Caso del soldado que se quitó la vida en Olivos: una de las detenidas trabajaba en un municipio

Una de las detenidas en la causa contra la banda que realizaba extorsiones desde la cárcel mediante aplicaciones de citas, y cuya víctima fue el soldado Rodrigo Gómez, quien se suicidó en diciembre pasado en el interior de la Quinta de Olivos, trabajaba en el Municipio de Morón. Se trata de Karen Yael Cufré, quien se desempeñaba como empleada en el Centro de Monitoreo de la Secretaría de Seguridad de Morón hasta su detención.

En un comunicado, las autoridades del municipio indicaron que Cufré “fue incorporada en 2025 como personal temporario conforme los procedimientos habituales y sin antecedentes penales al momento de su ingreso, tal como se le solicitara”.

No obstante, ante la muerte del soldado y la investigación que confirma las extorsiones que recibió Gómez de esta banda, en la que participaba Cufré, “se dispuso su cesantía inmediata”.

El escrito señala que la cesantía ocurrió semanas atrás, estimativamente a comienzos de febrero, aunque la información se difundió recién en las últimas horas. “El Municipio ratifica su plena colaboración con la Justicia para el esclarecimiento de la causa”, añade el comunicado.

Según la pesquisa, la banda estaba liderada por dos hombres alojados en la Unidad N°36 de Magdalena, junto a otro interno de la Unidad N°26 de Lisandro Olmos y cuatro mujeres.

En este marco, a los imputados se les atribuyó haber conformado, con distintos niveles de participación, una asociación criminal dedicada de manera organizada y habitual a obtener la entrega, envío, depósito o transferencias de bienes o dinero mediante intimidación, simulación de autoridad pública y/o invocación de una orden falsa, además de tres hechos de extorsión.

A los cabecillas también se les imputó la instigación al suicidio del granadero Gómez, según el parte del portal Fiscales. La investigación indica que la organización creaba perfiles falsos de mujeres en aplicaciones de citas —entre ellas “Evermatch”— para contactar a las víctimas y derivar la conversación a WhatsApp.

Luego, desde el número de la supuesta mujer, las víctimas recibían un mensaje de audio de quien decía ser su madre, advirtiéndoles que la joven era menor y que presentaría una denuncia en su contra.

Después, recibían un llamado de una persona que simulaba ser efectivo de la Policía de la Ciudad de Buenos Aires, cuya identidad era usurpada, para informar que la madre estaba por denunciarlos y exigirles transferir dinero bajo el pretexto de “ayudar con la situación” y evitar la denuncia.

Con base en las pruebas reunidas, se comprobó que la organización participó en tres hechos. El primero afectó al soldado, a quien obligaron a transferir $1.413.000 a dos cuentas de Mercado Pago el 15 de diciembre pasado.