El Clan de Lázaro Báez: del estanciero Oscar Núñez, condenado por robo de ganado, a “Budín”, el enlace narco, también en la mira

El juez federal Claudio Vázquez, titular del Juzgado Federal de Río Gallegos, habilitó la investigación penal preparatoria del fiscal Julio Zárate contra once personas que apunta a una presunta organización dedicada a administrar, explotar y disponer de bienes y fondos de origen ilícito. La maniobra habría involucrado inmuebles, establecimientos rurales, sociedades comerciales, alquileres y movimientos financieros, incluso sobre activos alcanzados por decomisos, embargos o medidas de administración judicial, vinculadas a la Ruta del Dinero K.

Según pudo conocer La Opinión Austral en base al expediente judicial de 71 páginas al que accedió, en el centro de la estructura, la Fiscalía ubicó a Lázaro Báez, a quien le atribuyó el rol de jefe u organizador. A su alrededor identificó personas que habrían cumplido funciones de enlace, administración territorial, manejo de dinero, custodia de bienes y operaciones comerciales. Entre ellas aparece su pareja Claudia Insaurralde, Oscar Raúl Núñez, condenado a diez años de prisión por la megacausa de abigeato en Santa Cruz, y Cristian Sebastián Ibáñez alias “Budín”, señalado también en la investigación por narcotráfico.

Los once nombres y las funciones que les atribuye la Fiscalía

Lázaro Antonio Báez: el presunto jefe de la estructura. La acusación sostiene que, aun estando detenido en la cárcel de Ezeiza, habría impartido instrucciones desde el establecimiento penitenciario para administrar y disponer de bienes vinculados con su patrimonio. Las comunicaciones telefónicas bajo investigación lo relacionarían con Claudia Insaurralde y Cristian Ibáñez, quienes habrían ejecutado decisiones sobre alquileres, explotaciones rurales y otros activos. Entre las operaciones mencionadas figuran la percepción de arrendamientos del edificio Koonek, ubicado en Zapiola 55 de Río Gallegos, y la explotación de las estancias Alquinta y La Entrerriana.

Claudia Noemí Insaurralde: el enlace y la administradora. La Fiscalía le atribuyó la transmisión de instrucciones y la gestión de inmuebles y fondos. Entre los hechos investigados aparece el alquiler de una unidad del edificio Koonek, cuya titularidad correspondería a la Corte Suprema de Justicia de la Nación, sin un contrato escrito. También se analizaron transferencias que habría recibido de Ibáñez por $5.100.000 y de Mauro Trevisan Godfrid por $2.000.000, además de su intervención en la percepción de alquileres de un inmueble de la calle Alberdi 779.

Cristian “”Budín” Ibáñez: el principal operador territorial. La acusación lo ubicó como una pieza central en la ejecución material de las decisiones patrimoniales. Le atribuyó la administración de las estancias Alquinta y La Entrerriana, la organización de tareas rurales, el manejo de personal y la percepción de alquileres de unidades del edificio Koonek. También habría intervenido en la negociación de dos galpones por unos $250 millones y en movimientos financieros superiores a los $65 millones. En la causa conexa por narcotráfico, Ibáñez también fue señalado como integrante de la conducción de la organización, con participación en reuniones, disponibilidad de vehículos y aplicación de fondos a la compra de bienes de alto valor.

Fausto Ignacio Devetac: el operador logístico. Según la hipótesis fiscal, habría tenido bajo su custodia llaves de la estancia Alquinta y de un predio vinculado con Kank y Costilla S.A., ubicado en avenida Gobernador Gregores 650. También se le atribuyó haber intervenido en el traslado de maquinaria alcanzada por medidas judiciales y haber recibido transferencias de otros investigados. Su función habría estado relacionada con el acceso, la custodia y el movimiento material de bienes.

Jorge Manuel Ulloa: el operador financiero. La investigación puso el foco en el volumen de operaciones que habría realizado mediante cuentas bancarias y billeteras virtuales. Entre diciembre de 2025 y agosto de 2026 se identificaron 461 débitos por más de $260 millones y 284 créditos por $219,7 millones. También se señalaron retiros de efectivo concentrados en períodos breves y pagos por $6,28 millones al Casino de Buenos Aires mediante códigos QR. En la causa por narcotráfico, Ulloa aparece además como uno de los integrantes de la conducción y habría aportado el lubricentro Esperanza Trucks como lugar de recepción, acopio y reuniones.

Jorge Elías Agustín Agüero: el enlace patrimonial. En esta causa, la Fiscalía le atribuyó tareas de localización, verificación y disposición de bienes vinculados con Báez. Entre otros hechos, habría inspeccionado maquinaria en Córdoba en noviembre de 2024 y coordinado su eventual traslado. También se investigó su intervención para disimular la titularidad o disponibilidad de un Ford Mondeo registrado a nombre de Báez y con pedido de secuestro vigente. Su nombre aparece asimismo en la causa por narcotráfico: allí fue señalado, junto con Juan Pablo Bórquez, como uno de los conductores del circuito de provisión y distribución de cocaína.

Oscar Raúl Núñez: el operador comercial y rural. El empresario ganadero, que cumple una condena firme de diez años de prisión por la megacausa de abigeato en Santa Cruz, también quedó bajo investigación por su presunta participación en operaciones sobre bienes vinculados con Báez. La Fiscalía sostuvo que habría negociado junto con Ibáñez la disposición de dos galpones por aproximadamente $250 millones. Las comunicaciones analizadas incluirían conversaciones sobre el precio y las modalidades de pago, incluso mediante dinero o vehículos. También se le atribuyeron tareas de relevamiento de establecimientos rurales. Su nombre figuraba, además, en una lista manuscrita titulada “El Clan”, secuestrada en la celda de Báez.

Valentina Micaela Devetac: la titular de cuentas utilizadas para recibir fondos. La acusación le atribuyó haber facilitado seis cuentas bancarias y billeteras virtuales a su nombre, en las que habría recibido 44 transferencias de Ibáñez por un total de $9.670.000. En la investigación por narcotráfico también aparece vinculada: la Fiscalía sostuvo que habría prestado su billetera virtual para recibir dinero transferido por su pareja y le asignó una participación secundaria. No fue incluida entre las personas imputadas por los tres hechos específicos de comercialización y tenencia de estupefacientes descriptos en aquella causa.

Diego Ernesto Navarro: el custodio de documentación y bienes. Durante un allanamiento en su domicilio de Valentín Alsina 87, en Río Gallegos, se secuestró documentación societaria y agropecuaria de Austral Agro S.A. que estaba guardada en dos cajas de seguridad empotradas y disimuladas dentro de un mueble. En esos compartimentos también se encontraron armas de fuego cuya titularidad correspondería a Báez. La Fiscalía sumó a la investigación los registros de visitas que Navarro habría realizado al empresario en el penal de Ezeiza durante 2025 y 2026.

Paula Beatriz Godfrid: el vínculo con la explotación ganadera y financiera. La investigación analizó transferencias que habría realizado a Ibáñez por $16 millones y a Fausto Devetac por $250.000. También aparece como titular registral de aproximadamente 7.000 ovinos en la estancia Coronel Guarumba, bajo un contrato de capitalización con Austral Agro S.A. La Fiscalía cuestionó la correspondencia entre esas operaciones y su capacidad económica formal. No debe confundirse con Paula Makarena Bórquez, quien está imputada en la causa por narcotráfico.

Mauro Gastón Trevisan Godfrid: el canal de transferencias y la actividad lanera. La acusación le atribuyó movimientos de dinero hacia Ibáñez, Insaurralde y Fausto Devetac. Entre ellos, siete transferencias a Ibáñez por un total de $6.900.000 realizadas en poco más de cuatro minutos. También se investigó su vinculación con actividades agropecuarias y operaciones relacionadas con la comercialización de lana.

Cuatro nombres aparecen en las dos investigaciones

La causa patrimonial y el expediente por narcotráfico tienen objetos procesales diferentes, aunque comparten algunos nombres y elementos de investigación. De los once imputados en el expediente que tiene a Báez como principal investigado, cuatro también fueron señalados en la causa por narcotráfico: Cristian Ibáñez, Jorge Ulloa, Jorge Agüero y Valentina Devetac.

En la investigación por drogas, la Fiscalía describió una organización presuntamente dedicada al tráfico de estupefacientes y al lavado de las ganancias mediante cuentas bancarias, billeteras virtuales y bienes registrados a nombre de terceros. La conducción habría estado integrada por Agüero, Juan Pablo Bórquez, Ibáñez y Ulloa. En ese expediente también fueron imputados Pedro Nahuel Leal, Paula Makarena Bórquez, José Ariel Silva y Aldo Rubén Herrera. Valentina Devetac fue señalada por su intervención secundaria en maniobras financieras.

La diferencia entre las dos causas es importante: no todos los integrantes del denominado “Clan” están acusados de narcotráfico, y tampoco todos los imputados en el expediente por drogas forman parte de la lista de once investigados por las maniobras patrimoniales atribuidas al entorno de Báez.

Prisión preventiva para siete

El juez Claudio Vázquez formalizó la investigación penal preparatoria por un plazo de dos años, en función de la complejidad del expediente y de las diligencias pendientes. Además, dispuso medidas de coerción por 180 días.

Báez, Insaurralde, Ibáñez, Fausto Devetac, Ulloa, Agüero y Núñez quedaron alcanzados por prisión preventiva y por la prohibición de mantener reuniones, recibir visitas o comunicarse con otras personas involucradas en las maniobras, tanto directamente como a través de terceros.

Para Valentina Devetac, Diego Navarro, Paula Godfrid y Mauro Trevisan Godfrid se dispusieron medidas alternativas: promesa de someterse al proceso, prohibición de salir del país sin autorización judicial, restricción de contacto con los demás investigados y presentaciones periódicas ante la Oficina Judicial. Devetac y Navarro deberán presentarse semanalmente; Godfrid y Trevisan Godfrid, cada quince días.

La resolución también ordenó medidas sobre el patrimonio investigado, entre ellas la inhibición general de bienes de Austral Agro S.A., el congelamiento de su cuenta recaudadora en el Banco Nación y el secuestro de una Ford Ranger Raptor. Además, dispuso la anotación de litis sobre 250 hectáreas en El Chaltén y que los alquileres de los inmuebles señalados sean depositados judicialmente.

La investigación continúa en etapa preparatoria. Las funciones y maniobras descriptas corresponden a la hipótesis fiscal y no constituyen una declaración de culpabilidad: la responsabilidad penal de cada imputado deberá determinarse durante el proceso.