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La investigación federal por narcotráfico en Santa Cruz tiene nueve personas imputadas en la causa que, a partir de escuchas y otras medidas, quedó vinculada con la investigación patrimonial que involucra a Lázaro Báez y el lavado de activos. La resolución firmada por el juez federal de Río Gallegos, Claudio Vázquez, precisó qué función habría cumplido cada uno dentro de la estructura que describe la hipótesis del Ministerio Público Fiscal.
El expediente de 31 paginas al que accedió La Opinión Austral, formalizó la investigación contra Cristian Sebastián Ibáñez, Jorge Elías Agustín Agüero, Juan Pablo Bórquez, Jorge Manuel Ulloa, Pedro Nahuel Leal, Paula Makarena Bórquez, José Ariel Silva, Aldo Rubén Herrera y Valentina Micaela Devetac.
De acuerdo con la acusación, la organización habría tenido como objetivo el tráfico de estupefacientes y el posterior movimiento de dinero mediante cuentas bancarias, billeteras virtuales y vehículos, algunos registrados a nombre de terceras personas. La resolución identificó a cuatro presuntos conductores de la estructura y describió las tareas que se les atribuyen a los otros cinco integrantes.
Se trata de imputaciones en una etapa inicial de la investigación que tendrá un plazo de 2 años para la Fiscalía.
Quiénes son los cuatro señalados como conductores de la organización
La Fiscalía identificó a Jorge Elías Agustín Agüero, Juan Pablo Bórquez, Jorge Manuel Ulloa y Cristian Sebastián Ibáñez como quienes habrían ocupado los principales lugares de conducción. Según la hipótesis fiscal, sus funciones se distribuían entre la provisión y distribución de cocaína, la coordinación de operaciones, la disponibilidad de vehículos y el manejo de recursos económicos.
Jorge Elías Agustín Agüero: provisión y distribución de cocaína
A Agüero se le atribuyó, junto con Juan Pablo Bórquez, la conducción del circuito de provisión y distribución de cocaína. La Fiscalía lo vinculó con desplazamientos y contactos con otros integrantes que habrían contribuido al funcionamiento de las maniobras investigadas.
En el plano patrimonial, la resolución detalló que habría administrado un Ford Focus y una Ford F100. También se mencionaron sus vínculos con otros vehículos utilizados por personas relacionadas con la causa.
El juez tuvo en cuenta que el Ministerio Público Fiscal le atribuyó una intervención relevante en las actividades de comercialización y en las conexiones operativas de la presunta organización. Por ese motivo, dispuso su prisión preventiva en un establecimiento penitenciario por 180 días.
Juan Pablo Bórquez: conducción del circuito y movimiento de fondos
Bórquez aparece señalado como otro de los presuntos responsables de la conducción del circuito de provisión y distribución de cocaína. Además, la Fiscalía le atribuyó un papel en la circulación de dinero mediante billeteras virtuales.
La resolución consignó que, entre diciembre de 2025 y julio de 2026, sus cuentas registraron ingresos por $203.171.812,23 y egresos por $127.575.705,24, sin respaldo económico formal, según la imputación. También se identificaron 59 transferencias a Paula Makarena Bórquez por un total de $22.329.000.
En cuanto a los bienes, se le atribuyó la administración de un Volkswagen Suran. La acusación también mencionó comunicaciones vinculadas con un procedimiento en el que se habría secuestrado una importante cantidad de estupefacientes.
El magistrado dispuso su prisión preventiva en un establecimiento penitenciario por 180 días.
Jorge Manuel Ulloa: la base operativa de Esperanza Trucks
A Ulloa se le atribuyó integrar la conducción de la organización y aportar una base operativa en el lubricentro Esperanza Trucks, señalado por la Fiscalía como un lugar de recepción, acopio y reuniones.
La investigación también puso el foco en los movimientos de dinero y vehículos vinculados con el establecimiento. Entre ellos, se mencionó una Toyota SW4 que habría adquirido por $43 millones y una Volkswagen Amarok que habría administrado.
La resolución detalló transferencias recibidas de Aldo Rubén Herrera por $9.143.500 y movimientos de dinero con Cristian Sebastián Ibáñez. También consignó operaciones con otras personas mencionadas en la investigación.
Para el juez, la función que se le atribuye en el establecimiento comercial y sus vínculos económicos justificaron la prisión preventiva en un establecimiento penitenciario por 180 días.
Cristian Sebastián Ibáñez: vehículos y adquisición de bienes de alto valor
Ibáñez fue señalado como otro de los presuntos integrantes de la conducción. La Fiscalía le atribuyó participación en reuniones realizadas en el lubricentro, disponibilidad de vehículos de la organización y aplicación de fondos a la adquisición de bienes de elevado valor económico.
Entre las operaciones mencionadas se encuentra la compra de una Volkswagen Amarok por $65 millones, en agosto de 2025, y de una Ford F150 por $5 millones. También se le atribuyó la administración de una Dodge RAM, una Ford Ranger y un BMW 118i, entre otros rodados.
La acusación indicó, además, que habría recibido transferencias de Ulloa y Herrera. En la investigación patrimonial vinculada con Lázaro Báez, Ibáñez aparece identificado como un operador territorial del entorno del empresario.
El juez ordenó su prisión preventiva en un establecimiento penitenciario por 180 días.
Los otros cinco imputados: finanzas, logística y acopio
La resolución también individualizó las tareas que habrían cumplido Pedro Nahuel Leal, Paula Makarena Bórquez, José Ariel Silva, Aldo Rubén Herrera y Valentina Micaela Devetac. Sus intervenciones, según la hipótesis fiscal, estuvieron relacionadas con el funcionamiento operativo del grupo, la administración de dinero, el uso de vehículos y la recepción de transferencias.
Pedro Nahuel Leal: tareas operativas y acopio de droga
A Leal se le atribuyeron funciones operativas vinculadas con Esperanza Trucks y el acopio de estupefacientes. Su domicilio, ubicado en Madame Curie 2436 de Río Gallegos, fue allanado el 10 de noviembre de 2026.
Durante el procedimiento se secuestraron 725 gramos de cocaína y 1.305 gramos de cannabis, además de dos balanzas, de acuerdo con lo consignado en la resolución.
La Fiscalía también le atribuyó la administración de varios vehículos, entre ellos un Volkswagen Gol Trend, un Ford Focus, un Volkswagen Suran y un Volkswagen Gol. En el aspecto financiero, se identificaron ingresos por $84.451.721 y egresos por $69.205.004,71 mediante billeteras virtuales, sin respaldo económico formal.
Además, habría realizado transferencias a Juan Pablo Bórquez, Paula Makarena Bórquez y otras personas vinculadas con la investigación.
El juez dispuso su prisión preventiva en un establecimiento penitenciario por 180 días.
Paula Makarena Bórquez: el circuito de las billeteras virtuales
La Fiscalía le atribuyó a Paula Makarena Bórquez un papel relevante en la circulación y administración de fondos. Según la resolución, entre el 1° de diciembre de 2025 y el 7 de julio de 2026 habría administrado, mediante billeteras virtuales, ingresos por $415.254.149,87 y egresos por $290.471.536,16, sin respaldo económico formal.
También se le atribuyó la administración de un Fiat 500 y un Ford Focus. La investigación identificó transferencias con otros imputados, entre ellos Juan Pablo Bórquez, Pedro Nahuel Leal y Jorge Manuel Ulloa.
A diferencia de los cinco acusados para quienes se ordenó prisión preventiva en una cárcel, el juez dispuso para ella la modalidad domiciliaria en un inmueble de Junín 733, en Río Gallegos. La medida incluye una presentación semanal ante la Oficina Judicial y la prohibición de mantener contacto con otras personas involucradas en la causa.
La resolución contempló, además, una autorización para concurrir a su lugar de trabajo y trasladar a su hija menor a la guardería, con la presentación de la documentación correspondiente y bajo las condiciones fijadas por el magistrado.
José Ariel Silva: una persona de confianza y el movimiento de vehículos
A Silva se lo describió como una persona de confianza del grupo. Según la hipótesis fiscal, tenía a su cargo abrir y cerrar el lubricentro y compartía vehículos utilizados en el circuito investigado.
La resolución también le atribuyó la administración de un Volkswagen Gol Trend. Su intervención fue considerada de menor intensidad al momento de evaluar las medidas de coerción.
Por ese motivo, el juez no ordenó su prisión preventiva. Dispuso que se sometiera al proceso mediante una promesa de sometimiento y que no mantuviera reuniones ni comunicaciones con los restantes imputados y otras personas involucradas en las maniobras investigadas.
Aldo Rubén Herrera: reuniones y transferencias de dinero
Herrera habría participado en reuniones realizadas en el lubricentro Esperanza Trucks y aportado fondos a Ulloa y Paula Makarena Bórquez mediante transferencias reiteradas.
Entre los movimientos identificados, la resolución mencionó transferencias a Ulloa por $10.243.500 y a Bórquez por $1.334.500. También se le atribuyó la adquisición y administración de un Toyota Corolla, incorporado a su patrimonio en julio de 2025.
Al igual que Silva, quedó sujeto a una promesa de sometimiento al proceso y a la prohibición de mantener contacto con los demás imputados y las personas vinculadas con las maniobras investigadas.
Valentina Micaela Devetac: intervención secundaria en las maniobras financieras
La situación de Valentina Micaela Devetac fue diferenciada de la de los otros ocho imputados. La Fiscalía no le atribuyó la conducción del circuito de comercialización ni la participación directa en los hechos de venta de estupefacientes descriptos en la resolución.
Su imputación se relaciona con la presunta facilitación de una billetera virtual de Mercado Pago para recibir transferencias de Cristian Sebastián Ibáñez, su pareja. Según el expediente, entre el 2 de diciembre de 2025 y el 24 de octubre de 2026 habría recibido por esa vía $9.670.000.
El Ministerio Público Fiscal sostuvo que el conocimiento que le atribuye sobre el origen de los fondos podría inferirse de la convivencia con Ibáñez, el nivel de vida que mantenían y la falta de respaldo económico formal de los movimientos registrados.
El juez la consideró una presunta partícipe secundaria en las maniobras patrimoniales y dispuso que se sometiera al proceso mediante una promesa de cumplimiento y la prohibición de contacto con los demás involucrados.
Qué hechos de narcotráfico investiga la Justicia
La resolución reproduce tres hechos que la Fiscalía atribuyó a ocho de los nueve imputados: Agüero, Juan Pablo Bórquez, Ibáñez, Leal, Paula Makarena Bórquez, Ulloa, Silva y Herrera. Devetac aparece vinculada a las maniobras patrimoniales, con una participación secundaria.
El primer episodio se relaciona con la presunta comercialización de 66,43 gramos de clorhidrato de cocaína a Gonzalo Agustín García Bistritsky. La sustancia fue encontrada el 22 de diciembre de 2025 durante un allanamiento en un domicilio de la calle Héctor Fadúl al 455, en Río Gallegos.
El segundo hecho se refiere a otros 439,88 gramos de cocaína que habrían sido comercializados a Carlos Mauricio Audicio. La sustancia fue encontrada el 9 de abril de 2026, durante una inspección realizada en su domicilio de Pionero Joaquín González al 515, luego de que se hallara allí su cuerpo sin vida.
El tercer episodio corresponde al hallazgo de 1.305 gramos de cannabis y 725 gramos de cocaína en la vivienda de Leal, durante el allanamiento del 10 de noviembre de 2026.
La investigación también contempla las maniobras patrimoniales que, según la hipótesis fiscal, habrían permitido administrar y movilizar fondos mediante cuentas bancarias, billeteras virtuales y vehículos.
Prisión preventiva, medidas de coerción y plazo de investigación
El juez Claudio Marcelo Vázquez dispuso prisión preventiva por 180 días para Agüero, Juan Pablo Bórquez, Ulloa, Ibáñez y Leal, quienes deberán permanecer en un establecimiento penitenciario. Para Paula Makarena Bórquez estableció prisión domiciliaria, mientras que Silva, Herrera y Devetac quedaron sujetos a medidas alternativas y a la prohibición de mantener contacto con los demás involucrados.
Además, la resolución ordenó el secuestro y embargo preventivo de 18 vehículos vinculados con los imputados, entre ellos camionetas Volkswagen Amarok, Toyota SW4, Dodge RAM y Ford Ranger, además de automóviles de distintas marcas. Varios de esos rodados se encontraban registrados a nombre de terceras personas.
También autorizó la extracción y preservación de los datos de los dispositivos electrónicos secuestrados y amplió el levantamiento del secreto bancario y financiero de los nueve imputados desde el 1° de enero de 2025 hasta la finalización de la investigación preparatoria.
El plazo de investigación quedó establecido en dos años desde la formalización del 12 de noviembre de 2026. La causa mantiene su declaración de complejidad, dispuesta el 4 de agosto de ese año.
La calificación legal comunicada por la Fiscalía comprende, de manera provisoria, tenencia de estupefacientes con fines de comercialización y comercialización agravada por la intervención de tres o más personas, asociación ilícita y lavado de activos. La investigación continúa para determinar el alcance de las maniobras, el origen de los fondos y la responsabilidad que pudiera corresponder a cada imputado.
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