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El Gobierno del Reino Unido publicó este martes una guía oficial destinada a empresas y particulares vinculados con las Islas Malvinas, en la que defendió las actividades económicas desarrolladas en el archipiélago y cuestionó las medidas adoptadas por la administración de Javier Milei.
El documento, elaborado por el Ministerio de Asuntos Exteriores, Commonwealth y Desarrollo (FCDO), representa la primera respuesta oficial de Londres al endurecimiento de las sanciones argentinas contra compañías relacionadas con la explotación de recursos en las islas.
Bajo el título “Hacer negocios con las Islas Malvinas”, el texto sostiene que el Reino Unido respalda las actividades económicas que considera legítimas y reivindica el derecho de los habitantes del archipiélago a administrar su economía y explotar sus recursos naturales, incluidos los hidrocarburos.
En materia de soberanía, Londres reiteró que considera a las Malvinas un territorio británico de ultramar y afirmó que no abordará esa cuestión “a menos que los isleños así lo deseen”.
La guía también advierte que empresas y particulares pueden recibir comunicaciones de autoridades argentinas debido a sus operaciones en las islas. Sin embargo, el Gobierno británico sostiene que Argentina no tiene facultades para ejercer jurisdicción ni aplicar su legislación interna sobre el archipiélago o sobre quienes realicen negocios allí.
A su vez, Londres afirmó que las medidas adoptadas anteriormente por Argentina no consiguieron detener el crecimiento económico de las islas.
El documento contempla igualmente asistencia para compañías que enfrenten presiones vinculadas con sus operaciones. En ese sentido, recomienda recurrir a asesoramiento jurídico independiente ante posibles acciones argentinas y señala que el FCDO puede intervenir ante terceros países si una empresa, filial o proveedor resulta afectado por actividades que el Reino Unido considera legítimas.
La publicación se produce mientras el Gobierno de Milei avanza con nuevas sanciones contra empresas petroleras y prepara un proyecto de ley destinado a reforzar las herramientas para defender el reclamo argentino de soberanía sobre el archipiélago.
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