El gobierno provincial tomó la decisión unilateral de establecer el aumento salarial para el personal de la policía y el servicio penitenciario, tras más de 40 días de medidas de fuerza y sin que hasta el momento exista aceptación formal por parte de los autoconvocados y el Consejo del Salario. El ministro de Seguridad, Pedro Pródromos, brindó detalles de la medida y advirtió sobre las consecuencias para quienes no se presenten a trabajar.
“Estamos hablando de la resolución 342/26, donde se da el aumento de sueldo, estamos trabajando ahora para que salga el decreto. No tiene que haber una aceptación porque la resolución ya está, se resolvió que se va a dar el aumento”, sostuvo el ministro en diálogo con LU12 AM 680.
De la misma manera, agregó: “Tuvimos siete mesas del salario, quince propuestas que fueron negativas. Este aumento es uno de los tres mejores a nivel del país, junto a Córdoba y Neuquén, estamos en el segundo lugar de los mejores sueldos del país a nivel agente de policía”.
Cabe destacar que las comisarías de la provincia están paradas, realizan las tareas mínimas, las instalaciones están cubiertas de pancartas y carteles con escritos alusivos al reclamo y, según había comentado una fuente consultada por La Opinión Austral, el acatamiento es del 95%.
Pródromos fue contundente respecto a la situación a partir de este lunes: “El que no se presente a trabajar, se le van a empezar a descontar los días. Estamos evaluando también el mes pasado, hay un código de operatividad: si no trabajas no se te paga”.
Sobre las acusaciones de que la cadena de mando se encuentra rota, respondió: “La cadena de mando está escrita legalmente. Si hacen caso omiso a lo que diga el superior, por escrito, y no lo cumplen, entra en una sanción disciplinaria. Que ellos digan que está rota es una situación de ellos, pero la legalidad se tiene que respetar”.
Además, el funcionario apuntó fuertemente contra los líderes de la protesta: “En las últimas reuniones hubo actitudes violentas, rompieron vidrios, entraron agresivamente cuando había personal civil del Ministerio que no está acostumbrado a eso. El diálogo ya se dio, siete meses y quince propuestas”.
Señaló además al principal referente: “Es una persona procesada por el juez federal Vázquez, próximamente va a juicio, y no tiene estado policial. Se hace llamar comisario retirado, pero no debería estar liderando esta medida, y eso no corresponde. La Justicia Federal tiene que mirar estas acciones”.
También advirtió sobre injerencias externas: “Hay una parte de la política de la oposición trabajando con esta gente, están politizando la institución policial y eso no va a pasar, lo vamos a denunciar”.
Por otro lado, manifestó: “Persecuciones no habrá, seguramente sanciones disciplinarias sí, pero persecuciones no, eso queda descartado. Ellos tomaron la decisión de hacer un autoacuartelamiento disfrazado de autoconvocatoria, ahora tienen que asumir las consecuencias, porque si no va a volver a pasar lo mismo”, remarcó.
Aclaró que no habrá cambios en la cúpula policial, pero que una vez levantada la medida el gobernador se reunirá con distintas jerarquías: “No con los autoconvocados, sino con el personal en general”.
Asimismo, la provincia cuenta con cerca de 6.000 efectivos, por encima de la recomendación de la ONU, y se planea reubicar personal de áreas burocráticas a tareas de calle. Mientras tanto, ya se coordina el apoyo de fuerzas federales: “Tenemos un acuerdo por 180 días con Policía Federal, Gendarmería, Prefectura y Policía de Aeronáutica, que tienen jurisdicción nacional y pueden intervenir en todo el territorio”.
Sobre la seguridad en zonas críticas como la norte, indicó: “Hay personal con vocación de servicio que sigue trabajando. Los hechos que se registraron son por personas con antecedentes, que actúan igual con o sin toda la fuerza desplegada”.
Finalmente, comentó a LU12 AM 680: “Pedimos que consulten con sus abogados si la medida es legal, porque las responsabilidades son individuales. Hicimos el máximo esfuerzo posible, no vamos a prometer lo que no podemos cumplir. Necesitamos que vuelvan a la calle, que apliquen la vocación de servicio y cuiden al vecino”, concluyó el ministro.
Hasta el momento las carpas siguen instaladas frente a Casa de Gobierno y Jefatura de Policía, mientras se espera la publicación oficial del decreto y se monitorea el grado de acatamiento de la orden de presentarse a trabajar.
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