Provincias preocupadas por la coparticipación y futuras medidas fiscales

Los recursos transferidos por el Estado nacional a las provincias argentinas si bien han logrado un crecimiento real en el primer cuatrimestre del año, no sólo no alcanzan los niveles de igual período de 2023, sino que hay profunda preocupación por cómo se desempeñarán las transferencias a partir de mayo, con los cambios fiscales que aplicó el Gobierno nacional.

La inquietud crece entre los gobernadores y intendentes de todo el país. Según un reciente informe basado en datos oficiales y analizado por la consultora Politikón Chaco, las transferencias automáticas totales alcanzaron en abril de este año los $4,36 billones, marcando un aumento real del 9,3% respecto al mismo mes de 2024. Sin embargo, este incremento, aunque positivo, no logra cerrar la brecha con los valores prepandemia, lo que mantiene la tensión en las finanzas provinciales y regionales.

Desafíos persistentes

Desde enero hasta abril de 2025, las transferencias automáticas han experimentado un crecimiento acumulado del 14% interanual, con un aumento en el primer cuatrimestre respecto del mismo período del año pasado, ratifica también, por su parte el Iaraf.  Su informe señala que, si bien en abril pasado las transferencias alcanzaron los $4,36 billones, esa cifra se vio impulsada en buena medida por el incremento en la distribución del Fondo de Financiamiento Educativo (Ley 26.075), que pasó de $259.063 millones en marzo a $1 billón en abril. Para el Instituto, los datos muestran que los ingresos coparticipables netamente dichos, en términos reales, han tenido una caída significativa desde el verano, afectando la estabilidad financiera de las administraciones provinciales y municipales.

La intención de “dividir” el IVA con las provincias aumenta la incertidumbre.

Cambios negativos

Las provincias marcan una creciente preocupación por la merma en los recursos disponibles, atribuida en parte a las modificaciones en la distribución del IVA y los anticipos de Ganancias, realizadas sin consenso político y mediante la aplicación de la plataforma ARCA. En particular, se destaca la eliminación del 25% en anticipos de Ganancias que las empresas pagaban en junio y que se repartía en las provincias; ahora, estos pagos se hacen en cuotas, lo que podría impactar en el pago del medio aguinaldo y otros compromisos sociales y económicos.

A ello se suma la declaración del ministro de Economía, Luis Caputo, quien anunció un esquema para dividir el IVA entre Nación y provincias, con el objetivo de fomentar la competencia fiscal. A cambio plantearía la eliminación definitiva del Impuesto a los Ingresos Brutos que hoy explica el 80% de la recaudación propia, en la mayoría de las jurisdicciónes. Ante este planteo, se encendieron aún más las alertas de los gobernadores, que ven estos anuncios como un motivo  más que fomenta la incertidumbre y complica el escenario, más de lo que está. Esto sin contar que las medidas se observan como un riesgo cierto para sus finanzas y planes de equilibrio fiscal.

Desigualdad

El análisis regional muestra que, si bien todas las provincias recibieron aumentos en sus transferencias en abril de 2025, la magnitud de estos varió considerablemente. Así Chubut recibió aproximadamente $66.020 millones, con un incremento interanual real del 8,3%.  Pero pese a ser vecina, para Santa Cruz aumentó un punto. La jurisdicción recibió $64.716 millones, (+ 7,3%).

En el ranking provincial, Salta picó en punta con una suba en abril de 22,6%, seguida de Buenos Aires y Tucumán también experimentaron subas relevantes, del 11,4% y 9,9% respectivamente.  Por debajo de las patagónicas estuvieron, entre otras, Córdoba y Santa Fe registraron los menores incrementos, del 7,1% cada una.

No sólo los gobernadores alertan sobre la merma de ingresos, también lo hacen los intendentes.

Reclamo generalizado

La preocupación por la caída en los ingresos y los recortes en recursos se ha extendido a los niveles municipales y comunales. En Tucumán, desde Santa Fe, Córdoba y Santa Cruz, jefes comunales y gobernadores se reunieron en la capital tucumana, para poner en marcha el Consejo Federal de Intendentes (COFEIN), así lo expresaron. Del mismo participó el intendente de Río Gallegos, Pablo Grasso. En un documento expresaron su disconformidad con el manejo centralista de los recursos fiscales por parte del gobierno nacional.

Asimismo, este jueves, en Santa Fe, los intendentes han convocado a una reunión de urgencia ante la persistente caída en la transferencia de recursos, que incluso en términos nominales se ha reducido en los primeros meses del año, sin considerar la inflación.