La Justicia Federal avanza con la investigación en torno a un golpe al contrabando histórico que se registró semanas atrás, que generaba un perjuicio fiscal tanto a Argentina como a Chile, por una compleja banda que se dedicaba a trasladar bienes de manera ilegal a ambos lados de la frontera.
Se trata de la causa “Alianza Austral“, causa que es seguida por La Opinión Austral desde el minuto uno, cuando salió a la luz el megaprocedimiento que se realizó en ambos lados de la cordillera el pasado 23 de agosto, que dio como resultado el secuestro de millones de pesos en moneda argentina, chilena y hasta en dólares norteamericanos.
Por la causa, de este lado de la cordillera ya están detenidos Marcelo Gasparini, Omar Schulmaeister, Pedro Toledo, Pablo Toledo y Maximiliano Toledo, acusados de ser los cabecillas y brazos ejecutores de la banda que traficaba cubiertas de autos, cigarrillos, drogas y hasta armas de fuego a uno y del otro lado de la frontera.
La banda usaba un paso ilegal de una estancia que está emplazada en la zona más austral de la provincia Última Esperanza, colindante con Río Turbio, para transportar bienes sin declarar. Incluso, fuentes consultadas confirmaron que existe un antecedente de tráfico migratorio ilegal por una pareja de venezolanos que le pagaron a uno de los cabecillas de la banda para que los ayudara a cruzar de un país al otro.
Uno de los socios fundadores de la banda es Guillermo “El Memo“ Pérez, un comerciante de Puerto Natales que actualmente está detenido en Chile, con prisión preventiva por los menos por los próximos cinco meses, por disposición de la Justicia trasandina.
Él y siete personas más aguardan por el procesamiento en su contra, ya que los indicios en su contra son firmes y en paralelo, el Poder Judicial chileno aumenta el plexo probatorio por la compleja causa.
Todo comenzó por el año 2019, cuando se detectaron los primeros contrabandos. Eran cigarrillos que salían de Argentina y eran comercializados en el vecino país. Como se sabe, en Chile los cigarrillos tienen precios exorbitantes en comparación a nuestro país y los integrantes de la banda comenzaron a hacer “la diferencia” monetaria con la venta ilegal de los mismos.
De este lado de la cordillera, el Juzgado Federal a cargo de Claudio Marcelo Vázquez realiza lo mismo. Este jueves comenzaron con las indagatorias para veintidós personas que están acusadas de integrar a la banda pero que, por diversas cuestiones, no están tras las rejas.
Entre los investigados e imputados hay gendarmes, contadores, trabajadores de estancias y demás involucrados en toda la logística.
La calificación legal más baja que podría atribuírsele a estas personas es la de “asociación ilícita agravada, contrabando agravado y lavado de activos“. A esto, hay que tener en cuenta las posibles imputaciones por otros delitos.
Las indagatorias comenzaron este jueves, a cargo del juez Claudio Vázquez, a quien acompañó el fiscal federal Julio Zarate, quien fue uno de los principales hacedores de que esta causa prosperara -junto a Gendarmería y otras fuerzas argentinas, con la destacada colaboración con autoridades de Chile- y que se pudiera desbaratar a la banda criminal.
En horas de la mañana, dos personas acusadas llegaron a las instalaciones del Juzgado Federal emplazado en la esquina de la avenida San Martín y Zapiola de nuestra ciudad capital para ser notificadas por los delitos que habrían cometido. En ese sentido, se supo que ambos estuvieron alrededor de una hora escuchando las acusaciones en su contra y los dos tomaron la misma decisión: apelar a reservarse el derecho de declarar, para luego fijar domicilio y retirarse del recinto.
Las indagatorias continuarán la semana entrante a un ritmo de dos o tres por jornada, para concluir en el transcurso de este mes. Cabe remarcar que los detenidos usaron la misma estrategia, ninguno dio su versión de los hechos, a excepción de uno de ellos que dijo desconocer ser parte de la asociación ilícita y negó su participación en los hechos.
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