Cabral sobre el nuevo Código Procesal Penal: “Esto no es un tema de recursos, es un tema de querer hacerlo”

El Instituto de Derecho Penal del Colegio Público de la Abogacía de Santa Cruz, que dirige el doctor Joaquín Cabral, elaboró un proyecto integral para implementar un nuevo Código Procesal Penal en la provincia. La iniciativa busca dejar atrás el actual esquema mixto y avanzar hacia un sistema acusatorio, oral y público, con una clara separación de funciones entre quienes investigan y quienes deben resolver.

El trabajo demandó más de cinco años de estudio y fue presentado ante las autoridades del Colegio para abrir una instancia de análisis y recibir aportes de los distintos sectores vinculados con la Justicia antes de avanzar hacia la Legislatura.

Entrevistado por Radio LU12 AM680, Cabral explicó que se trata de un desafío largamente postergado para Santa Cruz. “Este es un trabajo, concretamente, el Código Procesal Penal, sistema acusatorio tan reclamado y anhelado para la provincia”, señaló.

El abogado recordó que a lo largo de su trayectoria pudo conocer distintos modelos procesales. “Ingresé en el año 93′ a la Justicia y me tocó trabajar con el sistema escrito, el viejo procedimiento, donde el mismo juez que lo procesaba después dictaba sentencia. Después pasamos al mixto que tenemos ahora y ya realmente estamos totalmente fuera del esquema de la realidad procesal del país”, sostuvo.

Un cambio en el rol de jueces y fiscales

Uno de los principales cambios que propone el proyecto está relacionado con la distribución de responsabilidades dentro del proceso penal. En el sistema acusatorio, el Ministerio Público Fiscal tendrá a su cargo la investigación y la acusación, mientras que la defensa ejercerá la contradicción y los jueces estarán concentrados en el control de las garantías y la resolución de los casos.

La propuesta también otorga un lugar central a la oralidad y las audiencias públicas.

“Si hay un sistema acusatorio, es el fiscal o el Ministerio Público Fiscal el que investiga y acusa, la defensa ejerce plenamente la contradicción de esa acusación y el juez es el que controla las garantías y finalmente decide”, explicó Cabral.

De esta manera, se busca modificar el esquema vigente, en el que el juez de instrucción participa de la investigación junto con el fiscal.

La propuesta también otorga un lugar central a la oralidad y las audiencias públicas, con decisiones tomadas frente al juez, participación de las partes y registro audiovisual, reduciendo el peso del expediente escrito.

Juicio por jurados y nuevas herramientas

El proyecto contempla además la incorporación del juicio por jurados, cuya implementación requeriría posteriormente normas específicas para establecer, entre otros aspectos, los mecanismos de selección de los ciudadanos que integrarán los jurados.

“Está previsto el juicio por jurado, está legislado. Después restará que se conformen las leyes que lo ponen en funcionamiento”, indicó Cabral.

Entre los cambios también aparecen nuevas reglas para la prisión preventiva, que quedaría reservada como última alternativa y sujeta a la existencia de riesgos procesales concretos. La iniciativa establece límites temporales y revisiones periódicas, además de impedir que circunstancias como la pobreza, la falta de empleo o la nacionalidad sean utilizadas automáticamente como fundamentos para disponer un encarcelamiento preventivo.

“Después restará que se conformen las leyes que lo ponen en funcionamiento”.

JOAQUIN CABRAL

El texto incorpora, además, herramientas específicas para el tratamiento de evidencia digital y prueba científica, con controles sobre su obtención, conservación, integridad y trazabilidad.

Otro de los aspectos destacados es el fortalecimiento de los derechos de las víctimas y la incorporación de mecanismos específicos frente a situaciones de usurpación, incluyendo la posibilidad de solicitar la restitución provisional de inmuebles bajo determinadas condiciones.

Un régimen específico para jóvenes

El proyecto contiene un apartado destinado al Proceso Penal Juvenil, actualizado a partir del nuevo régimen nacional. Allí se contemplan principios como la especialidad, el interés superior, la autonomía progresiva, la defensa especializada, la confidencialidad y las soluciones restaurativas.

La privación de la libertad queda planteada como último recurso y se prevé la capacitación y especialización de jueces, fiscales, defensores y equipos interdisciplinarios que intervengan en estos procesos.

El proyecto contiene un apartado destinado al Proceso Penal Juvenil.

Una reforma pensada para Santa Cruz

La iniciativa fue elaborada tomando como referencia el Código Procesal Penal Federal y las experiencias de distintas provincias que ya implementaron sistemas acusatorios. Cabral destacó especialmente los modelos de Neuquén y Chubut, además del aporte del Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales y Sociales.

“Nos ha beneficiado que otras provincias ya hayan tenido esta experiencia y hemos sacado de los errores, las falencias o las omisiones los argumentos para poder mejorar nuestro sistema”, explicó.

El proyecto contiene 402 artículos y está acompañado por documentación técnica vinculada con su implementación, organización territorial, recursos humanos, infraestructura e impacto institucional y presupuestario.

Uno de los puntos que Cabral remarcó es que la reforma no necesariamente implicaría una estructura completamente nueva. La propuesta contempla Colegios de Jueces y Oficinas Judiciales, con una reorganización de los recursos existentes y un fortalecimiento del Ministerio Público Fiscal.

“Esto no es un tema de recursos, es un tema de querer hacerlo, porque esto ya no va para más”, afirmó, al plantear que la principal discusión para avanzar con el sistema acusatorio pasa por la decisión institucional de llevar adelante la transformación.

“Se propone una nueva forma de organizar, litigar, controlar y decidir la Justicia penal en Santa Cruz”.

JOAQUIN CABRAL

El proyecto quedó planteado como una base abierta al debate, que deberá ser analizada por los distintos actores del sistema judicial y político antes de convertirse en una iniciativa legislativa. La intención del Colegio Público de la Abogacía es que pueda recibir aportes del Tribunal Superior de Justicia, el Ministerio Público Fiscal, la Defensa Pública, legisladores y demás sectores involucrados.

“No se propone solamente un Código nuevo; se propone una nueva forma de organizar, litigar, controlar y decidir la Justicia penal en Santa Cruz”, resume la iniciativa.