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En la zona céntrica de Río Gallegos, un local comercial tradicional se convirtió en el escenario de un robo perpetrado con una precisión quirúrgica que denota inteligencia previa, estudio milimétrico del terreno y una alarmante cadena de fallas en los sistemas de control electrónico.
El expediente judicial, instruido bajo las directivas del Juzgado de Instrucción N° 1 a cargo de la jueza subrogante Yamila Bórquez, caratuló preventivamente las actuaciones como un robo agravado por escalamiento.
Tal como lo informó La Opinión Austral, lejos de tratarse de un arrebato al pasar o de la clásica improvisación de la delincuencia ocasional, la secuencia delictiva desplegada en el establecimiento comercial “Kau Camping”, ubicado sobre la avenida San Martín al 400, expuso una planificación digna de manual de seguridad , donde cada obstáculo físico fue calculado y superado con paciencia milimétrica.
Para comprender la gravedad del suceso hay que adentrarse en la mecánica del hecho, un verdadero tratado de cómo vulnerar barreras arquitectónicas sin despertar sospechas en las calles adyacentes.
Según pudo saber La Opinión Austral, los autores del audaz atraco descartaron por completo la imponente fachada vidriada que da a la avenida principal, un sector expuesto a la eventual mirada de algún transeúnte nocturno o patrullaje vehicular. En su lugar, optaron por atacar la retaguardia del edificio, un flanco oscuro y desprovisto de cobertura tecnológica.
La maniobra inicial consistió en la superación del obstáculo perimetral mediante la modalidad de escalamiento. Tras sortear el paredón que delimita los fondos de la propiedad, los malvivientes se adentraron en el sector trasero del predio, un punto ciego donde las cámaras de seguridad instaladas por el comerciante simplemente no alcanzan a registrar movimiento alguno.
Una vez posicionados en esa zona de sombra, la pericia delictiva se concentró en una pared lindante que poseía un hueco de aproximadamente un metro de diámetro. Dicha abertura se encontraba precariamente obturada con cartones y elementos acumulados, una suerte de parche estructural que la banda removió con absoluta pulcritud y sin generar ruidos estridentes que alertaran a los vecinos linderos.
Despejado el acceso a través del improvisado boquete de cartón, los delincuentes completaron la invasión rompiendo los cristales de una ventana contigua y forzando las rejas de seguridad. Con el camino libre, accedieron directamente al corazón del salón de ventas, específicamente al sector de las vitrinas exhibidoras donde el comercio resguardaba su inventario más sensible: un voluminoso y peligroso parque de armas de fuego.
El botín sustraído asciende a un valor estimado de once millones de pesos en mercadería legal, compuesto por diez armas de puño de alta gama -entre las que figuran pistolas semiautomáticas Bersa de diversos calibres como Thunder 380, TPR9 y BP9CC, además de revólveres de doble acción Taurus en calibres .38 Special y .22 Largo Rifle- y dos cajas de municiones de punta hueca.
La sustracción de semejante poder de fuego en pleno casco urbano no representa únicamente un perjuicio patrimonial catastrófico para el propietario de 62 años, sino que enciende una luz roja titilante sobre el destino de ese armamento en el mercado negro en Río Gallegos.
La empresa de seguridad
Sin embargo, el eslabón más inquietante de esta cadena de vulnerabilidades no reside exclusivamente en la audacia de los malvivientes, sino en la pasividad con la que operó el servicio de seguridad privada contratado por el comerciante. Según se desprende de la testimonial brindada por el damnificado en la sede de la Comisaría Primera la empresa de monitoreo de alarmas registró el disparo del sistema electrónico en tres oportunidades clave durante la madrugada: a las 00:41, a las 04:42 y a las 05:36 horas.
Ante cada una de estas alertas tempranas que indicaban una anomalía en el interior del perímetro protegido, el protocolo operativo exigía una inspección o una comunicación inmediata con los titulares. No obstante, la realidad operativa sobre el terreno discurrió por carriles inadmisibles.
El operario de vigilancia asignado a la emergencia se habría limitado a concurrir al frente del local, realizar una inspección ocular superficial de la fachada principal, capturar una fotografía con su teléfono celular y enviársela por WhatsApp al dueño del comercio, aduciendo livianamente que no había novedades a la vista.
Mientras el vigilador tomaba la foto de la vereda de la avenida San Martín y se retiraba, el propietario se encontraba durmiendo profundamente en su domicilio -donde también cuenta con el mismo servicio y está habituado a recibir llamadas directas ante cualquier contingencia-, sin advertir que del otro lado de la pared ciega, en el fondo del local, los intrusos estaban consumando el saqueo milimétrico de las vitrinas. La desconexión entre la tecnología de alerta y la impericia del recurso humano dejó una puerta abierta de par en par al delito.
De esta manera, las autoridades se encuentran investigando el robo de las armas; para llegar a dar con los responsables y recuperar las mismas para evitar que terminen en el mercado negro.
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