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El gobernador de Santa Cruz, Claudio Vidal, brindó recientemente una entrevista a Infomedia 24 y habló de la actualidad de la provincia. Entre los temas abordados en el mano a mano con el periodista Juan Carlos Silva, denunció públicamente que hay “intendentes de la oposición” que solicitaron “dinero en efectivo” a cambio de que los diputados aprueben la solicitud de endeudamiento por un total de USD 600 millones.
Así fue el diálogo
Infomedia24: ¿Hay intendentes que le solicitaron dinero en vez de las obras para sus municipios, dinero que no quieren que sea controlado?, ¿hasta eso han llegado algunos intendentes a pedirle dinero en efectivo para que le voten la ley?
Claudio Vidal: Sí, tal cual. Sí, así es. Hay intendentes de la oposición que han pedido dinero para que salga esta ley. Pero, ¿sabe por qué?, porque recién ahora se comienza a acomodar el Tribunal de Cuentas de la provincia. Ellos viven en un grado de impunidad pocas veces visto y eso se generó por el poco control que tuvo el Estado durante todos estos años atrás. Hoy recién el Tribunal de Cuentas de la provincia comienza a hacer los controles. Hay un atraso de más de 10 o 12 años en los que no se controlaba.
“No quieren que nos vaya bien como Gobierno, y en el medio está el pueblo, que no les importa, absolutamente no les importa”, afirmó.
Asimismo, recordó que distintos gobiernos provinciales recurrieron históricamente al endeudamiento y cuestionó la postura actual de parte de la oposición.
“Todos los gobiernos tomaron deuda. Incluso muchos de los que hoy se oponen levantaban la mano para aprobar esos créditos. ¿Por qué antes sí y ahora no?”, planteó.
Las declaraciones del Gobernador generaron un fuerte mensaje político al indicar que el pedido de financiamiento es para avanzar en las obras que Santa Cruz necesita para mejorar la calidad de vida de los santacruceños. Actualmente, el proyecto de ley impulsado por el Ejecutivo para solicitar financiamiento por USD 600 millones se encuentra en la Comisión de Asuntos Constitucionales de la Cámara de Diputados de Santa Cruz, a la espera de ser tratado.
Reclamo de los policías Además, se refirió al conflicto con las fuerzas de seguridad y avaló la legitimidad del planteo en el actual escenario económico.
Aseguró que comprende la situación económica que atraviesan los efectivos policiales y reconoció la necesidad de continuar recuperando el poder adquisitivo de los trabajadores.
“El reclamo se divide en dos partes. Está el justo, el del trabajador que necesita vivir mejor, y un Gobierno que hace todo lo posible para mejorar los salarios” y recordó que durante los primeros años de gestión las recomposiciones salariales superaron la inflación y sostuvo que esa política fue posible gracias a la disponibilidad de recursos.
“Cuando tuvimos el dinero, se lo dimos a los trabajadores. Enero de 2024, enero de 2025 y enero de 2026 lo demuestran en los recibos de haberes”, señaló.
No obstante, explicó que el contexto económico nacional modificó las condiciones financieras de la provincia. “Antes existían Aportes del Tesoro Nacional (ATN) no reintegrables. Este año ya no contamos con esos recursos y la situación se complicó. Hoy solamente podemos acceder a adelantos de coparticipación que deben devolverse con intereses”, indicó.
Así, sostuvo que la protesta también responde a una estrategia política promovida por sectores opositores que, según afirmó, buscan generar inestabilidad institucional.
“Algunos personajes comenzaron a gestar este conflicto hace tiempo y están muy ligados a la política partidaria opositora“, manifestó.
Al mismo tiempo, remarcó que el Gobierno mantuvo abiertas todas las instancias de negociación y recordó que en apenas tres semanas se presentaron once propuestas salariales.
Defendió el proyecto de financiamiento como la única alternativa eficiente para destrabar el estancamiento y recomponer los ingresos del sector público estatal.
Argumentó que la toma de crédito habilitará el desarrollo de infraestructura energética clave, como la vinculación de localidades al interconectado nacional, para abaratar los costos y revertir el déficit estructural de Servicios Públicos Sociedad del Estado por la compra de combustible y alquiler de generadores.
“Nosotros la única alternativa que vimos para resolver rápidamente, eficientemente, mejorando la calidad de vida de los trabajadores a partir de una suba en sus salarios, fue poder recurrir a este plan de financiamiento que nos permitía desarrollar obras estratégicas y liberar partidas presupuestarias“, concluyó.
Qué dijo la oposición
Desde el Bloque Unión por la Patria emitieron un comunicado de prensa para expresar su más enérgico repudio ante los dichos del mandatario provincial.
Los legisladores opositores señalaron que el titular del Ejecutivo decidió acusar y estigmatizar a los jefes comunales por el solo hecho de manifestar una postura política divergente.
“La democracia se construye sobre el diálogo, el respeto a las diferencias y la búsqueda de consensos, no sobre la descalificación, la sospecha permanente ni la construcción de enemigos internos”, cuestionaron desde la bancada panperonista.
En ese sentido, remarcaron que los intendentes de Santa Cruz tienen la obligación institucional de reclamar los recursos que les corresponden a sus municipios y de defender a sus comunidades ante el contexto de crisis.
Sostuvieron que calificar de espurias las demandas de quienes piensan distinto representa un grave retroceso institucional para la provincia.
Asimismo, desde el espacio parlamentario criticaron la tendencia de la gestión provincial de eludir las responsabilidades propias de la administración pública.
“Lamentablemente, el Gobernador parece haber elegido buscar culpables y ver fantasmas antes que asumir las responsabilidades propias de la gestión”, fustigaron, al tiempo que advirtieron que la oposición, los gremios, la policía y los intendentes son blanco de un discurso de confrontación permanente.
Por último, los diputados de Unión por la Patria contrapusieron la actitud del mandatario hacia el interior de la provincia con su posicionamiento ante la administración central.
Aseguraron que el Ejecutivo local evita reclamar con firmeza los fondos que le corresponden a Santa Cruz ante el Gobierno Nacional.
“Santa Cruz necesita un gobernador que gobierne, construya consensos y defienda los intereses de la provincia, no que utilice la descalificación y la sospecha para atacar a quienes piensan distinto”, concluyó el documento.
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