Procesaron con prisión preventiva al policía investigado por la agresión a un niño de 3 años

La investigación por la grave agresión sufrida por un niño de tres años en El Calafate dio un nuevo paso judicial con el procesamiento y la prisión preventiva del hombre acusado del hecho, un efectivo policial que actualmente se encuentra suspendido de sus funciones. La resolución fue adoptada por el Juzgado de Instrucción luego de analizar el conjunto de pruebas reunidas durante las primeras semanas de investigación.

Tal como lo informó La Opinión Austral, el caso conmocionó a la comunidad santacruceña desde que trascendió el ingreso del menor al Hospital SAMIC el pasado 10 de julio con múltiples lesiones de gravedad que obligaron a una inmediata intervención médica y activaron el protocolo previsto para situaciones de presunto maltrato infantil.

En esta etapa del proceso, el magistrado entendió que existen elementos de convicción suficientes para considerar, con el grado de probabilidad exigido por la ley para un procesamiento, que el imputado habría cometido el delito de lesiones graves agravadas por alevosía. No se trata de una condena definitiva, sino de una resolución propia de la etapa de instrucción, durante la cual la investigación continúa abierta y el imputado mantiene intacto su derecho de defensa.

La decisión judicial se apoya en un importante volumen de evidencia incorporada al expediente. Entre los elementos valorados figuran informes policiales, documentación médica, pericias realizadas por el Cuerpo Médico Forense, declaraciones de profesionales del Hospital SAMIC, actuaciones de la Secretaría de Niñez y registros obtenidos de cámaras de seguridad.

A ese material probatorio se sumaron recientemente las entrevistas realizadas mediante el sistema de Cámara Gesell al niño y a su hermana, una herramienta utilizada por la Justicia para recibir testimonios de menores de edad en un ámbito especialmente preparado para evitar su revictimización y preservar la calidad de la prueba.

De acuerdo con la hipótesis provisoria que sostiene la investigación, el menor habría sufrido la agresión mientras permanecía bajo el cuidado exclusivo del imputado, quien convivía con él y tenía la responsabilidad de resguardar su integridad física.

Uno de los aspectos que mayor peso tuvo en la resolución judicial fue el análisis realizado por los profesionales de la salud. Tanto el equipo médico que asistió al niño en el Hospital SAMIC como la médica forense coincidieron en señalar que las lesiones detectadas no resultaban compatibles con una caída accidental, explicación que había sido brindada inicialmente cuando el menor ingresó al centro asistencial.

Por el contrario, los especialistas concluyeron que el cuadro clínico correspondía a un traumatismo contuso de alta energía, capaz de provocar lesiones de considerable gravedad y potencialmente poner en riesgo la vida del niño.

Según indicó el portal de noticias local Ahora Calafate, el informe médico describe un extenso hematoma subgaleal, múltiples hematomas en la cabeza, lesiones en el cuello y traumatismos en distintas partes del cuerpo. La magnitud de esas heridas motivó la inmediata internación del paciente, la intervención del servicio de Neurocirugía y la activación de los protocolos específicos previstos para casos de sospecha de violencia contra niños.

Los profesionales que participaron de la atención coincidieron además en que la rapidez con la que el menor recibió asistencia médica resultó determinante para evitar consecuencias aún más graves.

Al resolver el procesamiento, el juez consideró que la conducta investigada encuadra provisoriamente en el delito de lesiones graves agravadas por alevosía. La resolución sostiene que ese agravante encuentra fundamento en la situación de extrema vulnerabilidad de la víctima, su corta edad y la posición de cuidado y protección que, según la investigación, ejercía el imputado sobre el niño al momento del hecho.

Junto con el procesamiento, el magistrado resolvió mantener la prisión preventiva del acusado. La medida cautelar se fundamenta en la necesidad de asegurar el normal desarrollo del proceso penal mientras continúan incorporándose pruebas y diligencias investigativas.