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El Tribunal Oral en lo Criminal Federal de Santa Cruz, integrado de manera unipersonal por el juez Mario Gabriel Reynaldi, homologó un acuerdo de juicio abreviado y condenó a HJ Márquez y RA Zacarías a la pena de un año y seis meses de prisión de cumplimiento en suspenso, tras recalificar el hecho original de transporte hacia la figura intermedia de tenencia simple de estupefacientes.

Según pudo saber La Opinión Austral, la historia judicial que acaba de cerrarse con este fallo tuvo su punto de partida exactamente a las 01:45 horas del 26 de marzo de 2022. En aquel momento, efectivos del Escuadrón N° 39 “Perito Moreno” de Gendarmería Nacional llevaban adelante un operativo público de prevención vial y control documentológico sobre la traza de la Ruta Nacional N° 43, a la altura del sector conocido como puesto Cabo Linares, en el acceso este de la localidad santacruceña de Perito Moreno.

Allí detuvieron la marcha de una unidad de transporte público de pasajeros perteneciente a la empresa “Cooperativa Sportman Ltda“, , que cubría el itinerario entre la ciudad chubutense de Comodoro Rivadavia y la villa cordillerana de Los Antiguos.

Como parte del protocolo de inspección, los gendarmes hicieron descender a los viajeros para realizar un pasaje preventivo sobre los equipajes y encomiendas utilizando el binomio cinotécnico conformado por una agente y el can detector “Kala”. Fue entonces cuando el animal realizó una marcación activa precisa sobre los bolsos pertenecientes a dos pasajeros oriundos de Corrientes capital: HJ Márquez, de 36 años, empleado municipal, y RA Zacarías, de 43 años, trabajador dedicado a changas de albañilería y plomería.

El presidente del tribunal, Mario Gabriel Reynaldi. FOTO:LEANDRO FRANCO / LA OPINIÓN AUSTRAL

Si bien la apertura de sus valijas en presencia de testigos hábiles no arrojó novedades de interés en primera instancia, los uniformados procedieron a efectuar un palpado preventivo sobre las prendas de vestir de ambos hombres. Allí apareció la evidencia: entre las ropas de Zacarías hallaron un bulto de forma ovalada, envuelto en un material gomoso de color azul y recubierto con nylon transparente que contenía una sustancia polvorienta blanca.

En ese preciso instante, los efectivos advirtieron que Márquez intentaba descartar de entre sus propias prendas un segundo envoltorio de idénticas características. La posterior pericia química realizada por el Gabinete Científico Comodoro Rivadavia de la Policía Federal Argentina confirmó que ambos paquetes -de 264,03 y 213,23 gramos respectivamente- totalizaban 477,26 gramos de clorhidrato de cocaína.

Aunque en la etapa de instrucción la causa fue elevada a juicio bajo la severa imputación de transporte de estupefacientes, el escenario probatorio dio un giro decisivo antes de llegar al debate oral. Al presentar la propuesta de juicio abreviado junto al defensor público oficial Gastón Morillo, el fiscal general interino Julio Zárate planteó una rectificación en la calificación legal tras analizar minuciosamente las pruebas reunidas y el estándar de certeza exigido para una condena.

El expediente carecía de tareas previas de investigación sobre los acusados y, fundamentalmente, las pericias practicadas por la Policía Federal sobre los teléfonos celulares secuestrados no arrojaron mensajes ni comunicaciones que permitieran afirmar que la cocaína tuviera como destino su comercialización ilegal.

La Unidad Fiscal Río Gallegos está a cargo del fiscal federal Julio Zárate. (Foto: La Opinión Austral).

La Fiscalía descartó tanto el transporte agravado como la tenencia atenuada para consumo personal (debido a que casi medio kilo excede cualquier parámetro de escasa cantidad), encuadrando la conducta en la figura base de tenencia simple de estupefacientes.

Durante la audiencia de visu, tanto Márquez como Zacarías –ambos sin antecedentes penales previos y padres de familia que acreditaron ingresos mensuales cercanos a los setecientos mil pesos– manifestaron su libre conformidad con los términos del acuerdo.

Al momento de dictar sentencia, Reynaldi refrendó la razonabilidad del convenio y valoró las condiciones personales, laborales y familiares de los dos hombres para aplicar la modalidad de ejecución condicional. De este modo, ambos fueron condenados a un año y seis meses de prisión en suspenso, al pago de una multa y a hacerse cargo de las costas del proceso. Además, durante los próximos dos años deberán fijar domicilio, someterse al control del patronato correspondiente, abstenerse de consumir estupefacientes o abusar de bebidas alcohólicas en la vía pública y no cometer nuevos delitos, mientras el Tribunal ordenó la destrucción por incineración de la cocaína secuestrada.

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