Más de quince personas fueron detenidas por tenencia de material de abuso sexual infantil en Río Gallegos

La capital de Santa Cruz atraviesa uno de los capítulos más sensibles y complejos de los últimos años en materia judicial. Durante 2025, más de quince personas fueron detenidas o quedaron seriamente comprometidas en causas vinculadas a la tenencia, producción y distribución de material de abuso sexual infantil, en el marco de investigaciones que expusieron una realidad inquietante: estos delitos no son excepcionales ni lejanos, sino que ocurren en el corazón mismo de los barrios y, muchas veces, puertas adentro.

El dato no surge de un único operativo ni de una causa aislada. Por el contrario, es el resultado de una sucesión de allanamientos, secuestros de dispositivos electrónicos y pericias informáticas que se desplegaron a lo largo del año, con la intervención de juzgados locales, fiscalías especializadas y organismos internacionales dedicados a la protección de la infancia.

La reiteración de procedimientos y la magnitud del material incautado encendieron señales de alarma tanto en la Justicia como en los ámbitos de prevención social.

La ofensiva comenzó a cobrar fuerza en el mes de abril, cuando la División Cibercrimen de la Policía de Santa Cruz demostró una celeridad poco habitual para los tiempos de la burocracia judicial. El 26 de ese mes, un operativo en la zona céntrica permitió identificar y detener al administrador de un grupo de WhatsApp que no solo distribuía contenido aberrante, sino que además añadía a menores de edad sin su consentimiento, exponiéndolos a imágenes de alto impacto. Gracias a herramientas de inteligencia de fuentes abiertas, los investigadores rastrearon la huella digital del sospechoso en apenas 24 horas, logrando que el juez Fernando Zanetta autorizara el ingreso a la vivienda donde se secuestraron notebooks, teléfonos y hasta consolas de videojuegos, estos últimos dispositivos cada vez más utilizados por los pedófilos para evadir los controles convencionales.

Uno de los hitos más relevantes se produjo en agosto, cuando la Policía de Santa Cruz ejecutó once allanamientos simultáneos en Río Gallegos, en el marco del operativo internacional “Aliados por la Infancia V”. La investigación, originada en España a partir de alertas emitidas por organismos especializados, abarcó a quince países y catorce provincias argentinas, dejando al descubierto una red transnacional dedicada al intercambio de material de abuso sexual infantil.

En Santa Cruz, el despliegue fue inédito. Participaron divisiones de Cibercrimen, Narcocriminalidad y Trata de Personas, bajo la coordinación del Ministerio Público Fiscal de la Provincia de Buenos Aires, a través de su Unidad Fiscal Especializada en Delitos Informáticos. Los procedimientos, ordenados por los Juzgados de Instrucción N° 2 y 3 y por el Juzgado Penal Juvenil de Río Gallegos, se realizaron en domicilios ubicados en distintos puntos de la ciudad, desde calles céntricas como Zapiola y Belgrano hasta barrios de la periferia como Madres a la Lucha, Ayres Argentinos y San Benito.

Como resultado, varias personas mayores de edad —de entre 20 y 42 años— quedaron demoradas y se incautó una gran cantidad de dispositivos tecnológicos: teléfonos celulares, pendrives, notebooks, discos externos, CPU, consolas de videojuegos y televisores, todos ellos con material considerado de interés para la causa. En paralelo, cuatro menores fueron puestos bajo resguardo judicial y, en uno de los domicilios allanados, se detectó la presencia de estupefacientes, lo que derivó en la intervención de la Justicia Federal.

Lejos de tratarse de un hecho aislado, los meses siguientes confirmaron la continuidad de este tipo de delitos. El 4 de noviembre, personal de la División Cibercrimen llevó adelante un allanamiento en un domicilio de la calle Marcelino López al 500, a partir de reportes internacionales remitidos por el National Center for Missing and Exploited Children (NCMEC). La medida, ordenada por el Juzgado de Instrucción Penal N° 1, permitió el secuestro de una importante cantidad de equipos informáticos que ahora son analizados mediante pericias técnicas especializadas.

Días más tarde, el 27 de noviembre, otro procedimiento se concretó en una vivienda de la calle Raúl Segovia, tras un nuevo reporte de la CyberTipline del NCMEC canalizado por la Unidad Especializada en Ciberdelitos del Ministerio Público Fiscal bonaerense. En ese caso, un hombre de 42 años quedó supeditado a la causa luego de que se incautaran teléfonos, notebooks, discos externos y otros soportes digitales. Si bien no se dispuso su detención inmediata, quedó a disposición de la Justicia mientras avanza el análisis del material secuestrado.

La seguidilla continuó en diciembre. El día 16, personal de la División de Investigaciones realizó allanamientos en el barrio Procrear, también vinculados a reportes internacionales por presunta tenencia y divulgación de material de abuso sexual infantil. Una vez más, el secuestro de dispositivos electrónicos fue clave para sostener la investigación, que sigue bajo la órbita del Juzgado de Instrucción N° 2 y la Fiscalía de Instrucción N° 1. Se trataba de un hombre que trabaja en una obra social y que, después de los plazos legales, recuperó su libertad.

Ese mismo día, por la tarde, se llevaron a cabo allanamientos simultáneos en departamentos ubicados sobre la calle Zapiola al 200, en el marco de una causa que se remonta a 2024. Las pericias realizadas sobre material incautado en aquel entonces permitieron detectar imágenes y videos de realización doméstica en los que aparecían menores de edad. El avance técnico de la investigación, apoyado en herramientas de análisis digital y técnicas OSINT, permitió identificar a las víctimas y los lugares donde se habrían producido los registros. Durante el operativo, el principal investigado fue aprehendido tras intentar destruir un teléfono celular y agredir a un efectivo policial, quedando detenido a disposición del Juzgado de Instrucción N° 1.

En todos los procedimientos se dio intervención a organismos de protección de la niñez, cumpliendo los protocolos vigentes para garantizar el resguardo de los menores involucrados. La complejidad de las causas, según reconocen fuentes judiciales, radica no solo en la gravedad de los hechos, sino en la sofisticación de las herramientas digitales utilizadas por los agresores.

La labor forense posterior a los allanamientos constituye el núcleo probatorio de las causas de MASI. En Río Gallegos, la División Cibercrimen ha perfeccionado el uso de protocolos ICACCOPS para el monitoreo de redes Peer-to-Peer (P2P). Estos sistemas detectan cuando un usuario comparte fragmentos de archivos previamente identificados con una “firma hash” que los cataloga como material de abuso infantil.

Sobre este punto, la defensora general del Tribunal Superior de Justicia de Santa Cruz, Romina Saúl, fue contundente. En declaraciones a LU12 AM680, afirmó que “este tipo de casos es más habitual de lo que se cree” y advirtió que el riesgo ya no está solamente en la calle. “Hoy el peligro está dentro de las casas, entre cuatro paredes, con un celular. Los agresores se esconden detrás de juegos en línea, redes sociales o perfiles falsos, y muchas veces construyen un vínculo durante meses”, explicó.

Saúl también recordó que el Código Penal argentino prevé penas de hasta cuatro años de prisión por la tenencia de material de abuso sexual infantil, con sanciones más graves para quienes producen o distribuyen ese contenido. “Cada clic, cada descarga, alimenta una cadena de violencia. No es un delito sin víctimas: detrás de cada imagen hay un niño que está siendo dañado”, remarcó, al tiempo que instó a la sociedad a denunciar cualquier conducta sospechosa y no mirar hacia otro lado.

La legislación nacional también ha intentado adaptarse a estas realidades. En 2025, el Congreso y diversos niveles del Ejecutivo han discutido reformas al régimen penal juvenil, motivados por casos que involucran a menores de 13 y 14 años en diversos delitos. En el ámbito específico de los delitos informáticos, el ordenamiento jurídico busca castigar con penas de 3 a 5 años de prisión la amenaza de difusión de material sexual (sextorsión) y la corrupción de menores mediante plataformas digitales.

Al cerrar el balance de este 2025, Río Gallegos emerge con una estadística agridulce. Si bien los doce allanamientos representan un éxito en términos de persecución penal, también revelan la profundidad de una problemática que no conoce de fronteras geográficas ni clases sociales. Los dispositivos secuestrados —que incluyen desde televisores Smart hasta decodificadores y memorias RAM— están siendo analizados por peritos informáticos, y se espera que la información allí contenida abra nuevas líneas de investigación para el 2026.