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La noticia de su repentina excarcelación en octubre pasado había sacudido el tablero judicial y social de Río Gallegos, dejando flotando un sinfín de interrogantes sobre los motivos jurídicos que llevaron a la máxima instancia de la provincia a abrir las puertas de la detención a quien había sido sentenciado a más de una década tras las rejas.
Ahora, La Opinión Austral tuvo acceso exclusivo al extenso y contundente fallo de setenta y una páginas dictado este 17 de noviembre de 2026 por el Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de Santa Cruz, un documento clave que desmenuza minuciosamente por qué se dispuso la inmediata libertad de Roberto Oscar Neil y cómo su condena original de once años de prisión por homicidio agravado fue reducida drásticamente a dos años de cumplimiento efectivo bajo la figura de exceso en la legítima defensa.
El pronunciamiento, firmado por los vocales Daniel Mauricio Mariani, Alicia de los Ángeles Mercau, Paula Ernestina Ludueña Campos, Reneé Guadalupe Fernández, Fernando Miguel Basanta, José Antonio González Nora y Sergio Edgardo Acevedo, bajo la presidencia de Gabriel Nolasco Contreras Agüero -con la participación en la deliberación de Juan Lucio Ramón de la Vega–, revisó de manera integral el expediente caratulado “Neil Roberto Oscar s/ Homicidio simple calificado por el uso de arma de fuego”.
Tal como lo informó La Opinión Austral en su momento, el hecho juzgado ocurrió el 2 de junio de 2023, entre las 11:03 y las 11:05 horas, en el interior de la concesionaria “Oasis Automotores” ubicada en el corazón del barrio Del Carmen de la capital santacruceña, donde Franco Gabriel Cuevas falleció tras recibir cinco disparos efectuados con un revólver Smith & Wesson calibre .38 special.
Al abordar el corazón del recurso de casación interpuesto por la defensa particular -ejercida por los letrados Matías Gutiérrez y Alejandro Ruggero–, el máximo tribunal fue categórico al desarmar el razonamiento de la mayoría de la Cámara en lo Criminal y Correccional que había condenado a Neil a once años de cárcel.
Según sostiene la sentencia a la que accedió este medio, los jueces de juicio incurrieron en “una valoración fragmentaria, descontextualizada e insuficientemente integrada de diversos elementos probatorios relevantes“, vulnerando las reglas de la sana crítica racional y el principio constitucional del in dubio pro reo.
Uno de los puntos más demoledores del fallo apunta directamente a la procedencia del arma homicida. El tribunal de juicio había dado por sentado que Neil sacó el revólver de un cajón del escritorio de su local para atacar deliberadamente a Cuevas.
Sin embargo, los vocales del TSJ dejaron al descubierto que esa afirmación carecía por completo de respaldo objetivo: ni siquiera se habían tomado fotografías del interior de los cajones durante la inspección ocular, ni existía prueba alguna de que el arma perteneciera al agenciero.
Asimismo, destacaron que el perfil genético hallado en el cañón solo probaba que Neil manipuló el revólver durante el episodio -algo que él mismo admitió-, pero no descartaba que la víctima lo hubiera llevado oculto en el bolsillo interior de su campera, donde una pericia criminalística demostró que el arma cabía perfectamente.
A ello se sumó una reconstrucción integral del contexto previo y de la mecánica física del enfrentamiento que el fallo anterior había soslayado. El documento resalta que días antes del crimen se había notificado una orden inminente de desalojo sobre terrenos ocupados por la familia Cuevas lindantes a la concesionaria, generando fuertes tensiones y reclamos verbales.
En ese marco, las cámaras de seguridad registraron el ingreso voluntario de Cuevas al local, sus desplazamientos decididos hacia Neil, gesticulaciones con el puño cerrado y golpes contra vehículos estacionados antes de que ambos ingresaran a un pasillo interno ciego de apenas un metro con once centímetros de ancho y menos de cuatro metros de largo, fuera del alcance visual de las filmaciones durante cuarenta y dos segundos.
Para el Tribunal Superior, las pericias balísticas, médicas y criminalísticas -incluyendo la presencia de residuos de disparo en ambas manos tanto de la víctima como del acusado, las trayectorias cruzadas de los proyectiles y una escoriación en un dedo de Neil- impidieron descartar la existencia de un forcejeo inicial por el control del revólver en un espacio sumamente reducido y bajo extrema proximidad física.
Además, los jueces valoraron especialmente la conducta posterior del imputado, quien permaneció en la escena, indicó dónde estaba el arma y realizó nueve llamados desesperados al servicio de emergencias 101 en poco más de dos minutos pidiendo auxilio policial y médico.
No obstante, el máximo tribunal trazó una frontera jurídica precisa entre el inicio del episodio y su desenlace fatal. Si bien reconoció que Neil actuó inicialmente bajo el amparo de una situación de legítima defensa frente a una agresión ilegítima y un peligro real para su vida, concluyó que su reacción terminó por exceder los límites legales.
Basándose en las pericias que distinguieron dos momentos -un primer disparo en la zona inguinal durante la disputa cuerpo a cuerpo, y una segunda secuencia en la que Neil, ya con el revólver asegurado en su mano derecha, efectuó los disparos restantes mientras la víctima rotaba o perdía estabilidad, impactando en los pulmones-, los vocales encuadraron el caso como homicidio cometido con exceso en la legítima defensa.
Este cambio de calificación fue, precisamente, la llave maestra que explicó por qué el TSJ ordenó liberar de inmediato a Roberto Neil al concluir la audiencia de casación celebrada el 20 de octubre pasado.
Cabe recordar que, en aquella audiencia, el propio Procurador General, Eduardo Emilio Sosa, coincidió en que no podía sostenerse la condena por homicidio agravado y solicitó una pena de dos años de prisión por exceso en la legítima defensa.
Al desaparecer cualquier pretensión fiscal superior y confrontar esos dos años requeridos con el prolongado tiempo de detención y prisión domiciliaria que Neil ya llevaba cumplido en el proceso, los jueces aplicaron los artículos 300 y 301 del Código Procesal Penal y dispusieron su inmediata soltura por falta de sustento cautelar para mantenerlo encerrado.
En un tramo de profunda sensibilidad institucional, la sentencia incluyó además un apartado redactado especialmente en lenguaje claro y sencillo dirigido a Rosa Zúñiga, madre de Franco Cuevas -cuyo abogado patrocinante, Jorge Trevotich, no compareció a la audiencia clave pese a estar notificado, motivo por el cual se remitieron copias de su actuación al Colegio Público de la Abogacía-.
Allí, los magistrados le explicaron directamente que la sentencia no declara inocente a Neil ni justifica la muerte de su hijo, sino que modifica la calificación legal y el monto de la pena conforme a las pruebas del expediente. Asimismo, el tribunal dejó sin efecto el decomiso genérico de los bienes personales del acusado, manteniendo únicamente el del revólver utilizado.
El fallo exclusivo del Tribunal Superior de Justicia cierra uno de los capítulos judiciales más debatidos de los últimos años en Río Gallegos, dejando una lección trascendental sobre el rigor probatorio en el sistema penal argentino: aun frente a la tragedia irreparable de una vida perdida, los jueces no pueden suplir con conjeturas lo que la acusación no logró demostrar con certeza, ni prolongar una detención preventiva más allá de la pena que el propio Estado reclama.
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