* Por Gustavo Argañaraz
El intendente Grasso dejó su compromiso de cancelar de forma parcial hoy la deuda con Maxia SRL y UTA abandonó el acampe, pero no la medida. Usuarios se reunieron con concejales exigiendo una solución definitiva a la problemática. Nación dialoga con empresas y provincias para federalizar los subsidios.
En el noveno día de paralización del transporte urbano de pasajeros, el conflicto entre Maxia SRL, la Unión Tranviario Automotor (UTA) y el Municipio inició un proceso de tregua entre las partes.
Así fue que, en la tarde de ayer, el gremio decidió abandonar el acampe en las puertas de la comuna y quedó a la espera de que se refleje en las cuentas bancarias el aguinaldo y el sueldo para retomar su labor.
Grasso gestionó el arribo de fondos
La
Opinión Austral supo que el intendente
Pablo Grasso se encuentra en Buenos Aires y en su agenda incluyó la gestión de
fondos para el pago parcial a la concesionaria del transporte. Una fuente del Ejecutivo
Municipal advirtió que la compañía aun no entregó la documentación requerida
que permita elaborar un informe económico y técnico de la prestación brindada.
En este escenario, los usuarios nuevamente hicieron sentir su voz. Ayer se reunieron con los concejales de la ciudad y solicitaron una solución definitiva, los barrios alejados de la ciudad aducen que padecen un servicio deficiente, además de buscar algún mecanismo que les garantice transportarse más allá de las disputas entre el municipio, el gremio y la empresa.
Pero la problemática del transporte no es un patrimonio de la capital de Santa Cruz, por lo que el Gobierno Nacional tomó nota y decidió iniciar una serie de modificaciones en el reparto de los subsidios. Luego del encuentro con provincias, este jueves el Gobierno Nacional recibió a la Federación Argentina de Transportadores de Automotor de Pasajeros (FATAP) buscando consensuar un mecanismo federal que garantice el sostenimiento del servicio a todas las ciudades del país, algo que el macrismo sólo hizo con Buenos Aires en perjuicio del interior de la República.
Municipio
La
Opinión Austral supo que el intendente
Grasso mantuvo un encuentro con autoridades del Ministerio de Transporte, pero
no se supieron detalles de lo ejecutado, ya que se trata de una gestión
“personal” del jefe comunal, indicaron las fuentes consultadas.
Asimismo, precisaron que Maxia no remitió
la documentación requerida que permita repasar el historial de pagos que
efectuó la gestión de Roberto Giubetich ante los cambios en la estructura de
costos.
Se recuerda que en abril la firma caletense
inició la prestación con un costo global que rondaba los $ 9,5 y 10 millones,
en la actualidad el servicio demanda una inversión aproximada a los $ 13
millones, de los cuales $ 10 millones desembolsa el Estado Municipal, además de
unos $ 700 mil de subsidio nacional.
“Hablan de la deuda que tiene el municipio,
pero nada dicen que deben devolver $ 27 millones”, disparó el funcionario
consultado por LOA. Recordó que Río
Gallegos transfirió un total de $ 21 millones para la compra de unidades, luego
sumaron $ 6 millones, autorizados por un decreto.
Asimismo, se quejó que el empresariado
busca actualizar la estructura de costo o un índice superior al que pretenden
implementar cuando se les cobra la deuda, “no es equitativo ni equilibrado lo
que pretenden hacer”, además de señalar que las unidades no tributan patentamiento
en Río Gallegos, pero sí lo hacen en Comodoro Rivadavia, Chubut.
UTA
Por su parte, Rubén Aguilera, secretario general de UTA Santa Cruz, precisó al móvil de LU12 AM680 que en asamblea definieron levantar el acampe, que interrumpía la normal circulación de la Avenida San Martín, luego de llegar a un principio de acuerdo con el intendente.
“Se comprometió verbalmente que efectivizará
el pago (en esta jornada) a la empresa, que a su vez debe trasladar el salario
a los trabajadores”, anunció. “Vamos a levantar el corte porque si mañana (hoy)
está listo el cobro tenemos que dar inicio a la jornada laboral y los choferes
tienen que estar descansados”, dijo, sin dejar de mencionar que el servicio
será restablecido cuando los choferes perciban sus haberes.
“La UTA y la empresa Maxia están dispuestos a iniciar las actividades ni bien se corrobore el pago por parte de la Municipalidad y, teniendo en cuenta las palabras del intendente, de abonarse la totalidad de la deuda mañana mismo comenzarían a correr las unidades de forma normal y de acuerdo al cronograma establecido”, concluyó Aguilera.
Maxia había amenazado con irse de la ciudad
Mario García, gerente
de Maxia SRL, advirtió el miércoles que el municipio debe regularizar de aquí
en adelante el pago de los subsidios, ya que de nada servirá regularizar hoy el
conflicto, pero que se repita el próximo mes. “En estas condiciones no puedo y
no quiero trabajar, los 25 colectivos están para recorrer las calles y no
guardados en un galpón”, disparó.
Acerca de lo dicho por
el intendente Pablo Grasso, de que la compañía factura por unidades que no
trabajan y kilómetros que no recorren, aseveró: “Tenemos vigente un sistema
habilitado por la Comisión Nacional de Regulación del Transporte (CNRT) y se
pueden auditar, ya lo hizo AFIP”, señalando que será Nación quien analice la
información y no el municipio ni la empresa. “Desconozco en qué se basan para
decir lo que dijeron”, se defendió.
Según García, el
municipio adeuda $ 21 millones a Maxia. “Está todo documentado”, aclaró que el
importe está constituido por el boleto estudiantil gratuito, beneficios de ANSeS,
adultos mayores, además de la suma correspondiente a aguinaldo, prestación de
enero, 4 cuotas de $ 4 mil, entre otros.
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