Juicio contra Emilio Maldonado: “Queremos saber si habían personas que ocultaban los abusos sexuales”

Este miércoles a las 9 de la mañana, en la Cámara Oral de Río Gallegos, comenzará el segundo juicio por abuso sexual contra Emilio Maldonado, quien ya cuenta con una condena previa de 16 años de prisión. La nueva instancia judicial no solo amplía el número de víctimas, sino que también abre interrogantes sobre posibles responsabilidades institucionales y el rol del Estado.

El caso vuelve a sacudir a la capital santacruceña. Esta vez, con un escenario aún más complejo que el ya conocido en 2022, cuando Maldonado fue condenado por dos hechos ocurridos entre 2019 y 2020. Según detalló el abogado querellante Sergio Macagno, “yo he participado en el 2022 en el juicio debate y se ha logrado condenar a esta persona en 16 años por dos hechos que se habían producido en 2019-2020”.

Sin embargo, la nueva causa amplía el alcance de las denuncias. “En este caso hay nuevas víctimas, en este caso cuatro, y el periodo donde fueron sucediendo estos hechos de aprovechamiento de la vulnerabilidad de familias y esta persona haciéndose amigo, ayudando, lo buscaba en esa confianza poder acceder a las niñas; esto fue en el periodo 2016-2020”, explicó el letrado, trazando un patrón que, según la querella, se habría sostenido en el tiempo.

Las características de los hechos muestran una modalidad reiterada. “Son independientes, pero está vinculado como es el mecanismo que usaba esta persona para llevar a vulnerar sexualmente a las niñas. En este caso, estamos hablando de edades entre 4 y 9 años de aquella época”, agregó Macagno, subrayando la extrema vulnerabilidad de las víctimas.

El juicio que comienza no solo busca determinar la responsabilidad penal de Maldonado, sino también profundizar en un aspecto que la querella considera central: la posible existencia de encubrimientos o complicidades. En ese sentido, el abogado fue contundente al rechazar la posibilidad de un juicio abreviado. “Un juicio abreviado realmente no era algo que podía profundizar en esclarecer la verdad, porque aquí nos encontramos con que no ha sido entre privados o particulares esta situación cruel, lamentable y traumática, sino estamos hablando de una persona de alta exposición pública”.

La dimensión institucional del caso aparece como uno de los ejes más sensibles. “Él tenía disposición de recursos, no solo del Concejo Deliberante, sino también eventualmente del Ejecutivo municipal”, sostuvo Macagno, y añadió: “Aquí lo que queremos establecer es si esta persona ha actuado sola o si otras personas conocían o habrían participado también de estas conductas o bien ocultado este proceder”.

Para la querella, se trata de una problemática que excede lo individual. “Es una situación de una gravedad no solo institucional, social e íntima de las familias y de las víctimas en particular”, afirmó, remarcando el impacto múltiple del caso.

En esa línea, el rechazo al acuerdo abreviado respondió también a la necesidad de que el debate oral permita reconstruir todo el contexto. “Hubo una propuesta [de juicio abreviado] que de nuestra parte no aceptamos, de no darse el debate quedarían algunas cuestiones abiertas como en esto de cuántas personas sabían de estos hechos desde 2016”.

Desde el punto de vista jurídico, la querella anticipa que existen elementos agravantes significativos. “Claramente existen agravantes más allá del antecedente de condena firme, de la reincidencia clara en los mismos delitos”, sostuvo Macagno, dejando entrever que la expectativa de pena podría incrementarse considerablemente.

Posible condena

Respecto a la eventual condena, el antecedente reciente funciona como referencia. “Convengamos que por dos casos fueron 16 años, entendemos que esto se puede extender por lo menos a este otro tanto más mínimamente”, señaló el abogado, anticipando una posible ampliación de la pena.

Pero más allá del proceso judicial, el caso deja al descubierto una problemática social profunda. “Al romperse el circuito del miedo… se pudo lograr romper esa situación también cruel y traumática que es el silencio ante una injusticia”, destacó Macagno, en referencia al momento en que las denuncias comenzaron a salir a la luz.

El acompañamiento -o la falta de él- también quedó en el centro de la escena. “Había una defensa cerrada de los integrantes del grupo político de esta persona Maldonado, e inclusive las familias no la pasaron bien”, afirmó, evidenciando las tensiones que rodearon el caso.

Actualmente, las secuelas persisten. “Hoy día las familias todavía están penando, llevando adelante los tratamientos psicológicos de las niñas implicadas y atender necesidades socioeconómicas”, describió, planteando un reclamo concreto hacia el Estado.

En ese sentido, el abogado fue categórico: “Esto también merece una reflexión importante de las políticas públicas que deben implementarse, diseñarse y implementarse para que puedan salir adelante”. Y remató: “El Estado tiene que proveer esas herramientas porque para eso justamente existe el Estado, para eso justamente se eligen los gobernantes”.

Pese a todo, también destacó un cambio social. “Ha habido, creo yo, una madurez y un animarse de apoyarse justamente entre sí, las familias víctimas y otras personas que se han acercado”, señaló, valorando la red de contención que se fue construyendo. Aun así, advirtió que el camino es largo. “Es enorme todavía la tarea por delante y no hay que bajar los brazos en ningún sentido”, sostuvo.