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Este lunes se cumplen exactamente dos semanas desde que el tablero judicial, político y social de la Patagonia volvió a sacudirse hasta sus cimientos con los primeros veintisiete allanamientos simultáneos por una presunta red de narcotráfico y lavado de activos que tiene en la mira al empresario Lázaro Báez como supuesto jefe de la estructura y a Cristian “Budín” Ibáñez señalado como su brazo ejecutor en el territorio.
Lejos de detenerse, la pesquisa federal inicia mañana lunes una nueva semana absolutamente determinante para el futuro del expediente: tras una reciente y contundente oleada de siete registros desplegados el último viernes en cuatro puntos estratégicos de Santa Cruz, los peritos y el equipo de trabajo del fiscal Julio Zárate se preparan para abrir y cruzar una montaña de evidencia física, contable y tecnológica que promete terminar de reconstruir la ruta del dinero, las armas y las operaciones patrimoniales bajo sospecha.
Tal como lo informó La Opinión Austral, el último golpe territorial se concretó el viernes 20 de noviembre y fue formalmente reportado a las 17:35 horas por la Jefatura de Región VII de Gendarmería Nacional, dependiente de la Secretaría de Seguridad del Ministerio de Seguridad Nacional.
Enmarcadas en el Legajo Fiscal Coirón N° 169831/26 y en el expediente FCR 17493/2026/2, las medidas incluyeron además la notificación de estrictas restricciones judiciales para los involucrados y abarcaron cientos de kilómetros a lo largo de la geografía provincial, con resultados diferenciados pero profundamente complementarios.
Según pudo saber La Opinión Austral, en la localidad carbonífera de 28 de Noviembre, los equipos federales concentraron uno de los hallazgos materiales más significativos de la jornada al secuestrar equipamiento informático y de telefonía, documentación de interés, dinero en efectivo, un camión y un acoplado. Para los investigadores, ese vehículo de carga pesada y los papeles asociados cobran un valor estratégico al momento de reconstruir la trazabilidad de los activos, los circuitos reales de transporte y el resguardo patrimonial de bienes que debían estar alcanzados por medidas cautelares.
Simultáneamente, en la villa turística de El Calafate la comisión interviniente incautó un rifle y municiones, mientras que en Río Turbio el saldo comprendió armas de fuego, municiones y diversos dispositivos electrónicos -jurisdicción donde además se dejó sin efecto uno de los procedimientos previstos por expresa disposición fiscal-. Hacia el flanco norte santacruceño, en Pico Truncado, la requisa permitió recoger un rifle, municiones, una mira telescópica y contratos privados, un tipo de respaldo documental indispensable para seguir el rastro de acuerdos comerciales, cesiones, arrendamientos o eventuales estructuras de cobertura, mientras que otros domicilios inspeccionados en esa ciudad no arrojaron novedades de relevancia.
El inventario consolidado de aquellos siete operativos dimensiona con absoluta nitidez la magnitud de lo reunido en el terreno y lo que ahora aguarda ser desmenuzado en los laboratorios forenses. En el plano armamentístico y vehicular, el balance totalizó seis rifles y una pistola, acompañados por cincuenta y tres municiones, además del camión con su acoplado, dinero en distintas monedas y abundante documentación.
A ese conjunto físico se suma un caudal determinante de soportes digitales –una computadora de escritorio, seis notebooks, siete teléfonos celulares, dos tablets y otros aparatos electrónicos– cuya extracción forense y posterior entrecruzamiento resultarán centrales para reconstruir conversaciones, planillas contables y nexos operativos entre los distintos actores investigados.
Detrás de esta ejecución en el terreno hubo una articulación técnica de alto nivel entre fuerzas federales: participaron activamente la Unidad de Investigaciones de Delitos Complejos y Procedimientos Judiciales, personal de UNIPROUSHUAIA y los especialistas de la Unidad Técnica de Criminalística y Estudios Forenses “Santa Cruz” de Gendarmería Nacional, brindando apoyo especializado a la Prefectura Naval Argentina (PNA).
Con el cierre de las tareas de campo de este viernes, la causa ingresa desde este lunes en una fase pericial y financiera decisiva, en la que la fiscalía buscará convertir cada contrato, cada archivo digital y cada bien incautado en prueba sustancial para delimitar responsabilidades penales.
El avance de estas diligencias se apoya sobre los contundentes elementos recolectados durante el estallido inicial del lunes 9 de noviembre, cuando veintisiete allanamientos realizados en Santa Cruz, la provincia de Buenos Aires y la propia celda de Lázaro Báez en el penal federal de Ezeiza dejaron al descubierto cómo el empresario habría seguido administrando, desde su lugar de reclusión, campos, hacienda y fondos alcanzanados por embargos, decomisos y restricciones judiciales.
En aquel primer relevamiento rural se contabilizaron noventa y seis bovinos y doscientos tres ovinos en la estancia La Entrerriana, además de mil trescientos ocho ovinos y seis bovinos en el establecimiento Alquinta, motivo por el cual el juez federal de Garantías de Río Gallegos, Claudio Marcelo Vázquez, ordenó preservar estrictamente las condiciones sanitarias y de alimentación de toda la hacienda.
Paralelamente, la Justicia dispuso la clausura preventiva del Lubricentro Truck y del Lavadero Esperanza Trucks, dos comercios investigados como presuntos puntos clave para el movimiento de dinero y el acopio de estupefacientes.
Por esta megacausa permanecen detenidos el propio Lázaro Báez junto a su pareja Claudia Insaurralde, Cristian Sebastián Ibáñez, Fausto Ignacio Devetac, Jorge Manuel Ulloa, Jorge Elías Agustín Agüero y Oscar Raúl Núñez.
En tanto, Valentina Micaela Devetac, Paula Beatriz Godfrid, Mauro Gastón Trevisan Godfrid y Diego Ernesto Navarro transitan el proceso en libertad, aunque sujetos a rigurosas reglas de conducta, presentaciones periódicas ante los estrados judiciales, prohibición de salida del país y la orden expresa de evitar todo contacto entre sí o con los demás imputados.
La solidez de la hipótesis acusatoria quedó expuesta en las escuchas telefónicas incorporadas al legajo, donde se registró a Báez impartiendo directivas precisas desde Ezeiza a Cristian Ibáñez y Claudia Insaurralde sobre el manejo de estancias, personal, alquileres, cobros y operaciones ganaderas. En uno de esos registros de audio, el empresario afirmó taxativamente: “El dueño de la historia soy yo“, mientras que en otra comunicación ordenó definir quién debía administrar la estancia La Entrerriana y advirtió que iba a “supervisar los dos lados”. A ello se sumó el secuestro en su celda de al menos veinticinco hojas manuscritas y un cuaderno con nombres propios, proveedores, abogados, cuentas y referencias detalladas a operaciones y deudas, junto con contratos de arrendamiento y listados de deudores.
Al cumplirse dos semanas de aquel sacudón inicial y con el eco aún fresco de los allanamientos del viernes en cuatro ciudades santacruceñas, la investigación federal entra a partir de este lunes en el terreno más fino y revelador de la pesquisa criminal. Cuando los peritos comiencen a abrir los discos rígidos, los celulares y los contratos incautados en 28 de Noviembre, Pico Truncado, Río Turbio y El Calafate, la Justicia terminará de desnudar si detrás de cada camión, cada arma y cada arrendamiento se escondía el engranaje financiero y operativo de una red que pretendía seguir operando en las sombras.
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