La mujer que raptó y torturó a su ex en Río Gallegos sigue tras las rejas y arriesga hasta 15 años de cárcel si agravan la acusación

La comunidad de Río Gallegos continúa conmocionada tras salir a la luz uno de los episodios de violencia de género e institucional más aberrantes de los últimos tiempos en la capital santacruceña. Durante catorce días, una joven de 23 años permaneció privada de su libertad, incomunicada y sometida a tormentos físicos y psicológicos aberrantes dentro de una vivienda particular.

A medida que corren los plazos judiciales para resolver la situación procesal de la acusada, K. Romero, la atención está puesta en el fuero penal: la imputada permanece bajo estricta detención en la Escuela de Policía y enfrenta un escenario judicial que podría endurecerse drásticamente si la magistrada interviniente accede al pedido de recalificar el expediente como una tentativa de femicidio, delito que contempla penas de hasta 15 años de prisión.

Tal como lo informó La Opinión Austral, la pesadilla llegó a su fin el pasado miércoles 30 de septiembre. En un acto de desesperación y valentía, la víctima logró aprovechar un mínimo descuido de su captora para escapar a la vía pública. Corriendo por las calles del barrio, la joven suplicó la ayuda de los vecinos, quienes de inmediato le brindaron cobijo, contención y alertaron tanto a las fuerzas de seguridad como al servicio de emergencias médicas.

Al arribar al nosocomio local, el cuerpo médico constató el cuadro dantesco al que había sido sometida. Las pericias y los testimonios recabados confirmaron que durante el tiempo de encierro la agresora ejerció sobre ella una violencia atroz: le provocó severas quemaduras en distintas partes del cuerpo utilizando una plancha de ropas y la atacó de manera reiterada con herramientas de mano, entre ellas un martillo y un destornillador, ocasionándole múltiples heridas de consideración y un trauma psicológico profundo.

Tras la denuncia formal y el despliegue de las medidas de prueba, la División de Investigaciones (DDI) de Río Gallegos, bajo las directivas del Juzgado de Instrucción N° 2, ejecutó un allanamiento en el inmueble donde se concretó el cautiverio. Durante el procedimiento se concretó la detención de K. Romero, quien fue puesta de inmediato a disposición de la Justicia.

Según pudo saber La Opinión Austral, el pasado sábado 3 de octubre, la acusada fue trasladada para prestar declaración indagatoria ante la jueza Yamila Bórquez. Desde entonces, permanece alojada y comunicada en las instalaciones de la Escuela de Policía, en las afueras de la ciudad, mientras corren los plazos legales para que la magistrada resuelva si dicta su procesamiento con prisión preventiva.

En las últimas horas, la víctima, identificada como Yamina, rompió el silencio en diálogo con La Opinión Austral para visibilizar la gravedad del caso y exigir que el accionar judicial esté a la altura de la barbarie sufrida. La joven y sus allegados expusieron que existía un historial previo de acoso, violencia, manipulación y hostigamiento sistemático que no fue frenado a tiempo por las instituciones, advirtiendo que la agresora lograba eludir el accionar de la justicia escudándose en supuestos padecimientos de salud mental.

Actualmente, la causa se encuentra caratulada bajo los delitos de privación ilegítima de la libertad y lesiones, un encuadre penal que, aun con los agravantes correspondientes, fijaría una pena en expectativa de hasta 6 años de cárcel. Sin embargo, el planteo central de la querella y el desesperado pedido de Yamina apuntan a un giro determinante en la causa: que la jueza Bórquez cambie la calificación legal a femicidio en grado de tentativa.

De prosperar este cambio de carátula en función de la saña y el peligro inminente de muerte que atravesó la víctima, K. Romero se enfrentaría a un juicio oral con un horizonte de condena que podría alcanzar los 15 años de prisión de cumplimiento efectivo, según lo que dicta el Código Penal Argentino vigente.