Your browser doesn’t support HTML5 audio
El Gobierno de Santa Cruz presentó este viernes 26 de junio su 1° Informe de Gestión de la Administración Central, Organismos Centralizados y Descentralizados, y Sociedades del Estado, correspondiente al primer semestre del año 2026, en la Cámara de Diputados. La sesión, presidida por el vicegobernador Fabián Leguizamón y con la presencia de 20 diputados, contó con la participación de la ministra de Gobierno, Belén Elmiger.
En lo referido al Ministerio de Economía, Finanzas e Infraestructura, el informe respondió una serie de consultas de los legisladores en torno a la ejecución presupuestaria, la política salarial, la aplicación de la resolución 30/2026, el funcionamiento del Fondo Unificado de Cuentas Oficiales (FUCO) y los anticipos financieros recibidos del Gobierno nacional.
En primer lugar, la cartera económica señaló que la información vinculada a los adelantos de coparticipación y a los Aportes del Tesoro Provincial (ATP), incluidos los montos distribuidos y su destino, ya se encuentra publicada en los registros de Responsabilidad Fiscal disponibles en el portal oficial.
Resolución 30/2026 y política salarial
Al responder las preguntas sobre la resolución 30/2026, el Ministerio sostuvo que la norma fue dictada en el marco de las facultades que le confieren la Ley Provincial N° 3.755 de Administración Financiera y la Ley de Presupuesto 2026, por lo que rechazó que se trate de una medida discrecional.
La explicación oficial recordó que el mensaje de elevación del Presupuesto advirtió que el 97,95% del gasto provincial corresponde a erogaciones corrientes de carácter inflexible, un escenario que condiciona la posibilidad de otorgar incrementos salariales. En ese contexto, afirmó que las futuras recomposiciones surgirán de las negociaciones paritarias y estarán sujetas a la disponibilidad de recursos genuinos que permitan sostener el equilibrio de las cuentas públicas.
Además, remarcó que la autonomía funcional y financiera de los poderes Legislativo y Judicial no los exime del cumplimiento de la Ley de Presupuesto. En ese sentido, recordó que el artículo 30 establece que toda norma que autorice nuevos gastos solo podrá aplicarse cuando se incorporen los créditos presupuestarios correspondientes.
Respecto de las negociaciones salariales en curso, el Ministerio indicó que continúan desarrollándose las mesas paritarias y que la propuesta del Ejecutivo se definirá durante esas instancias de diálogo con los gremios, de acuerdo con las posibilidades financieras de la Provincia. También detalló que los acuerdos que se alcancen serán homologados una vez concluidas las negociaciones.
La postura oficial sobre el FUCO
Otro de los temas abordados fue la utilización del Fondo Unificado de Cuentas Oficiales (FUCO). El Ministerio explicó que se trata de una herramienta extrapresupuestaria cuyos movimientos no afectan el esquema de ahorro, inversión y financiamiento ni las partidas presupuestarias.
Según expuso, desde el inicio de la actual gestión cada operación queda registrada mediante expedientes administrativos específicos, un mecanismo que —aseguró— no existía en ejercicios anteriores y que fue incorporado para reforzar la trazabilidad, el control y la transparencia de la administración financiera.
De igual manera, afirmó que el uso temporal de esos recursos no constituye deuda con terceros, ya que se trata de movimientos internos entre organismos del Estado provincial y cada utilización es posteriormente restituida.
En cuanto a la evolución del fondo, informó que el saldo utilizado fue de 65.865,8 millones de pesos al cierre de enero, 84.600 millones al finalizar febrero y 85.500 millones al término de marzo. Además, precisó que al 18 de junio de 2026 el saldo registrado ascendía a 28.948.634.232,99 pesos.
Frente a los planteos sobre si el saldo trasladado desde el cierre del ejercicio 2025 debía considerarse deuda pública, la cartera económica respondió que la metodología del Consejo Federal de Responsabilidad Fiscal establece que el FUCO no constituye una operación de crédito público, debido a que no implica endeudamiento con terceros, no genera instrumentos financieros ni devenga intereses.
En consecuencia, sostuvo que corresponde registrarlo como una obligación de restitución dentro del propio sector público y no como deuda pública. Asimismo, indicó que las operaciones son controladas mediante registros específicos y que la información es remitida al Tribunal de Cuentas conforme a la normativa vigente.
Anticipos financieros del Gobierno nacional
El informe respondió consultas acerca de los anticipos financieros otorgados por el Gobierno nacional para cubrir necesidades transitorias de caja. En ese marco, se informó que la Provincia recibió 45.000 millones de pesos el 2 de enero, 40.000 millones el 3 de febrero, 40.000 millones el 3 de marzo, 100.000 millones el 19 de marzo y 50.000 millones el 28 de abril de 2026.
El Ministerio explicó que estos recursos fueron otorgados al amparo del artículo 124 de la Ley Nacional N° 11.672 y constituyen adelantos transitorios a cuenta de la coparticipación federal. También precisó que devengan una tasa nominal anual del 15% y que su devolución se realiza mediante retenciones automáticas sobre futuras transferencias de coparticipación.
Finalmente, aclaró que esos anticipos fueron registrados contablemente como obligaciones financieras de corto plazo frente al Estado nacional, aunque su tratamiento continúa siendo extrapresupuestario y, por esa razón, no impacta en el esquema de ahorro, inversión y financiamiento del primer trimestre de 2026.
Leé más notas de La Opinión Austral
Compartir esta noticia