La nueva Justicia de Santa Cruz revisará más de 70 ingresos de personal el mismo día que la Corte avaló la ampliación de vocales en el Tribunal Superior

El Tribunal Superior de Justicia de Santa Cruz comenzó una etapa de revisión administrativa luego de la ampliación de su integración a nueve vocales, validada por la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Entre las primeras medidas que impulsará la nueva mayoría aparece el análisis de más de 70 ingresos de personal formalizados el 14 de mayo, el mismo día en que el máximo tribunal nacional dejó firme la ley provincial que amplió de cinco a nueve miembros la composición del cuerpo.

La decisión venía siendo materia de análisis desde antes del fallo de la Corte y la nueva conformación encabezada por el presidente Gabriel Contreras, junto a Daniel Mariani, Sergio Acevedo, Lucio de la Vega y José Antonio González Nora, quienes ahora son parte de la nueva mayoría dentro del Tribunal Superior.

Según pudo saber La Opinión Austral, durante la última audiencia de acuerdos del miércoles 27 de mayo hubo intercambios orientados a recomponer el funcionamiento institucional luego del conflicto que enfrentó al Poder Judicial con el Poder Ejecutivo, la Legislatura y el gremio judicial.

Estas reuniones de los últimos días entre los más altos magistrados marcaron el inicio formal de una nueva etapa institucional dentro de la Justicia santacruceña.

Más de 70 ingresos el mismo día del fallo

Uno de los puntos que comenzará a analizar el nuevo Tribunal Superior será una resolución firmada el 14 de mayo por la entonces conducción del cuerpo, a cargo de Reneé Guadalupe Fernández.

Se trata de más de 70 ingresos de personal al Poder Judicial formalizados a través de resoluciones administrativas rubricadas ad referéndum del Tribunal Superior luego de conocerse el fallo de la Corte Suprema.

Fuentes judiciales confirmaron a La Opinión Austral que el análisis se realizará caso por caso y no implica, de manera automática, la existencia de irregularidades, tal como lo anticipó este mismo medio el por la tarde del 14 de mayo.

El objetivo será determinar la necesidad funcional de cada incorporación, el área de destino y la modalidad bajo la cual se concretaron las designaciones.

La revisión forma parte de una auditoría más amplia sobre incorporaciones concretadas desde 2023 hasta la actualidad, período en el que se registraron cerca de 180 ingresos al Poder Judicial.

Gabriel Contreras confirmó que se revisarán más de 130 contratos

El presidente del Tribunal Superior, Gabriel Contreras, ratificó públicamente que el relevamiento ya se encuentra en marcha. En una entrevista con Radio Nuevo Día, precisó que la revisión alcanza contrataciones realizadas entre septiembre de 2025 y mayo de 2026. “Tenemos una cantidad, por ejemplo, entre el año pasado y este año, casi de ciento treinta contratos que deben ser analizados y revisados”, señaló.

Contreras explicó que la evaluación abarcará todas las dependencias judiciales de la provincia y apuntará a determinar si las incorporaciones respondieron a necesidades reales de servicio. “Hay que ver en las dependencias dónde están y también pedir informes si estas personas cumplieron la expectativa y si el lugar o la dependencia realmente lo requería”, indicó. El relevamiento incluirá juzgados y oficinas judiciales de Río Gallegos, Caleta Olivia, Puerto Deseado, El Calafate, la Cuenca Carbonífera y otras localidades.

Personal fuera de Santa Cruz

Dentro de la revisión administrativa, el Tribunal Superior solicitó informes sobre agentes judiciales que actualmente desarrollarían funciones fuera de la provincia. Contreras señaló que el cuerpo analiza cuántos casos existen, qué tareas cumplen y bajo qué condiciones administrativas fueron designados.

“Prestaban funciones afuera de la provincia y hay que ver qué tipo de funciones cumplen y desde cuándo fueron dados de alta”, explicó.

El análisis también incluirá información salarial y funciones asignadas.

Concursos públicos

Otro de los ejes que impulsa la nueva conducción judicial es el retorno de concursos públicos para el ingreso de personal administrativo. Según explicó Contreras, el último llamado a concurso dentro del Poder Judicial provincial se realizó en febrero de 2014. “El último llamado a concurso creo que fue en febrero de 2014. Ya pasaron doce años y no hay concursos para ingresar al Poder Judicial”, afirmó.

El magistrado indicó que el nuevo sistema deberá incluir evaluaciones escritas, entrevistas personales y exámenes psicológicos. “Los aspirantes tendrán que hacer un examen psicológico y someterse a entrevistas de temas puntuales para ser seleccionados”, sostuvo. La implementación requerirá una reglamentación específica y definiciones internas sobre modalidad, temarios y criterios de evaluación.

Este viernes se reorganiza el Tribunal de Enjuiciamiento

La agenda institucional continuará este viernes con el sorteo para conformar el Tribunal de Enjuiciamiento. La convocatoria incluirá la designación, mediante sorteo, de abogados de la matrícula y del vocal del TSJ que representará al Poder Judicial dentro de ese órgano.

El Tribunal de Enjuiciamiento es el organismo encargado de investigar y juzgar denuncias contra magistrados y funcionarios judiciales de la provincia cuando se los acusa por mal desempeño, incumplimiento de deberes, delitos en el ejercicio de sus funciones o causales previstas por la Constitución provincial.

Actualmente esta conformado por Reneé Guadalupe Fernández, por el TSJ, la abogada Adriana Nieto en representación de la Cámara de Diputados, y por la doctora Alicia Mercedes De Rivas, miembro titular en representación de los abogados matriculados mediante el Foro Provincial.

La definición adquiere relevancia luego de las reformas impulsadas en 2024 por el Gobierno provincial sobre el funcionamiento del Tribunal de Enjuiciamiento. Aquella modificación eliminaba el procedimiento previo de admisibilidad que ejercía el Tribunal Superior y que operaba como filtro para la tramitación de denuncias contra magistrados. Una protección corporativa, denunciaron desde el sector del gobernador Claudio Vidal y abogados particulares.

Sin embargo, la reforma quedó judicializada y, según pudo saber La Opinión Austral, actualmente seguiría vigente la Ley 28, debido a que aún no se recurrió el fallo que declaró inconstitucional la ley 3859. A menos de 24 horas del sorteo, gran parte de abogados y magistrados todavía desconocían bajo qué marco normativo prestarán juramento los nuevos integrantes.