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Con 17 votos afirmativos y 9 negativos, la Legislatura del Chubut aprobó este jueves el acta acuerdo suscripta entre el Gobierno provincial e YPF, que habilita la transferencia de bienes vinculados al proceso de salida de la petrolera de áreas maduras de la Cuenca del Golfo San Jorge y establece una contraprestación extraordinaria para la Provincia. La sesión estuvo marcada por un extenso debate político y técnico, atravesado por dos ejes centrales: el destino de los bienes que dejará la empresa en Comodoro Rivadavia y la controversia por la liberación de responsabilidades ambientales contemplada en el convenio.
La votación reunió a 26 legisladores presentes y concluyó con mayoría del oficialismo y bloques aliados, que defendieron el acuerdo como una oportunidad para recuperar activos destinados a la ciudad, mientras que la oposición cuestionó con dureza la falta de información sobre los pasivos ambientales y advirtió que la Provincia resigna eventuales reclamos futuros contra la petrolera.
El oficialismo defendió el destino de los recursos para Comodoro. Durante la fundamentación del proyecto, la diputada Andrea Aguilera sostuvo que la aprobación legislativa cumple una doble función: habilitar jurídicamente la transferencia de las concesiones y validar la contraprestación que YPF entregará a la Provincia.
Explicó que el convenio incorpora fondos específicos, bienes muebles registrables e inmuebles, y remarcó que la negociación permitió obtener beneficios concretos para Chubut. La legisladora puso especial énfasis en que el “principio rector” de la ley es Comodoro Rivadavia.
“Los fondos derivados de la contraprestación solo podrán utilizarse para obras de infraestructura, servicios públicos y necesidades prioritarias en materia de salud, educación, seguridad, vivienda y servicios para la ciudad de Comodoro Rivadavia“.
También destacó que los vehículos incluidos en el convenio quedarán afectados exclusivamente a la Unidad Regional de Policía de Comodoro Rivadavia para fortalecer el sistema de seguridad pública.
“ES LA CIUDAD QUE LA VIO NACER”
Uno de los discursos más enfáticos fue el del diputado Gustavo Fita, quien vinculó el debate con la historia de Comodoro Rivadavia y el rol fundacional de YPF. Recordó que la ciudad nació y creció alrededor de la empresa estatal y manifestó preocupación por el futuro de las tierras que dejará la petrolera.
“Comodoro Rivadavia no es una ciudad más para YPF. Es la ciudad que la vio nacer. Es la ciudad que generó desarrollo, familias y construcción colectiva alrededor del petróleo”.
Fita cuestionó la falta de precisiones sobre el destino de cientos de hectáreas y advirtió que existen antecedentes de intentos de negocios inmobiliarios sobre esos inmuebles. “Quiero ver a quién le van a dar esas tierras“, expresó, al tiempo que sostuvo que el verdadero debate no pasa por quién administrará los predios sino por qué patrimonio quedará finalmente para la ciudad. Además, advirtió que el convenio deja interrogantes sobre el pasivo ambiental y sobre el impacto que tendrá la salida definitiva de YPF en los puestos de trabajo.
En otra línea con una mirada hacia el futuro económico de la ciudad, el diputado Daniel Casal reconoció la importancia histórica de la empresa y afirmó que su retiro representa un cambio profundo para Comodoro. “Es triste que YPF se vaya de Comodoro“, expresó, aunque consideró que ahora la discusión debe centrarse en qué recupera efectivamente la ciudad mediante este acuerdo.
Casal sostuvo que la comunidad deberá afrontar una nueva etapa productiva y pidió que la dirigencia política comience a planificar una verdadera reconversión económica. “Tenemos que empezar a hablar de otras tecnologías y de nuevas actividades, porque las nuevas operadoras cada vez tomarán menos personal. Debemos estar a la altura del momento que viene”.
LIBERACIÓN DE RESPONSABILIDAD AMBIENTAL
Las críticas más severas llegaron desde el diputado Juan Horacio País quien centró sus cuestionamientos en la cláusula cuarta del acta acuerdo. Para País, el convenio constituye “un verdadero acuerdo de liberación de responsabilidad para YPF“, al considerar que la empresa queda desvinculada de los pasivos ambientales generados durante décadas de explotación.
El legislador cuestionó que la Legislatura no recibiera previamente los informes de impacto ambiental que, según recordó, habían sido anunciados por funcionarios provinciales durante reuniones informativas. “Nos dijeron que esos informes eran públicos y que en dos minutos los íbamos a tener. Todavía los estamos esperando“.
También comparó la negociación realizada por Chubut con la llevada adelante por Santa Cruz, donde -según afirmó- la compensación económica alcanzó montos considerablemente superiores. “¿Tienen miedo de que comparemos los valores y queden en ridículo?”, planteó durante su intervención.
Además sostuvo que resulta inadmisible votar una liberación de responsabilidad ambiental sin conocer previamente el verdadero estado de los yacimientos ni la magnitud de las tareas de remediación pendientes.
En el mismo sentido se expresó la diputada Andrea Toro, quien recordó que la Legislatura no puede modificar el contenido del acta acuerdo, sino únicamente aprobarla o rechazarla.
Para la legisladora, el núcleo del problema reside precisamente en la cláusula que establece la liberación total, irrevocable y definitiva de responsabilidad para YPF respecto de los pasivos ambientales. Expuso la cláusula en la Provincia declara que no tendrá nada más que reclamarle a YPF, ni a sus directores ni accionistas, por la condición ambiental e instalaciones de las áreas comprendidas. “Más claro imposible“, sostuvo Toro al fundamentar su voto negativo.
UNA APROBACIÓN CON FUERTE IMPACTO POLÍTICO
Tras más de tres horas de debate, la Legislatura terminó aprobando el convenio por 17 votos contra 9, habilitando así la continuidad del proceso iniciado por el Gobierno provincial con YPF. La discusión dejó expuestas dos visiones claramente contrapuestas: por un lado, quienes consideran que el acuerdo permite recuperar recursos económicos, vehículos e inmuebles que deberán destinarse exclusivamente a Comodoro Rivadavia, fortaleciendo infraestructura y servicios públicos.
Y por el otro, quienes sostienen que el principal costo político y ambiental del convenio es la liberación definitiva de responsabilidades para YPF sobre los pasivos acumulados durante décadas de explotación petrolera, sin que -según denunciaron- la Legislatura haya contado con toda la información técnica necesaria para evaluar el alcance real de esa decisión.
Más allá del resultado de la votación, el debate volvió a poner en el centro de la escena el futuro de Comodoro Rivadavia en la etapa posterior a YPF, la necesidad de diversificar la matriz económica y el desafío de garantizar la remediación ambiental de una ciudad cuya historia quedó profundamente ligada a más de un siglo de actividad petrolera.
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