Your browser doesn’t support HTML5 audio
La Asociación Gremial de Empleados Judiciales de la Provincia de Santa Cruz (AGEJ) presentó una denuncia penal contra legisladores provinciales por autorizar el pago del 50% del sueldo a los cuatro nuevos vocales del Tribunal Superior de Justicia (TSJ): José Antonio González Nora, Sergio Acevedo, Juan Lucio De la Vega y Gabriel Contreras.
La presentación judicial -con fecha del 3 de enero y recibida en la Fiscalia N°1 este viernes 9- lleva la firma de Franco Mascheroni, secretario general del gremio, y acusa a los diputados que votaron afirmativamente el artículo 35 del Presupuesto 2026 por los presuntos delitos de abuso de autoridad, malversación de caudales públicos, estafa, defraudación y asociación ilícita, entre otros.
El eje de la acusación es el artículo 35 de la Ley de Presupuesto 2026, aprobado el 24 de diciembre, que autoriza al Ministerio de Economía provincial a pagar el 50% de los haberes a los vocales designados en el marco de la Ley 3949, norma que ya fue declarada inconstitucional por el propio Tribunal Superior de Justicia.
En el escrito, Mascheroni sostiene que “los denunciados introdujeron una disposición que autoriza el pago inmediato del 50% de los haberes a personas que no prestan funciones, en abierta violación a la Constitución Nacional y a una sentencia judicial vigente”.
Y agrega: “No puede existir derecho alimentario sobre un salario cuya causa de origen –el cargo– ha sido declarado inconstitucional”.
La denuncia alcanza a los diputados que votaron afirmativamente la incorporación del artículo 35: Santiago Aberastain Zubimendi, Claudia Fabiana Barrientos, Mario Piero Boffi, Fernando Omar Españon, Javier Santiago Jara, Fabiana Carolina Loreiro, Pedro Hernán Luxen, Alfredo Fernando Martínez Alfaro, Adriana Isabel Nieto López, Cristian Eduardo Ojeda, Fernando Oscar Pérez, José Luis Quiroga y Claudia Patricia Urrutia.
El gremio apunta específicamente contra la diputada Adriana Nieto, a quien acusa de “actuar en contra de los intereses de los trabajadores judiciales pese a su pasado gremial”.
“Desvío de fondos y violación de la independencia judicial”
En el escrito, Mascheroni remarca que los legisladores “no pueden escudarse en su función legislativa ya que han utilizado la Ley de Presupuesto para:
- Desviar fondos de sus fines legítimos.
- Ignorar una sentencia judicial de inconstitucionalidad.
- Forzar una aplicación de caudales basada en una premisa falsa: un derecho alimentario inexistente.
- Violentar el principio de independencia judicial”.
Según el gremio, el pago dispuesto resulta arbitrario e ilegal, ya que “los denunciados han ordenado la liquidación y pago inmediato de fondos públicos bajo el concepto de haberes para personas que no ejercieron función alguna, por existir una orden judicial y porque la Ley 3949 ha sido declarada inconstitucional”. En ese sentido, remarcan que se trata de una “flagrante violación a las normas de administración financiera del Estado”, al haberse autorizado el pago a quienes no prestaron servicios efectivos.
Además, el escrito sostiene que al fijar un porcentaje del 50% sin sustento legal ni técnico, los legisladores “han violado el principio constitucional de igual remuneración por igual tarea (artículos 14 y 14 bis de la Constitución Nacional), transformando el salario en una donación ilegal de caudales públicos”.
Asimismo, denuncia que mientras se autoriza el pago a vocales que no trabajan, los empleados judiciales y estatales cobran con demoras desde septiembre de 2025: “El propio Gobierno informó que los haberes de diciembre se pagarían recién el 8 de enero. Esto contrasta de manera palmaria con la decisión legislativa que beneficia a quienes no prestan servicio alguno”.
El inicio del conflicto
La crisis institucional se originó en septiembre de 2025, cuando la Legislatura amplió de cinco a nueve los miembros del Tribunal Superior mediante la Ley 3949, impulsada por el gobernador Claudio Vidal.
Sin embargo, la medida fue judicializada por el gremio judicial, que obtuvo una cautelar y luego una sentencia definitiva del TSJ, fechada el 17 de diciembre de 2025, que declaró la inconstitucionalidad de la ley.
Pese a ello, el 24 de diciembre la Cámara de Diputados aprobó el Presupuesto 2026 incorporando el polémico artículo 35 para garantizar el pago parcial a los vocales cuestionados.
“No hay contraprestación laboral”
En su presentación, Mascheroni es contundente: “El salario tiene carácter alimentario solo cuando existe trabajo efectivo. En este caso no hay contraprestación, por lo tanto el pago constituye una donación ilegal de fondos públicos”.
También cuestiona el porcentaje elegido. “La fijación de un 50% funciona, paradójicamente, como una confesión de los denunciados, pues si estuvieran realmente convencidos de que a estos ciudadanos les corresponde un derecho alimentario pleno y que su designación es válida, deberían haber ordenado el pago del 100%. Al fijar un 50%, están reconociendo que el derecho es, cuanto menos, dudoso o inexistente, y que están utilizando los fondos públicos para subsidiar una situación judicial que les es adversa, bajo el ropaje de un haber salarial”, concluye.
Pedido de investigación judicial
El gremio solicitó:
- Ser admitido como querellante.
- Que se incorporen como prueba:
-
-
La Ley de Presupuesto 2026.
-
La sentencia que declaró inconstitucional la Ley 3949.
-
Videos y actas de la sesión legislativa.
-
-
Que el TSJ informe si los cuatro beneficiarios:
-
Tienen alta bancaria.
-
Poseen legajo administrativo.
-
Figuran en los sistemas del Poder Judicial.
-
Una crisis que no se detiene
El conflicto por la ampliación del Tribunal Superior de Justicia sigue profundizando la crisis institucional en Santa Cruz, con un Poder Judicial dividido, fallos judiciales desobedecidos y ahora una denuncia penal que involucra directamente a legisladores provinciales.
La causa quedó radicada en la Justicia provincial y se espera en los próximos días la asignación del juzgado interviniente.
Leé más notas de La Opinión Austral
Compartir esta noticia