para el pasamanos callejero, con un valor estimado en el mercado ilegal de siete millones de pesos-, además de picadura de marihuana, balanzas de precisión, elementos de estiramiento, una réplica de arma de fuego, abundante munición de diversos calibres, material informático y los vehículos empleados en la logística.
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El caso pone sobre la mesa el abrumador prontuario de una de las acusadas, identificada como I. Verón, una figura recurrente en los registros policiales. En junio de 2025, Verón había sido condenada a cuatro años de prisión tras haber sido atrapada con un cuarto de kilo de cocaína, hito judicial donde reconoció abiertamente su rol de dealer pero logró mantener la domiciliaria. Lejos de retraerse, en abril de ese mismo año había sido objeto de un procedimiento de la misma división narcocriminal patagónica -titulado irónicamente “No hay dos sin tres“- donde le incautaron otros 80 gramos de la misma sustancia.
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