Juicio por la muerte de dos changarines tras caer de una antena en Río Gallegos: este lunes se conocerá la sentencia

El viento de Río Gallegos suele ser un testigo implacable de la vida cotidiana, pero la mañana del 1 de febrero de 2019 se transformó en el escenario de una tragedia. Lo que debió ser una jornada más de trabajo para dos changarines terminó en un luto que hoy, años después, está a las puertas de una sentencia que promete marcar un antes y un después en los tribunales de Santa Cruz.

Este lunes al mediodía, las miradas estarán puestas en las instalaciones de la Cámara en lo Criminal de la Primera Cirscunscripción, ubicada en Malaspina 41. Allí, el tribunal presidido por la doctora María Alejandra Vila, junto a los vocales Jorge Yance y Fernando Zanetta, dará a conocer el veredicto contra Jorge Cruz, referente del espacio Proyecto Alternativo y exsecretario de Gobierno municipal.

Las víctimas de este entramado fueron Michael “Camaleón” Iturra y Diego Sosa. Dos jóvenes que perdieron la vida de forma trágica mientras intentaban montar una pesada antena de radio en la emblemática esquina de Comodoro Rivadavia y Comodoro Py. Según se ventiló a lo largo del debate oral, la estructura radial tenía un fin claro: difundir las propuestas políticas que Cruz pretendía impulsar de cara a los comicios de aquel año electoral.

Las audiencias dejaron en claro las dos posturas irreconciliables que conviven en el expediente. Por un lado, la acusación apuntó de manera unánime a la falta de idoneidad del personal y a la total ausencia de un deber de cuidado elemental para tareas de semejante riesgo.

La abogada Marta D’Avila, representante legal de la familia de Diego Sosa, fue tajante en sus alegatos al describir el escenario: “El exfuncionario sabía de los peligros del hecho, sabía que el personal no era idóneo. Era una bomba de tiempo”. Para D’Avila, existió una evidente violación de las normativas de seguridad, por lo que solicitó tres años de prisión para el dirigente.

Por su parte, el abogado Elian Smith, querellante en representación de Gisel Delgado (familiar de Michael Iturra), reforzó la teoría de que la tragedia era perfectamente evitable “si se hacían los trámites correspondientes”, una frase que el propio Cruz pronunció durante su declaración indagatoria, asumiendo implícitamente la informalidad del operativo.

Smith argumentó que el único responsable de la maniobra era el exfuncionario, catalogando el hecho como una “negligencia criminal” y solicitando también la pena de tres años, mientras que pidió que el otro imputado en la causa, Rubén Rogelio Romero, fuera considerado apenas como un partícipe secundario.

Sin embargo, el momento de mayor tensión en el recinto se vivió cuando la fiscal de Cámara, Verónica Zuvic, tomó la palabra. Zuvic sorprendió a los presentes -provocando un gesto de asombro y cejas levantadas en el propio Cruz- al solicitar la absolución total para Romero, quien presenció el juicio de manera virtual desde Paraná, Entre Ríos, defendido por el doctor Emin Charif Sat.

La estrategia de la fiscalía fue concentrar toda la responsabilidad penal en la figura de la máxima referencia política del proyecto: “Cruz fue quien impulsó este proyecto y mantuvo una intervención directa en los trabajos. Todos indicaron que fue Cruz quien contrató a Iturra, aunque no hubiera un contrato firmado”, sentenció la fiscal.

Ante la atenta y reprobatoria mirada de Gabriel Giordano, abogado defensor de Cruz, Zuvic elevó la apuesta y solicitó formalmente la pena de cuatro años de prisión de cumplimiento efectivo. Como era de esperarse, las defensas técnicas solicitaron las absoluciones de sus pupilos, alegando la inexistencia de delito penal o deslindando las responsabilidades directas en el fatídico accidente.

Más allá de los tecnicismos legales, los cruces entre abogados y las estrategias de pasillo que caracterizan a los tribunales, el corazón de la causa sigue latiendo en el dolor de los seres queridos de las víctimas. Es el dolor sordo de las familias trabajadoras que se enfrentan a las estructuras de poder y que deben esperar años para recibir una respuesta institucional.

En la previa del veredicto, Zulma Valdez, la madre de Diego Sosa, rompió el silencio en una desgarradora charla con La Opinión Austral. Con la voz gastada por el paso del tiempo pero con una firmeza inquebrantable, la mujer resumió el sentir de todo un entorno familiar que ya no resiste más dilaciones: “Ya no tengo palabras, ya se dijo lo que se tenía que decir. Solo me queda pedir justicia, para que mi familia pueda estar bien y que mi hijo descanse en paz. Justicia, justicia, justicia”.