Cómo llegaron a jurar Sergio Acevedo y José González Nora en la Justicia de Santa Cruz: detalles exclusivos y lo que viene

El conflicto de poderes en torno a la ampliación y designación de los nuevos jueces del máximo órgano de la Justicia de Santa Cruz se tradujo este viernes en un enfrentamiento a cielo abierto en la, por lo general, poco permeable cúpula del Tribunal Superior de Justicia. Su presidente, Daniel Mariani, avanzó con rapidez en tomarles juramento a Sergio Acevedo y José González Nora, quienes habían sido designados por la Legislatura hacía menos de 24 horas. El resto de los vocales, Alicia de los Ángeles Mercau, Paula Ludueña, Reneé Fernández y Fernando Basanta, rechazaron la recepción del juramento porque existen dos órdenes judiciales que ordenaban a la Cámara de Diputados y al Poder Ejecutivo “abstenerse” de tratar las ternas.

El 12 de junio de este año la diputada de extracción gremial del sector de los trabajadores judiciales en el frente Por Santa Cruz, Adriana Nieto, presentó el proyecto para ampliar de 5 a 9 a cantidad de vocales del Tribunal Superior de Justicia. La iniciativa que tuvo como firmante también el jefe del bloque, Pedro Luxen, fue aprobada el 28 de agosto con 13 votos afirmativos, 9 en contra y 2 abstenciones. La particularidad de esta votación fue el voto afirmativo de Daniel Peralta y la abstención de la diputada del oficialismo Claudia Barrientos.

El gobernador Claudio Vidal buscó consenso entre la ciudadanía para la reforma, argumentando la necesidad de mejoras en el servicio de justicia, pero apuntó fuerte a la necesidad de contar con independencia judicial en lo que considera un Tribunal “politizado” que actúa en favor del kirchnerismo. Desde la oposición señalaron que la ampliación no responde a una necesidad judicial real, sino que se trata de una “jugada política” para controlar el máximo tribunal provincial. También apuntaron a que con los recursos que implicaría la ampliación se podrían mejorar los servicios en los juzgados de primera instancia y en las ventanillas donde el ciudadano de a pie tiene el primer contacto, problemático, con el Poder Judicial.

Hace poco más de dos semanas, el 10 de septiembre, el gobernador Claudio Vidal envió las ternas para cubrir las cuatro vacantes nuevas que él mismo impulsó.

Pero en el medio, el gremio de los empleados judiciales, que hace pocos meses eligió a Franco Mascheroni como su secretario general, hizo una presentación judicial para que se trate la posible inconstitucionalidad de la ley que amplió el Tribunal Superior de Justicia de 5 a 9 miembros. El argumento es principalmente presupuestario: si hay 4.500 millones de pesos para ampliar la cúpula del TSJ, ¿por qué hubo un recorte en el presupuesto del Poder Judicial del 38%, que llevó a un virtual congelamiento salarial?

La acción de amparo fue recibida por el juzgado Civil N° 1 a cargo del juez Marcelo Bersanelli quien la declaró admisible y dictó una medida cautelar para que la Cámara de Diputados de la Provincia “se abstenga de dar tratamiento a las ternas elevadas por el Poder Ejecutivo para designar a los nuevos vocales del Tribunal Superior de Justicia”, por el término de 10 días o hasta el dictado de una resolución respecto de si la ley es constitucional o no.

La Cámara de Diputados avanzó de igual manera con el tratamiento de las ternas en la Comisión de Asuntos Constitucionales y en sesión secreta, como marca la Constitución en estos casos. Argumentaron que un juez de primera instancia no podía inmiscuirse en otro de los poderes del Estado. “Los diputados tenemos la obligación de no acatar el fallo del juez Bersanelli”, adelantó entonces a La Opinión Austral, Pedro Luxen. Promovida por la mayoría que tiene el oficialismo en la Legislatura el bloque que responde a Claudio Vidal decidió retirar de una de las ternas a Gabriela Castro, titular del Tribunal de Cuentas y cuñada del jefe de bloque. Una muestra de moderación en un contexto donde podrían haber avanzado. También pidieron más tiempo para analizar la terna compuesta por Lucio De la Vega, Natalia Linardi y Julián Michavila.

De las 4 ternas avanzaron las dos donde resultaron elegidos el exgobernador y exdiputado nacional, Sergio Acevedo, y José Antonio González Nora, quien se desempeñaba como secretario civil del Juzgado Federal de Caleta Olivia, a cargo de Marta Yáñez. Afuera quedaron Norberto Castello y Marcelo Quintero, que competían con Acevedo; y David Ghizzardi y Ramiro Castillo, este último Fiscal de Estado de la provincia de Santa Cruz desde que Claudio Vidal llegó al gobierno. Ambas votaciones fueron por mayoría simple, cuando la oposición pedía que fuera por dos tercios. ¿Será ese otro capítulo?

En el medio de la sesión, la jueza Marcela Quintana firmó un oficio para notificarle a los diputados que estaba vigente la medida cautelar de Bersanelli y que no podían avanzar con el tratamiento de las ternas. El día anterior el jefe del bloque de la oposición Eloy Echazú y la diputada Elba Ponce se presentaron ante su Juzgado en lo Criminal porque el oficialismo había avanzado en comisiones. Sin embargo, el vicegobernador y presidente de la Cámara de Diputados Fabián Leguizamón aseguró a La Opinión Austral que esa notificación no había ingresado hasta después de la sesión secreta donde habían designado a los nuevos jueces, y que finalizó alrededor de las 13 horas, lo que fue confirmado después por el propio Echazú y el diputado del ARI, Pedro Muñoz. Hasta entonces, el bloque Por Santa Cruz consideraba que la cautelar de Bersanelli no tenía validez.

“Ad referendum”

Claudio Vidal firmó los decretos 858/25 y 859/25 el mismo jueves, con la refrenda de la ministra de Desarrollo Social, Luisa Cárdenas. El presidente del Tribunal Superior de Justicia, Daniel Mariani, ordenó redactar dos resoluciones para tomarle juramento a Sergio Acevedo y a José González Nora. En menos de 20 horas, antes de las 9 de la mañana, en el edificio de Chacabuco y Avenida Kirchner ya estaba todo listo para el acto con la presencia del gobernador, gran parte de su gabinete, diputados e invitados de los quienes iban a juramentar. Ese día Mariani llegó bien temprano, antes del amanecer y presidió el acto sin la presencia de sus pares del TSJ.

Luego de la ceremonia, el propio Mariani -en exclusiva con el móvil de La Opinión Austral– manifestó que “una resolución de Presidencia bastó” para poder realizar el acto de jura, ante la consulta de sí había sido necesaria una acordada entre los jueces del Tribunal para avanzar en ese sentido. “Hoy sí”, afirmó ante la repregunta.

Según confirmó La Opinión Austral las resoluciones de Mariani registradas en los folios 79 y 80 del Registro 78 del Tomo CLXV fueron firmadas “Ad-Referéndum” del Tribunal Superior de Justicia, según las atribuciones que le da el Artículo 34º de la Ley Orgánica de la Justicia de la Provincia de Santa Cruz, de las funciones del presidente del Poder Judicial; y de lo dispuesto por Resolución asentada al Tomo CCXI Registro 20 Folios 25/27.

Pasaron apenas unas horas para que los cuatro vocales restantes firmaran una resolución en la que resolvieron “no ratificar” la resolución de Mariani porque hay “dos mandas judiciales expresas” que ordenaron suspender el trámite legislativo de designación.

El oficio firmado por Alicia de los Ángeles Mercau, Paula Ludueña Campos, Reneé Fernández y Fernando Basanta, fue más allá y recordó que “la investidura de nuevos vocales debe contar con la aprobación colegiada del cuerpo”, y que una decisión unilateral  “desnaturaliza las atribuciones conferidas por la Ley Orgánica de la Justicia” el cual otorga representación formal pero no poder autónomo para legitimar designaciones cuestionadas. Para ellos “la deliberación y el mandato expreso del cuerpo” es la “única forma de garantizar que la representación no se transforme en un acto personal, unilateral y ajeno a la voluntad colegiada. Proceder de otro modo importa, lisa y llanamente, arrogarse facultades que exceden el marco normativo y comprometen la integridad institucional del Tribunal”.

Lo que viene

Las repercusiones de este frente abierto dentro del Tribunal Superior de Justicia generaron una ola de opiniones de ambos lados. Juristas de toda índole aportaron sugerencias y pasos a seguir a las partes implicadas. Esta situación expone, como pocas veces se ha visto en Santa Cruz, la existencia de “dos bibliotecas” en el ámbito de la justicia, donde cada actor tiene una visión distinta sobre la polémica.

Lo cierto es que en este conflicto de poderes, por mayorías y por procedimientos legales, las designaciones pasaron por un gobernador que propuso, un parlamento que trató y designó a los vocales, un Ejecutivo que ratificó con un decreto y un Poder Judicial que tomó juramento. En el medio una medida cautelar. Todo esto deja ahora un final todavía abierto. ¿Cuál será la respuesta de Mariani este lunes a al resto de los vocales del TSJ? ¿Se impone la resolución de los cuatro vocales o la del presidente del Poder Judicial? ¿En qué quedará el acto formal de jura? ¿Quedará como una formalidad vacía, un gesto mecánico, una mera escenografía institucional, como plantearon los vocales? ¿Ya tienen un lugar de trabajo asignado en el edificio de Kirchner y Chacabuco los jueces elegidos por la Cámara de Diputados? ¿Qué pasará con las partidas presupuestarias que el Poder Judicial y los trabajadores reclaman tanto para el funcionamiento de las vocalías ampliadas como para los salarios?