En el marco de un régimen responsable de múltiples violaciones a los derechos humanos, el destino del expresidente de Perú, Pedro Castillo, ahora destituido y encarcelado, se encuentra en momentos cruciales dentro del plano internacional.
Este martes, los argentinos Eugenio Zaffaroni y Guido Croxatto, abogados defensores del exmandatario, presentaron un pedido de medida cautelar ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), exigiendo su liberación, quien se encuentra encarcelado hace más de cuatro meses.
El recurso califica a la detención como “injusta, ilegal, arbitraria e inconstitucional”. Se puntualiza que el exmandatario sufre un trato “hostil y degradante”, por lo que se pide un cese en el comportamiento de las autoridades.
Además, se recuerda que no se le permite comunicarse telefónicamente con su esposa e hijos menores, quienes se encuentran exiliados en México, demandando que se le reconozca urgentemente el derecho a la comunicación con ellos.
Pedro Castillo cuenta con una segunda presión preventiva, de tres años, por cargos de corrupción, los cuales se encuentran bajo investigación.
Croxatto tiene a su cargo la argumentación que cuestiona el procedimiento judicial contra Castillo, mientras Zaffaroni lleva a cabo la argumentación en el marco del derecho penal.
En el escrito presentado ante la CIDH, califican el mensaje televisado que dio Castillo anunciando el cierre del Congreso opositor que quería destituirlo de la presidencia como “un hecho atípico, político” y “sin relevancia penal” porque “la lectura del mensaje a la Nación en el que anunciaba el cierre del Congreso jamás estuvo acompañado de una fuerza que lo llevara adelante”.
A su vez, se puntualizó en que ese anuncio de cerrar el Congreso no estuvo firmado por el Consejo de Ministros, que sus ministros renunciaron al enterarse de esa decisión, los militares no lo obedecieron y que lo anunciado en ese mensaje nunca se ejecutó. Se explica también que “no hubo conspiración con las fuerzas armadas” y que no había forma de que se consume un golpe porque no había ningún plan previo ni acto preparatorio para que eso ocurra.
También, calificaron el mensaje de Castillo por el que ahora está preso como “un pronunciamiento político”. En su argumentación ante la CIDH, Zaffaroni define lo ocurrido como “una tentativa inidónea, por ende no punible”.
En el aspecto procesal se señala que el expresidente fue destituido del cargo por el Congreso sin respetarse los procedimientos para tomar esa medida extrema, sin darle la posibilidad de presentar su defensa, denunciando que no se respeta el debido proceso, violando así el derecho a la defensa, imponiendo trabas a la comunicación de Castillo con sus abogados.
En enero, a Zaffaroni se le impidió ingresar al penal donde está recluido el exmandatario para entrevistarse con su cliente, pudiendo pasar solo Croxatto. En estas instancias, ya ninguno de los dos puede hacerlo.
Las autoridades peruanas prohibieron que “abogados extranjeros” ingresen a los penales, exigiendo que homologuen su título en el Perú para poder hacerlo. Una limitación que antes que Zaffaroni y Croxatto asuman la defensa de Castillo no existía.
“Hemos denunciado las arbitrariedades procesales que viene sufriendo Castillo. Si bien hay una resolución de 2018 de la OEA que no admite medidas cautelares para cuestiones de debido proceso, con Zaffaroni entendemos que dada la magnitud de la crisis política y jurídica que se vive en Perú, con decenas de personas asesinadas y un presidente ilegalmente destituido, es muy importante que el sistema interamericano se pronuncie”, había declarado Guido Croxatto días atrás.
Otro particular episodio, radica en que la embajada peruana en España se quejó ante el diario El País, luego de que este haya entrevistado a Croxatto, como también hubo quejas porque se invitó a ambos abogados al Vaticano para un Congreso sobre Colonialismo, Neocolonialismo y Justicia Social llevado a cabo el 30 y 31 de marzo.
Por su parte, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, ha compartido entre presidentes y líderes políticos una carta dirigida a la ONU en la que se puntualiza sobre arbitrariedades y violaciones al debido proceso en el caso de Castillo, calificando como ilegal el proceso judicial en su contra y solicitando que los países de América Latina se comprometan con el restablecimiento de la democracia y el respeto a los derechos humanos en el Perú.
La carta en cuestión ya habría sido firmada por los presidentes Gustavo Petro de Colombia y Xiomara Castro de Honduras, y exmandatarios como Evo Morales y Rafael Correa.
Leé más notas de La Opinión Austral
Compartir esta noticia