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A poco más de un mes de la trágica noche que conmocionó a la comunidad de Río Gallegos y encendió las alarmas sobre un presunto caso de violencia institucional de extrema gravedad, la investigación judicial por la muerte bajo custodia del trabajador boliviano Gilmar Claros Ferrel ingresa este fin de semana en una instancia probatoria determinante.

Según pudieron adelantar fuentes vinculadas al expediente a La Opinión Austral, este sábado 21 de noviembre, a partir de las ocho de la mañana, la Justicia llevará adelante una exhaustiva doble reconstrucción de los hechos en dos escenarios clave de la capital santacruceña, una medida impulsada directamente en función de los dichos aportados en su declaración por uno de los detenidos, uno de los tres efectivos policiales que permanecen detenidos por el crimen.

Carlos Alberto Coronel, Juan Carlos Torres y Carlos Alberto Tejada en el ingreso al juzgado. FOTO: MARTÍN MUÑOZ QUESADA/LA OPINIÓN AUSTRAL

De acuerdo con el cronograma dispuesto por las autoridades judiciales, el despliegue comenzará puntualmente a las 08:00 horas en el primer escenario de aquella fatídica secuencia: el complejo habitacional situado sobre la calle 14, entre 13 y 17, en la zona del barrio San Benito, lugar donde Claros Ferrel fue inicialmente interceptado y demorado por los uniformados.

Una vez concluida esa primera etapa de constatación física y testimonial en el terreno, la comitiva judicial y pericial se trasladará hacia las inmediaciones de la intersección de las calles 13 y 32, donde tiene asiento la División Comisaría Séptima, dependencia policial a la que fue conducido el vecino de 35 años y donde finalmente se certificó su fallecimiento.

El complejo donde ocurrió el primero suceso. FOTO: LEANDRO FRANCO/LA OPINIÓN AUSTRAL

El expediente que hoy tramita ante el Juzgado de Instrucción N° 3 de Río Gallegos, encabezado por el juez Gerardo Giménez, busca echar luz definitiva sobre una trama marcada desde el inicio por profundas contradicciones entre la versión oficial brindada en las primeras horas y la contundencia posterior de la ciencia forense. Todo comenzó la noche del viernes 16 de octubre de 2026, cuando tras una discusión doméstica entre Gilmar y su pareja, un menor acudió a pedir auxilio al gimnasio municipal Indio Nicolai.

Ante el alerta por un presunto episodio de violencia de género, una comisión policial se hizo presente en el domicilio. Según los reportes elaborados oportunamente por los propios uniformados, Claros Ferrel se encontraba en aparente estado de ebriedad y habría opuesto resistencia al procedimiento, motivo por el cual solicitaron refuerzos para reducirlo y trasladarlo hacia la Comisaría Séptima.

El juez Gerardo Giménez, hablando con La Opinión Austral. FOTO: LEANDRO FRANCO/ LA OPINIÓN AUSTRAL

Sin embargo, lo ocurrido desde el momento de la aprehensión abrió una brecha insalvable de sospechas. En un primer momento, la fuerza informó a los familiares que el trabajador había sufrido una descompensación y había muerto producto de un paro cardiorrespiratorio durante la madrugada.

No obstante, tanto los testimonios recolectados por la querella como el relato de sus allegados sostienen que Gilmar ingresó con vida a la seccional alrededor de las 22:00 horas y perdió la vida varias horas antes de que la policía notificara el deceso a su entorno.

La puerta de ingreso donde entró el menor a pedir ayuda. FOTO: LEANDRO FRANCO/LA OPINIÓN AUSTRAL

La verdad material sobre lo sucedido dentro de la órbita estatal emergió con crudeza días después, cuando el Cuerpo Médico Forense elevó el informe definitivo de la autopsia. El estudio técnico descartó de plano cualquier hipótesis de muerte natural y determinó que Gilmar Claros Ferrel murió por asfixia mecánica provocada por compresión cervical extrínseca, es decir, estrangulamiento. Lejos de tratarse de un hecho aislado, el examen médico reveló un estremecedor cuadro de violencia física previa al deceso: el cuerpo presentaba catorce lesiones externas recientes, tres hallazgos internos de gravedad, sangrado en el cuello y la laringe, sangre acumulada en la pared del estómago y nada menos que seis costillas fracturadas.

Frente a la magnitud de esos hallazgos forenses y para garantizar la absoluta transparencia del proceso, el juez Gerardo Giménez dispuso el inmediato apartamiento de la Policía de Santa Cruz de todas las tareas investigativas, delegando la totalidad de los peritajes y diligencias auxiliares en la Gendarmería Nacional Argentina.

Así se retiraba uno de los policías imputados del juzgado. FOTOS: JOSÉ SILVA/LA OPINIÓN AUSTRAL

En paralelo al avance de las pericias, la situación procesal de los uniformados involucrados dio un vuelco decisivo. De un grupo inicial de cinco efectivos que fueron separados preventivamente de la fuerza e investigados en la causa, el magistrado ordenó el pasado 8 de noviembre la detención formal de tres policías identificados como Juan Carlos Torres, Carlos Alberto Tejada y Carlos Alberto Coronel, mientras la representación querellante impulsa una severa imputación por los delitos de homicidio agravado y torturas.

La doble reconstrucción que se pondrá en marcha este sábado desde las ocho de la mañana entre la calle 14 y la Comisaría Séptima representa una prueba de fuego para contrastar minuto a minuto la versión defensiva de Coronel con la evidencia científica acumulada en el expediente.

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