Hace tres años y un mes, un hombre se encuentra detenido en una de las comisarías de El Calafate, esperando la condena en su contra, por un delito que lo tiene como presunto responsable.
Se trata del caso de José Argentino Torres, un hombre de unos 30 años que está acusado de haber intentado matar a un hombre que, en el pasado, mantuvo una relación amorosa con su ex pareja y que terminó derivando en una balacera que, por fortuna, no terminó con un saldo fatal.
El hecho se registró a fines de abril del 2019, en una casa ubicada en la periferia de la ciudad de El Calafate. Una semana antes, Torres y la víctima se habían cruzado en un bar de la localidad y habían mantenido un altercado que terminó derivando en la balacera.
Los disparos tuvieron lugar en las inmediaciones de una casa ubicada en 2238, en las afueras de la ciudad, alrededor de las siete de la mañana del 19 de abril de aquel año. Aparentemente, según la acusación fiscal contra Torres, él arribó a bordo de una Volkswagen Saveiro y desde una ventana comenzó a efectuar disparos al interior de la morada.
En la casa estaba la víctima y otra joven. Se escucharon dos disparos. El primero dio contra el muslo del hombre, al correrse, el segundo tiro dio en el abdomen de la mujer.
Las partes intervinientes durante el debate. (FOTO: JOSÉ SILVA/LA OPINIÓN AUSTRAL)
Horas después, tras el testimonio de los damnificados y las averiguaciones que hizo la Policía, dio con Torres tras un allanamiento que se hizo en su casa del barrio Linda Vista de la ciudad de los Hielos Eternos. Desde aquel momento está tras las rejas.
Durante la primera jornada de juicio, realizada en la Cámara Oral de Río Gallegos, dieron su testimonio efectivos policiales que trabajaron en el caso y María Watson, del Cuerpo Médico Forense.
El debate fue encabezado por Jorge Yance. Junto a él estuvieron Enrique Arenillas y Diego Lerena como subrogantes por las ausencias de Joaquín Cabral y Maria Alejandra Vila por diversos motivos. Aunque no hubo querella, como fiscal estuvo Iván Saldivia junto a Analía Molina. Por otro lado, Tomás Rodriguez estuvo como defensor de Torres.
El jueves se reanudó el debate esperando tener el testimonio de la víctima directa del hecho. Lamentablemente, pese a los intentos del personal del Poder Judicial, no pudo ser encontrado. Lo último que se sabe de él es que está viviendo en Caleta Olivia. De igual manera, su testimonio fue sumado por lectura.
Luego, se dieron a conocer los alegatos. El primero en darlos fue Saldivia. Para el representante del Ministerio Público Fiscal la caratula de “homicidio en grado de tentativa en concurso real con lesiones leves culposas” que vino desde la instrucción de la causa, estaba bien encuadrada.
El fiscal entendió que, el uso del arma de fuego por parte de Torres, los disparos deliberados al interior de la vivienda y que hubo intenciones de matar por parte del acusado. Por lo que solicitó una pena de siete años de prisión efectiva. Todo ésto ante la atenta e inmutable vista del detenido quien solo atinó a levantar un poco las cejas al escuchar el monto de pena.
Por su lado, en un extenso fundamento, Rodríguez pidió la absolución de su cliente usando una carta que tenía bajo la manga: el “in dubio pro reo”, para el abogado no hubo testigos que señalaran efectivamente a Torres en tiempo y espacio, más allá de la declaración de la víctima que pudo haber estado direccionada o intencionada.
En el mismo sentido, el letrado dijo que la “intención de matar” es algo subjetivo. Para él, la persona que disparó, lo hizo desde una ventana a una casa que estaba a oscuras, sin saber quien estaba en el interior.
En la continuidad del alegato, Rodríguez remarcó lo expuesto por la profesional del Cuerpo Médico Forense que dijo que no hubo riesgo vital ni quedaron secuelas para ninguna de las víctimas. Por último remarcó que su pupilo está detenido hace tres años “un tiempo que supera los tiempos razonables” aseveró.
De esta manera, el tribunal invitó a Torres a declarar antes de comenzar a deliberar, pero decidió no hacer declaraciones. La sentencia se conocerá el próximo 30 de junio, cuando se cumplan los cinco días hábiles, tiempo que tienen los jueces para determinar la pena
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