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Lo que en un primer momento fue presentado como un episodio confuso ocurrido en el ámbito privado, en las últimas horas se transformó en una causa de alto impacto judicial en Río Gallegos. El caso del disparo que dejó herida a una joven en el barrio Evita dio un giro significativo en las últimas horas, luego de que la víctima ampliara su declaración, denunciara un contexto sostenido de violencia de género y el efectivo policial involucrado fuera nuevamente demorado por orden de la Justicia.
Tal como lo adelantó La Opinión Austral, el hecho se remonta al pasado 18 de marzo, cuando un llamado de emergencia alertó sobre una mujer herida en una vivienda ubicada sobre la calle Ortega y Gasset al 300. Al llegar, efectivos de la Comisaría Sexta encontraron a S.O., de 25 años, con una herida de arma de fuego en el muslo de la pierna izquierda. A pesar de la gravedad del episodio, la joven se encontraba consciente y fue trasladada al Hospital Regional, donde quedó fuera de peligro.
En la escena también se encontraba su pareja, el agente policial N.M., de 27 años, quien fue demorado inicialmente y luego recuperó la libertad tras fijar domicilio, quedando supeditado a la causa. En ese momento, la hipótesis principal giraba en torno a un posible accidente durante la manipulación del arma reglamentaria, en medio de una discusión.
Sin embargo, con el avance de la investigación y, sobre todo, tras la ampliación del testimonio de la víctima en la Comisaría de la Mujer, el escenario cambió de manera contundente. La joven descartó cualquier versión de accidente o intento de suicidio y denunció que el disparo se produjo en un contexto de violencia ejercida por su pareja.
En un descargo público que rápidamente generó repercusión, la víctima relató una historia marcada por agresiones constantes. “Vivía con miedo”, expresó al describir un vínculo atravesado por violencia verbal, física y psicológica, que -según sostuvo- se intensificaba en situaciones de consumo de alcohol.
Respecto al episodio puntual, fue categórica: afirmó que durante una discusión el efectivo cargó su arma reglamentaria y se abalanzó sobre ella, produciéndose el disparo en medio de un forcejeo. Pero fue más allá: acusó al policía de intentar encubrir lo sucedido, manipular la escena y construir una versión falsa para desviar la investigación.
“Esto no fue un accidente. Fue un intento de homicidio”, sostuvo con firmeza, al tiempo que manifestó temor por su vida y reclamó justicia. Sus palabras no solo aportaron un nuevo eje a la causa, sino que también pusieron en evidencia la complejidad del caso, donde se entrecruzan el uso de un arma reglamentaria, una relación de pareja y posibles situaciones de violencia de género.
Ante este nuevo escenario, la Justicia avanzó con nuevas medidas y, en la noche del martes, dispuso la demora del acusado, lo que marca un cambio en la valoración del caso y en la gravedad de los hechos investigados. El expediente continúa en manos del Juzgado de Instrucción N° 2, a cargo de la jueza Yamila Borquez, que deberá determinar responsabilidades en base a las pericias, testimonios y elementos recolectados.
En paralelo, la Policía de Santa Cruz inició un sumario administrativo interno para analizar la conducta del efectivo y establecer si existieron irregularidades en el uso del arma reglamentaria, un aspecto clave que podría derivar en sanciones disciplinarias independientemente del curso judicial.
Mientras tanto, peritos de la División Gabinete Criminalístico y efectivos de la DDI continúan trabajando sobre la escena y los elementos secuestrados, con el objetivo de reconstruir con precisión cómo se produjo el disparo. La mecánica del hecho será determinante para establecer si se trató de un episodio accidental o de un acto intencional.
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